A propósito de las medidas para más producción de alimentos
By Miguel Alejandro Hayes Martinez (El Toque)
HAVANA TIMES – “Sembrando ideas se construye el futuro», dice un cartel en una sede territorial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap). Parecería que, a través del eslogan, hablara el inconsciente de instituciones y organizaciones estatales: la frase sintetiza precisamente el enfoque que le dan a la producción de alimentos. Si la Anap está por la siembra de ideas, ¿quién promueve la de las semillas?
Las medidas
En abril de 2021 el Gobierno cubano aprobó un conjunto de 63 medidas económicas (algunas para aplicación inmediata), para darle cuerpo a una política de promoción de los niveles de producción nacional de alimentos y el autoabastecimiento. Se trataba, de nuevo, de una respuesta tardía a un problema anunciado: la escasez de alimentos (suboferta) y, por tanto, a la inflación generada en este sector, cuyo efecto se derramó sobre toda la economía.
Para el universo agropecuario, las medidas se centraban en:
- Abaratar costos de producción y reducir la carga tributaria. Los precios de la electricidad y el agua subieron significativamente a partir de la aplicación del Ordenamiento Monetario. Su efecto sería un encarecimiento de las producciones que, combinado con los topes de precios, resultaría en un desincentivo a la producción. Además, había impuestos de distinto tipo como carga excesiva. La respuesta al problema creado por el Ordenamiento (reformas económicas) fue aplicar reducción de tarifas de electricidad y agua a productores, y reducir impuestos.
- Permitir a los productores precios de venta más altos. Los productores deben responder al encargo estatal, el cual impone precios y cantidades a entregar. Estos precios suelen ser bajos. Se suma el hecho de que el Gobierno también ha tenido, con intervalos, topes a sus precios a clientes privados. La solución, para el Estado como cliente, fue subir algunos precios, como el de la leche.
- Otorgar libertades económicas elementales. Todavía la dirección del país discute si los agricultores pueden gestionarse a sí mismos. La realización de contratos directos entre productores e instituciones estatales aún no es una práctica generalizada. Tampoco lo es un número significativo de operaciones «naturales» en el mercado, como la contratación sin intermediarios entre productor e industria láctea, o que los productores puedan comprar directamente a los suministradores de los insumos agrícolas o el sacrificio de una vaca para vender su carne sin obstáculo alguno. Las autoridades que impulsaron la medida hablaron de eliminar trabas, entre las que están algunas de las mencionadas anteriormente.
- La promesa del cumplimiento de pagos. Los encargos estatales se caracterizan por el incumplimiento de pagos en el período previsto, sumado a que la falta de acceso a la moneda libremente convertible (MLC) restringe el acceso a insumos. Para ello, el Gobierno propuso que Acopio tuviera que pagar más al incumplir los pagos en tiempo, y exhortó a cumplir los pagos.
- Financiar, con fuentes estatales, la inversión. Durante años, la falta de un mecanismo que permita el acceso a fuentes de financiamiento para inversiones, como son los créditos de inversión, ha obligado a los actores privados de la economía a recurrir a ahorros personales. Esto es un esquema de inversión contrario al desarrollo de ciclos de valorización, tanto en la obra de Marx como en la de cualquier economista. La consecuencia ha sido la insuficiente inversión, acompañada de métodos no convenientes para la salud de una rama de la producción, como el financiamiento de terceros sin respaldo legal, sean extranjeros o nacionales. El Gobierno aseguró que esta ausencia la cubriría con fondos de inversión, para que los bancos otorgaran créditos.
Los resultados
Seis meses después, las autoridades del país han comenzado, de cierta manera, a comunicar los resultados. Así se aprecia en las reuniones realizadas hasta ahora para evaluar el desempeño de las medidas, que, según las propias autoridades, han tenido la siguiente puesta en práctica:
1.No se han terminado de realizar los contratos de electricidad, gas y agua. Los dirigentes partidistas han instado a apresurar el proceso, y a los cuadros a ser más activos.
2.Se elevó el precio que paga el Estado por productos como la leche. Esto aún ha tenido poco alcance. Los dirigentes partidistas han instado a seguir perfeccionando el mecanismo y a los cuadros a ser más activos.
3.Continúa existiendo un mecanismo burocrático para poder sacrificar ganado mayor y vender su carne. Los productores continúan careciendo de insumos. Los dirigentes partidistas han insistido e instado a las autoridades a apresurar todos los procesos de eliminación de intermediarios, y a los cuadros a ser más activos.
