América Central es tierra fecunda para la trata de personas

Por Edgardo Ayala  (IPS)

HAVANA TIMES – La empobrecida América Central, con fuerte presencia de pandillas, expulsora y tránsito frecuente de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, es una zona donde ha echado raíces la trata de personas, el tercer delito más lucrativo en el mundo.

Esas características han permitido que el fenómeno de la trata en la región, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador esté presente desde hace décadas, y cada vez más exige un esfuerzo conjunto de los Estados, para desbaratar policialmente las bandas criminales dedicadas a la trata y también para ofrecer programas de apoyo a las víctimas.

El fenómeno “ha tenido mayor visibilidad en los últimos años, pero no se ha avanzado mucho en la parte de atención más directa a las víctimas”, dijo a IPS la religiosa católica Carmela Jibaja, de la Red Ramá contra la Trata de Personas.

Esa organización civil centroamericana integra la Red Internacional contra la Trata de Personas Talita Kum, con sede en Roma, que aglutina a 58 agrupaciones de organizaciones contra ese delito en todo el mundo.

Jibaja señaló que, “el mayor problema (de trata) se da en las fronteras, porque El Salvador es país de expulsión de migrantes”, así como en centros turísticos. La modalidad más reconocida en la región es la explotación sexual y tiene como víctimas a mujeres.

En ello concuerda Carlos Morán, oficial de seguridad de la Interpol y miembro de la Unidad de Cibercrimen de la policía de Honduras.

“Sabemos que en El Salvador, Honduras y Guatemala son países de mucho tránsito de personas que viajan de forma irregular y eso los pone en riesgo de ser víctimas de trata”, dijo Morán a IPS durante su participación en un foro regional sobre el problema, que ha acogido San Salvador desde el lunes 4 y hasta el 8 de noviembre.

Fiscales, agentes policiales, funcionarios, especialistas y representantes de organizaciones sociales de América Central participan entre el 4 y 8 de noviembre en un seminario especial sobre la trata de personas con el fin de identificar y coordinar esfuerzos conjuntos contra un crimen vergonzoso. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

El “Seminario regional sobre técnicas de investigación y protección de víctimas de trata de personas” ha reunido a funcionarios de los Ministerios Públicos (fiscalías), agentes policiales, juristas y otros actores clave y expertos de Guatemala, El Salvador y Honduras,  los países que conforman el llamado Triángulo Norte Centroamericano.

El objetivo es el de fortalecer las capacidades y las buenas prácticas en la investigación del delito de la trata, en especial cuando el delito tiene carácter transnacional.

Morán y otros participantes en el encuentro declinaron hablar de cifras sobre el alcance del delito en la región centroamericana, por la ausencia de datos confiables consolidados.

Sociedad civil en apoyo a víctimas

En los países del Triángulo Norte existen esfuerzos gubernamentales por desarrollar programas de atención a las víctimas, pero resultan insuficientes y las organizaciones de la sociedad civil han debido asumir ese reto.

“El problema es grave, porque nos enfrentamos a redes con mucha capacidad económica y política, y no se protege a la víctima”, ni hay muchos programas de reinserción, explicó a IPS la directora ejecutiva de la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas (AS Mujeres), Mirna Argueta.

Esa organización trabaja desde 1996 con víctimas de trata, ofreciendo apoyo sicológico y médico, y es además una aliada importante de la Fiscalía General de la República en la labor de protección de víctimas.

AS Mujeres colabora con la policía y los fiscales cuando se necesita trasladar a víctimas de un lugar a otro, de la manera más sigilosa posible, sobre todo cuando los casos judiciales contra redes del crimen organizado aún están en proceso.

En el pasado también ha ofrecido albergue a mujeres que han sufrido ese delito, pero ahora eso lo hace la fiscalía, aseguró Argueta, quien además es coordinadora en El Salvador del Observatorio Latinoamericana sobre Trata y Tráfico de Personas, que aglutina a 15 países.

El programa de atención de AS Mujeres incluye, además de la asistencia sicológica, la parte médica, pero incorporando técnicas no tradicionales como el biomagnetismo, realizadas por una médica especializada en esa área, así como la revitalización corporal por medio de masajes y la aromaterapia.

“La experiencia nos ha demostrado que con la combinación de esas tres técnicas la recuperación es más efectiva, la atención es más integral”, acotó Argueta.

Añadió que desde que inició el programa, en 1996, han acogido en el programa a unas 600 mujeres víctimas de trata.

Actualmente ofrecen ese tipo de apoyo a cinco, a las que IPS no pudo tener acceso porque están bajo protección legal y la divulgación de sus nombres o proporcionar algún número de teléfono de ellas trae consecuencias penales.

Por esa misma razón la fiscalía del país también vetó el realizar entrevistas a víctimas bajo su protección.

AS Mujeres también impulsa la red de autocuidado.

“Cuando la víctima ha superado diferentes etapas, la integramos con otras mujeres y pueden compartir esa experiencia, para que sea menos dolorosa, y que la ayude a reinsertarse”, agregó Argueta.

