Amplia jornada contra el terrorismo en Cuba
Por Patricia Grogg, Fotos: Jorge Luis Baños
HAVANA TIMES, 6 oct. (IPS) — Cuba convirtió el 35 aniversario de la mortal explosión de un avión civil de bandera suya sobre las costas de Barbados en jornadas de movilización popular contra el terrorismo y reclamo de la excarcelación de cinco agentes del gobierno presos en distintas cárceles de Estados Unidos.
El estallido de una bomba en pleno vuelo de la nave de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, cuando acababa de despegar de Barbados, causó la muerte de 57 nacionales, 11 guyaneses y cinco de Corea del Norte. Desde el pasado año, la fecha se conmemora como Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado.
«He vivido marcado por este acto terrorista», dijo Camilo Rojo, nieto de una de las víctimas del caso de Barbados, al cierre de una vigilia realizada la noche de este miércoles por centenares de jóvenes en el Monte de las Banderas de la tribuna antiimperialista José Martí, situada frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Fábricas, centros de enseñanza y hospitales, entre otros, fueron escenario a lo largo de este jueves de mítines políticos de denuncia y recordación de ese sabotaje, del cual se culpa a la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba, que «ampara y financia» a organizaciones adversas al gobierno de Raúl Castro.
Casualmente, un día después de la efeméride debe salir de la prisión René González, el primero de los cinco cubanos que cumple su condena en Estados Unidos. Sin embargo, está obligado a permanecer tres años más en ese país, bajo el régimen de «libertad supervisada», lo cual las autoridades de esta isla consideran una venganza política.
Luego que abandone la cárcel, González deberá vivir ese tiempo en Florida, lo cual su esposa, Olga Salanueva calificó de castigo adicional y un riesgo para su vida, pues en el sur de ese estado estadounidense existen organizaciones terroristas. De ello «tenemos evidencias», dijo Salanueva, en entrevista publicada en el sitio web Cubadebate.
Esas pruebas «son los miles de muertos y mutilados en nuestro país por las acciones violentas, de víctimas inocentes como los deportistas del avión de Barbados o el turista italiano Fabio di Celmo. Entonces, ¿cuánto más peligro correrá un agente que está identificado como una de las personas que los monitoreaba y declarado públicamente un luchador antiterrorista?», afirmó.
Desde Estados Unidos, el Comité Nacional por la Libertad de Los Cinco coincidió con esos temores y alertó que los riesgos no pueden ser subestimados, al recordar declaraciones a la prensa del legislador por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien llamó a René González «enemigo de América» con «sangre americana en sus manos».
«Estas acusaciones completamente falsas constituyen una clara incitación a la violencia y demuestran muy claramente la necesidad de que se le permita a René retornar inmediatamente a Cuba», consideró la organización en un comunicado hecho llegar a IPS vía correo electrónico.
Según el recuento oficial, solo en 18 meses desde 1962 a 1963 se perpetraron contra Cuba más de 5.700 acciones terroristas, unas 700 de las cuales fueron contra instalaciones industriales. La Habana responsabiliza a Washington de esa política de terrorismo de Estado, que costó 3.478 víctimas fatales y 2.099 personas incapacitadas para siempre.
René y Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino fueron apresados el 12 de septiembre de 1998. Cuba los defiende como luchadores antiterroristas que viajaron a Estados Unidos desarmados y con el único propósito de vigilar la red de «grupos terroristas» adversos al gobierno cubano.
Los Cinco, como se los conoce internacionalmente, fueron acusados en Estados Unidos de conspiración para cometer espionaje, mientras que a Hernández los jueces le sumaron el delito de «conspirar para cometer asesinato». Un jurado de Miami los halló culpables de todos los cargos en 2001 y los condenó a penas que van de 15 años a doble prisión perpetua.
En contraste, el gobierno estadounidense se resiste hasta hoy a juzgar al exiliado cubano nacionalizado venezolano Luis Posada Carriles, uno de los autores del atentado contra Cubana de Aviación, «asesino confeso y terrorista en activo», comentó el diario oficial Granma en un editorial a página completa.
El periódico calificó la insistencia del gobierno de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo de «continua desvergüenza» e intento de justificar ante la opinión pública «su criminal política de agresiones».
Al respecto, analistas recordaron en ese sentido críticas como las del expresidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), quien en su visita este año a La Habana desestimó por inciertas las razones de Washington para incluir a Cuba entre las naciones que promocionan el terrorismo. «Creo que se debe sacar a Cuba de esa lista», sostuvo.
Un recuento brindado por Granma sobre la colaboración cubana en esa materia incluye un acuerdo sobre piratería aérea, marítima y otros delitos suscrito en 1973 con Estados Unidos, así como la entrega a las autoridades de ese país de información de inteligencia sobre preparativos de un plan para atentar contra el entonces presidente Ronald Reagan.
A mediados de mayo de 1998, el gobierno cubano también entregó a la administración de Bill Clinton (1993-2001) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) abundante información «documental y testimonial» sobre actividades de «terroristas en suelo norteamericano con ramificaciones en Centroamérica».
«Sin embargo, no hubo un terrorista detenido, ninguna señal de acción», reseñó el comentario editorial, según el cual tres meses después, fueron arrestados los cinco agentes cubanos, «principal fuente de aquella valiosa información y quienes evitaron con su valiente, humana y ética conducta, al servicio de una causa justa y necesaria» que hubiera más crímenes.
El gobierno cubano ha hecho a Washington ofertas de diálogo para la colaboración bilateral en problemas que incluyen el terrorismo, en varias ocasiones desde 2001, tras los atentados en Washington y Nueva York.
La última propuesta fue lanzada por el canciller Bruno Rodríguez a fines de septiembre. Hasta ahora no ha habido respuesta a esas iniciativas, según Granma.
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La culpa de que Posada Carriles no sea juzgado por terrorismo la tiene el gobierno cubano. El gobierno cubano organizó una campaña mediática masiva en Cuba acusando a Posada Carriles de terrorismo, a pesar de que tal cosa no se ha podido probar en un juicio. En otras palabras, ha hecho un juicio mediático paralelo que hace que sea imposible que Posada Carriles pueda tener un juicio justo en Cuba. Al actuar de esa manera el gobierno cubano a cargado de razón al abogado defensor de Carriles cuando dice que no se le puede conceder la extradición, ya que es imposible que Posada Carriles tenga un juicio justo en Cuba.
En otras palabras, ese crimen terrorista terrible va a quedar impune por culpa de que al gobierno cubano le interesa mas la propaganda que la justicia.