4.Antes de iniciar la aplicación de las medidas, había impagos a alrededor de 43 mil productores. Los impagos continúan. En provincias como Holguín no hay tarjetas magnéticas para realizarlos. Los dirigentes partidistas han exhortado a resolver este problema, e instado a los cuadros a ser más activos.
5.La Banca de Fomento Agrícola en Villa Clara, por ejemplo, solo ha otorgado un crédito. Los dirigentes partidistas han llamado a los futuros productores a animarse a acceder a los créditos, y a los cuadros a ser más activos.
Los resultados generales no difieren de los de las partes. Las autoridades han reconocido que:
Los niveles de producción son, hasta el momento, muy inferiores a lo previsto.
Holguín es la provincia de mayor cantidad de productores del país; sin embargo, tiene un altísimo número de tierras ociosas; esto da una idea de la situación en el resto del país.
En Las Tunas se han sacrificado menos de 300 reses, de las más de 600 que estaba previsto fueran sacrificadas para la provincia este año. Hay provincias con peores indicadores.
La situación de la carne de res es crítica, dijo Sobrino, el ministro de la Industria Alimentaria.
Por otro lado, la realidad vivida por millones de cubanos no necesita ser certificada por el discurso oficial. La salud de la economía de un país se mide por el poder adquisitivo del salario de sus trabajadores. No ha habido impacto positivo de las medidas, cuando la escasez y los altos precios continúan. La oferta es insuficiente, y así lo demuestran las largas colas en todo el país. La inflación anunciada oficialmente es el colofón de cuánto pudo contener dicha medida el efecto negativo del Ordenamiento (y la crisis sistémica) a partir de un efectivo aumento de la producción.
Evaluación de las medidas
En su estado ideal, las medidas se han basado, de manera artificial, en regular los costos de producción y precios de venta, así como en autorizar la aparición de mecanismos normalizados en el mercado, de probada eficiencia: la selección de proveedores, de compradores, de esquemas óptimos como la venta directa, la negociación de precios, entre otros. Es decir, de manera aún limitada, se ha tratado de permitir un poco a los agentes económicos que hagan lo que se hace en el mercado: negociar y tomar decisiones a partir de los incentivos que se tengan.
Como resultado, los actores económicos no han generado por sí mismos los mecanismos para un despegue productivo. Por ejemplo, el banco de fomento agrícola ha tenido poco efecto sobre la producción, prueba de que no ofrece a los productores un esquema atractivo que, a la par, beneficie al propio banco y sus trabajadores. Mientras, parte del discurso no escrito (aunque sí dicho en voz alta) apuesta por solucionar la ineficacia de las 63 medidas con la capacidad negociadora del cuadro, nada menos que el sujeto económico formado en Cuba para hacer lo inverso a la negociación: orientar.
Sin embargo, ningún modelo de política económica consiste en que se garantice un mínimo de libertades a los agentes económicos (libertades que nunca debieron estar ausentes) y que el funcionamiento del mercado (compra-venta) dependa de la capacidad de un comisario político para motivar a los agentes económicos a que se encuentren e intercambien comercialmente. Ninguna teoría económica seria hace que el mercado exista por el entusiasmo que pueda transmitir un ente externo al mercado.
En una sociedad moderna, un modelo de política económica, aun cuando redefina las libertades de los diferentes actores, de lo que trata es de generar los incentivos para lograr el objetivo previsto (ninguno es la exhortación). Para ello, además, define quiénes son los actores encargados de buscar y hacer entrar en escena esos incentivos, así como los plazos de cumplimiento y muchas otras variables.
Por tanto, estamos ante medidas cuya naturaleza poco tienen que ver con la teoría económica. La naturaleza de unas medidas en las que el papel más activo recae sobre una autoridad política solo puede ser de ideología.
Luego, se puede decir que estamos ante un modelo político, no un modelo pensado hacia una meta económica. La meta sigue siendo mantener intactas determinadas relaciones de poder.
Ante la crisis alimentaria, en lugar de aplicar una política económica como tal, el Gobierno lanzó una serie de medidas, en las que se confunde permitir con incentivar, estimular y fomentar. La respuesta que demanda la situación actual no es que el poder político les dé permiso y ánimo a los actores económicos.
Sería impreciso plantear una fórmula exacta para solucionar los problemas; sin embargo, es posible afirmar que, para generar incentivos para los actuales y futuros productores, la primera condición sería conocer directamente de ellos qué los incentiva. Se ha demostrado que las medidas aplicadas no son los incentivos que ellos están esperando.