Amnistía acusa al gobierno de Cuba de acoso a la disidencia

Fernando Ravsberg 

Miriam Leiva periodista independiente cree que la estrategia del gobierno busca evitar la conmoción internacional que ocurre con las largas condenas. Foto: Raquel Pérez

HAVANA TIMES, 23 mar — La organización Amnistía Internacional (AI) denunció a Cuba por “el acoso y las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros de toda Cuba, que han experimentado un brusco aumento en los últimos 24 meses”.

Los disidentes cubanos creen que las detenciones de corta duración son una nueva estrategia del gobierno para impedir que la oposición se manifieste en las calles, incluyendo a las Damas de Blanco que protestan cada domingo en La Habana.

AI afirma que, tras la liberación de presos de conciencia del 2010, “las autoridades agudizan su estrategia de silenciar a la disidencia mediante el acoso a activistas y periodistas, a los que se somete a detenciones breves y actos públicos de repudio”.

El gobierno cubano considera a los disidentes como mercenarios al servicio de Washington pero,  cuando BBC Mundo solicitó conocer la versión oficial, respondieron -como es habitual- que no habría comentarios al respecto.

Detenciones breves 

El informe de AI asegura que “en Cuba, las críticas al gobierno no se toleran, y se castigan sistemáticamente con detenciones breves y arbitrarias, “actos de repudio” (…), intimidación, acoso y procesamientos penales de motivación política”.

Miriam Leiva -periodista disidente y Dama de Blanco hasta el 2008-  nos explicó que “el gobierno ha optado por detenciones de corto tiempo para evitar la conmoción internacional que tuvieron los juicios del 2003 con condenas de 20 y 30 años”.

El líder disidente Hector Palacios asegura que la cúpula de la Iglesia Católica actuó de forma bochornosa cuando pidió que la policía sacara a los disidentes de los templos. Foto: Raquel Pérez

El líder disidente Hector Palacios asegura que la cúpula de la Iglesia Católica actuó de forma bochornosa cuando pidió que la policía sacara a los disidentes de los templos. Foto: Raquel Pérez

“Es evidente que el gobierno no quiere ninguna actividad política en la calle porque la situación es bastante tensa y hay mucho disgusto en la población”, nos explica Miriam, esposa del economista Oscar Espinosa, uno de los condenados en aquellos juicios.

El dirigente opositor Hector Palacios sostiene que “esto indica que el gobierno sigue cerrándose ante los reclamos, porque las Damas de Blanco continúan haciendo lo mismo que hacían antes y viste con que brutalidad las trataron”.

Agrega que a esto se suma “el Cardenal y la cúpula católica que han caído en la trampa facilitando esta situación tan bochornosa que fue mandar a la policía para sacar del templo a personas que van a pedirle a la Virgen que la situación del país cambie”.

Palacios se refiere a la ocupación de varias iglesias católicas por grupos de disidentes hace una semana. Tras la negativa de abandonar los templos, el Cardenal Jaime Ortega pidió a las autoridades que los desalojaran.

Nuevos prisioneros de conciencia 

Amnistía denuncia miles de detenciones arbitrarias de corta duración pero las fuentes en que sostiene la investigación manejan diferente cifras, que oscilan entre las 2700 y las 3800. Así mismo habla de palizas a los detenidos pero no cita ningún caso en concreto.

Las Damas de Blanco fueron toleradas por el gobierno gracias a la mediación de la Iglesia pero volvieron a ser hostigadas después de la liberación de sus esposos en el 2010. Foto: Raquel Pérez

La organización acogió como prisioneros de conciencia a 8 personas, las primeras después de la liberación masiva del 2010. Reclama su inmediata e incondicional puesta en libertad, dado que fueron detenidos por “su ejercicio pacífico de la libertad de expresión”.

Las Damas de Blanco fueron toleradas por el gobierno gracias a la mediación de la Iglesia pero volvieron a ser hostigadas después de la liberación de sus esposos en el 2010. Foto: Raquel Pérez

Exigen también que cesen el acoso y la persecución contra activistas de DDHH, periodistas independientes y críticos del gobierno y que no se detenga a nadie “por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión”.

Demandan el fin de las Brigadas de Respuesta Rápida y de los actos de repudio contra las personas que expresan opiniones contrarias al gobierno y piden que “reformen la legislación que limita indebidamente el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación”.

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