22 años de desastre ambiental y sanitario en un pueblo de Perú
HAVANA TIMES – “No estamos pidiendo dinero sino nuestra salud, vida digna”, es el clamor de la población de Choropampa, que continuamente escucha la abogada Milagros Pérez 22 años después del desastre ambiental ocurrido en ese pueblo ubicado en el departamento de Cajamarca, en el norte andino de Perú, la tarde del 2 de junio del 2000.
Aquel día, el camión de transporte contratado por la compañía Minera Yanococha perdió 150 kilogramos de mercurio en su recorrido hacia la capital de Lima, dejando una estela brillante en unos 40 kilómetros de la carretera que cruza Choropampa, a casi 3000 metros de altura que ahora tiene unos 2700 habitantes
La empresa, propiedad en 95 % de una compañía estadounidense, se instaló en 1993 a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca y situó su actividad entre los 3400 y 4200 metros sobre el nivel del mar. Yanocha (laguna negra, en quechua) se considera la mayor mina de oro de América del Sur y la segunda del mundo, aunque su producción es declinante.
Los niños y la mayor parte de la población tomaron las gotitas luminosas esparcidas por la tierra y en los días siguientes, atendiendo a un llamado de la minera que anunció la compra del material, lo recogieron con sus propias manos sin saber de su alta toxicidad y que esa exposición les afectaría de por vida.
Antes del desastre, el pueblo era conocido por su variada producción agrícola, una actividad que junto con el comercio y la ganadería permitían a los campesinos y campesinas de Choropampa sustentarse en un contexto de pobreza.
Esa pobreza se incrementó tras el derrame de mercurio, ante la indiferencia de las autoridades y de la minera que nunca reconoció la magnitud de los daños ocasionados.
Derechos vulnerados
Un informe del mismo año 2000 de la autónoma Defensoría del Pueblo llegó a la conclusión de que del total de mercurio esparcido se recuperaron 49,1 kilos, mientras que 17,4 se quedaron en los suelos, 21,2 se mantuvieron en estado de evaporación y 63,3 no se habían logrado recuperar.
Ese organismo estatal también cuestionó el accionar de las autoridades estatales y el de la minera, refiriéndose entre otros aspecto al hecho de haber promovido acuerdos extrajudiciales con las personas afectadas, que incluían cláusulas que les prohibían iniciar cualquier denuncia o demanda contra la empresa, y que “vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela judicial efectiva de los afectados”.
A 22 años de lo ocurrido, Choropampa, languidece sin atención a sus demandas de reparación y acceso a justicia. Pérez, abogada en el no gubernamental Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), con sede en Cajamarca, indicó en una entrevista con IPS que son evidentes las afectaciones sobre al territorio y a la salud de las personas.
Explicó que pese al silencio con que se intentó envolver el derrame, el hecho se difundió lo suficiente para que el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000)se viese obligado a prometer “investigación, sanción y reparación” aunque no lo cumplió.
En una realidad de pobreza y falta de oportunidades, la empresa minera se aprovechó de la buena voluntad de las mujeres y hombres y llegó a acuerdos de indemnización con parte de ellos a cambio de su silencio. Hubo también acuerdos de reparación colectiva como la construcción de una plaza en la ciudad, pero nada que en realidad contribuyese a remediar y atender los daños causados a las personas, sostienen expertos y activistas.
Por ejemplo la minera se comprometió con un plan privado de salud para las personas afectadas, pero terminó “en una burla”.
“Les dan pastillas para el dolor y nada más, a personas afectadas por mercurio, mientras cada día se les hace más difícil sostener sus hogares y asisten a dramáticas situaciones de pérdida de visión, descalcificación, malformaciones en los huesos, irritaciones permanentes a la piel, lo que definitivamente les impide seguir trabajando en sus tierras y llevar la vida que tenían antes”, dijo Pérez.
Las mujeres, víctimas especiales
La abogada de Grufides afirmó que hay también un impacto adicional que permanece en la oscuridad hasta ahora.
“Si bien la población tiene de manera general daños en las córneas, en el sistema nervioso, sistema digestivo, en la piel, malformaciones en los huesos, hemos advertido situaciones particulares en las mujeres relacionadas con su capacidad reproductiva como son los partos prematuros, abortos, esterilidad y nacimientos de fetos con malformaciones, que no han sido investigados”, reveló.