Dijo que muchas creen que ya están “dañadas”, desvalorizadas, y “ellas mismas van a prostituirse”.

La duración del programa de ayuda puede durar de seis meses a dos años y medio, dependiendo de la complejidad de cada caso. Por ejemplo, hay mujeres con agudos problemas de depresión, ideas suicidas y delirios de persecución.

Según cifras de la oficina de las Naciones Unidas en Honduras, divulgadas en julio,  80 por ciento de las víctimas de trata de personas en América Central son mujeres y niñas.

En El Salvador, 90 por ciento de los casos se dan en la modalidad de explotación sexual, según cifras oficiales de la fiscalía suministradas durante el foro regional en San Salvador.

Sin embargo, se han detectado los otros tipos de trata, como explotación laboral, mendicidad y otros.

Mirna Argueta (I), directora ejecutiva de la Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas, y la religiosa católica Carmela Jibaja, de la centroamericana Red Ramá contra la Trata de Personas, dos activistas que trabajan para brindar atención a víctimas de trata, que en esta parte del mundo son en su mayoría mujeres. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

En lo que va del año, la fiscalía ha reportado 800 víctimas, casos que aún siguen abiertos.

En Guatemala, en 2018 el Ministerio Público detectó 478 posibles víctimas de trata de personas, cuatro por ciento más que el año anterior. Las denuncias concretadas fueron 276, un incremento también de cuatro por ciento.

La niñez y adolescencia continúan en una situación de vulnerabilidad ante la trata, ya que fueron detectados 132 niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de trata de personas, 28 por ciento del total, de los que se lograron rescatar 111.

La modalidad del delito contra esas víctimas fue la adopción irregular, explotación laboral, matrimonio forzoso o servil, mendicidad forzosa, explotación sexual y trabajo o servicios forzados. Pero el más invisibilizado, subraya la fiscalía, es el del reclutamiento de menores de edad para el crimen organizado.

Pandillas entran en la trata

Especialistas consultados por IPS destacan que muchos de los casos de trata son producto de una modalidad relativamente nueva, en la que intervienen las pandillas, responsables de la ola delictiva que viven los tres países del Triángulo del Norte.

Las pandillas han mutado a verdaderos grupos del crimen organizado, con tentáculos en el comercio ilícito de drogas, extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y ahora trata de personas, entre otros.

En El Salvador, es común escuchar historias en barrios y pueblos controlados por las pandillas sobre jovencitas que son “pedidas” por algún líder de esas bandas para provecharse sexualmente de ellas, tanto él como otros miembros del clan, y que las familias aceptan entregársela porque saben que pueden ser asesinados de no hacerlo.

Pero no es solo eso. Los pandilleros obligan a sus víctimas a prestar servicios sexuales con fines lucrativos, lo que aumenta el caso de trata.

Cifras oficiales del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que aglutina a todas las instancias de Estado para enfrentar el flagelo, señalaron que en 2018 hubo 46 víctimas confirmadas, 43 investigaciones policiales y 38 procesos judiciales.

De esos juicios, hubo cuatro condenas y dos absoluciones, el resto aún están en los tribunales del país, según el Informe de Labores 2018 del Consejo.

El documento también reportó que, como parte de la atención a las víctimas, se las apoyó con programas de emprendimiento, así como medidas de reparación integral a familias de niñas y adolescentes del albergue especializado.

Se coordinó además acciones de equipos de respuesta inmediata, para la atención a víctimas, nacionales y extranjeras.

El Salvador es parte de La Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

En Honduras también se ha dado ese tipo de apoyos para la reinserción productiva, entregando capital semilla para que se monten pequeños negocios de bisutería, entre otros, contó Morán, el oficial de la Interpol.

En ese país, al menos 337 personas han sido rescatadas entre 2018 y lo que va de 2019, de ellas 13 fueron localizadas en Belice y Guatemala, según un informe de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas en el país.

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Víctimas dentro del país o región

En su Informe Global sobre la Trata 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) enfatiza que “al contrario de la percepción general de que la trata de personas implica un tránsito internacional, una característica del fenómeno es que suele afectar mayoritariamente a las víctimas en sus propios países o regiones de origen”.

Precisa que América Latina refleja la tendencia global. “En Centroamérica y el Caribe,  75 por ciento de las víctimas es identificado en su propio país o en la misma subregión. En Suramérica, esta cifra asciende incluso a 93 por ciento”.

La ONUDD, también conocida como UNODC, su sigla en inglés, puntualiza que la trata y tráfico de personas son delitos diferentes. En el primero, la víctima es involuntaria e incluye la captación, traslado (dentro o fuera del país) o recepción de personas bajo coacción, engaño o uso de la fuerza, para su explotación laboral o sexual.

El tráfico ilícito cuenta con el consentimiento de las víctimas, es siempre transnacional y consiste en el traslado ilegal de personas de un país a otro, en general en condiciones degradantes y peligrosas, a cambio de un beneficio financiero. Pero acaba al llegar la víctima al destino, sin explotación persistente posterior.



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