Amnistía Int.: “Ortega pretende ahogar la denuncia pública”

Detenciones arbitrarias, aprobación de leyes para acallar críticas y “muerte civil”, son tres tácticas para silenciar a la población, denuncia informe

Por Yader Luna (Confidencial)

HAVANA TIMES – El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha “perfeccionado su aparato represivo” a través de “una serie de tácticas sofisticadas” para silenciar “a cualquier precio” cualquier crítica o demanda social, denuncia informe de Amnistía Internacional (AI).

Desde el 2018, cuando estalló la Rebelión de Abril, las autoridades de Nicaragua “se han dedicado a erradicar” el activismo y la defensa de los derechos humanos, según el informe “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua” que detalla tres formas “para ahogar la denuncia pública”: detenciones arbitrarias, aprobación de leyes para acallar las críticas y la “muerte civil”.

“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional durante la presentación del informe.

Poder Judicial, “una de sus armas favoritas”

El régimen Ortega-Murillo está “librando una batalla contra quienes critican sus políticas” y el Poder Judicial “parece ser una de sus armas favoritas”, afirma el documento del organismo.

Desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias, donde las fuerzas de seguridad ignoraron garantías básicas como el respeto a la presunción de inocencia, el acceso a información detallada sobre la acusación que se formula, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que, entre abril de 2018 y octubre de 2020, 1614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones. Hoy más de cien continúan en las cárceles de Nicaragua, lamentó la comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH durante la presentación del informe.

“La crisis se agrava en Nicaragua y aunque hay una evidente acción planificada del Gobierno de Nicaragua para producir una sensación de que todo está normal, la realidad es otra y este documento de Amnistía recoge tres patrones centrales que evidencian que la crisis de derechos humanos persiste en el país”, manifestó.

El informe indica que “abogados y abogadas que representan a decenas de personas encarceladas por su activismo dicen que actualmente los crímenes que más frecuentemente se les imputan a quienes son vistas como opositoras al Gobierno incluyen la extorsión y el tráfico de drogas” lo que busca “dañar la reputación” de estas personas.

Buscan callar a la población

De acuerdo a Amnistía Internacional el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes Legislativo y Judicial, “para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones”.

El organismo identificó la aprobación de leyes punitivas que castigan a las organizaciones de la sociedad civil, ponen en riesgo el ejercicio de derechos civiles y políticos y anulan la forma de ir a elecciones limpias y transparentes como una de las nuevas formas de acallar las voces críticas.

Desde octubre de 2020, el régimen “inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión”. Entre estas leyes están la Ley de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos.

“Lo que aprobaron son instrumentos de represión para dar la forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo en contra de los derechos humanos”, declaró durante el evento la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Núñez lamentó que “estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia” con el incremento de asedios, amenazas, persecución y encarcelamientos.

Al respecto, la comisionada Urrejola de la CIDH apuntó que la aprobación de este paquete de leyes está destinada a “dotar de apariencia legal” las medidas represivas del Gobierno contra los opositores.

“Esta batería de leyes confirman la instalación de un ambiente que pretende ser controlado, más que férreamente en este año electoral en Nicaragua, pero ello también tiene el enorme riesgo de la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, mencionó.

Instalan “muerte civil”

El informe denuncia el acoso que viven opositores excarcelados y sus familias pues se les “impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad”.

Para Astrid Valencia, investigadora para Nicaragua de Amnistía Internacional, el Gobierno de los Ortega-Murillo supera cualquier predicción, pues el número de víctimas “se siguen sumando”.

“El Gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social”, advirtió Valencia.

Amnistía Internacional lamenta que los opositores “sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la Policía, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el Gobierno”.

“Las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas o calificativos de ‘golpistas’ y ataques o daños a sus patrimonios y fuentes de ingreso”, resume el informe.

Al constante hostigamiento y represión “se suma la vulnerabilidad e incertidumbre jurídica con la que viven a diario”, detalla el informe pues han conocido “que al menos 30 de las personas que permanecían privadas de la libertad en noviembre de 2020 eran personas que habían sido excarceladas y luego detenidas nuevamente”.

El documento de Amnistía, que se finalizó en noviembre de 2020, está basado en 18 entrevistas realizadas vía telefónica, a causa de las restricciones al movimiento por la pandemia de covid-19, en la revisión de expedientes judiciales, el análisis de las nuevas leyes aprobadas por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, informes de organismos internacionales e información periodística.

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