Pérez cuestionó que hasta la fecha la población afectada continúa sin una atención especializada, con acceso solo a una posta de salud que cuenta con un médico general y tres enfermeras, sin capacidad de responder a las dolencias específicas por efecto de la contaminación con metales pesados como el mercurio.
“En esa situación se inscribe lo que viven las mujeres, afectaciones que iniciaron en el año dos mil después del derrame según los testimonios que hemos venido recogiendo, pero que necesitan de un diagnóstico de salud especializado, algo tan básico como eso, para poder empezar a remediar los daños”, puntualizó desde la capital departamental.
Pérez también mencionó los efectos en la salud mental de las mujeres y su rol cuidador como un aspecto colateral no evidenciado hasta ahora de esta tragedia.
Recordó como ejemplo a Juana Martínez, quien es conocida por su defensa de los derechos de la población y que por lo mismo ha sido amenazada y difamada por personas no identificadas.
“Yo le digo, Juanita, tú no te mueres porque todo el mundo te necesita, eso te mantiene viva; porque producto de la contaminación se le murió la hermana, la suegra, la cuñada. Hay una cadena de contaminación, el problema es mucho más grande y están traspasando generaciones, pero no lo quieren estudiar”, dijo.
IPS intentó comunicarse con Martínez, pero no fue posible por residir en una zona alejada del pueblo, donde no llega la señal de telefonía móvil.
Con voz en tribunal ético internacional
Denisse Chávez, una activista ecofeminista, anunció a IPS que el caso de las mujeres de Choropampa afectadas por el derrame de mercurio, será uno de los que se presentarán en el III Tribunal Internacional de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas-Andinas, que se realizará el 30 de julio del 2022 en la ciudad amazónica brasileña de Belem do Pará.
Este tribunal es una de las acciones emblemáticas que se desarrollarán en el marco del X Foro Social Panamazónico que con el lema “tejiendo esperanza en el Amazonas” reunirá en sus cuatro días de desarrollo a unas 5000 personas de los diferentes países de la cuenca amazónica interesados en articular acciones en defensa de la naturaleza y de este territorio.
Chávez, integrante del grupo impulsor del tribunal que también conforman activistas feministas y de derechos humanos de Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, denunció que son 22 años de ausencia en que el Estado peruano no ha logrado que la empresa resarza los daños generados en la población ni visibilizado los impactos en las mujeres, propios de su condición de género.
“Choropampa es una zona alejada de la ciudad y con una población altamente vulnerable, con altos índices de pobreza y analfabetismo. En estas más de dos décadas ningún gobierno se ha interesado por resolver los problemas mientras la empresa minera continua ofreciendo soluciones de manera individual, lo que es un acto muy violento ya que se ofrece dinero para que la gente no hable”, agregó.
Explicó que con su presencia en el tribunal el caso tendrá visibilidad internacional, al igual que otros de Brasil, Colombia y Ecuador, que “tienen en común la afectación que causan las actividades económicas extractivas en la vida de nuestros pueblos y especialmente en los cuerpos de las mujeres, sobre lo que todavía no se toma conciencia ni reflexión”.
El tribunal, de carácter ético y simbólico, emitirá una sentencia en que se precisarán las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres y las obligaciones que corresponden a los Estados y actores empresariales.
Chávez informó que este documento será alcanzando a las autoridades peruanas, tanto de Cajamarca como del nivel nacional. “No podemos permitirá la impunidad en el caso de Choropampa, seguiremos haciendo memoria”, subrayó.
Plan de intervención
En diciembre del año pasado el gobierno peruano aprobó la creación del “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”, que incluirá a las diferentes regiones cuyas poblaciones han sido perjudicadas por las actividades contaminantes.
La abogada Pérez precisa que esta decisión gubernamental es resultado de la presión de la sociedad civil y grupo afectados por metales pesados, pero pese a ello en esta primera etapa no ha sido incluido a Choropampa, pese al impacto perdurable en su población y en sus suelos.
“Se supone que es progresivo pero estaremos vigilantes de las decisiones que se tomen pues debe elaborarse un protocolo de atención y presupuestos para diagnósticos”, refirió.