La Sagrada Voluntad Popular en Cuba

Armando Chaguaceda

El venidero 25 de abril los más de 8 millones de cubanos mayores de 16 años que residen en la isla tendrán la posibilidad de elegir y ser elegidos a sus órganos municipales de Poder Popular.

Realizados cada dos años y medio, estos comicios se caracterizan por ser elemento más democrático del vertical sistema político cubano.  Selección en asambleas vecinales en base al mérito y elección mediante el voto sancionador del vecino, más ausencia de prebendas y goce de un íntimo vínculo del elegido a la comunidad y sus problemas, son ingredientes claves de ese proceso electoral. El abandono de las campañas politiqueras y la existencia de un espacio de interpelación y remoción de elegidos (asambleas de rendición de cuenta) son parte del mismo.

En este proceso, el grado de profesionalidad y compromiso de los nuevos delegados, (así se denomina a esta suerte de “vocero-gestor” barrial) depende de su cualidades personales y las del equipo que integra el Consejo Popular, demarcación territorial superior a la cuadra e inferior al municipio.

Hay ejemplos positivos de verdaderos liderazgos, beligerantes ante las instituciones, empeñados en atajar los salideros, conseguir la ruta de ómnibus, mejorar la oferta del mercado local…mejorar su comunidad. También de oportunistas repetidores de consignas o personas que confunden el mandato  popular con la vida militar y se dedican a cumplir, en exclusiva, órdenes y campañas “venidas de arriba.”

La legitimidad del delegado ha sufrido erosión por la vocación centralista del estado cubano (que le niega recursos y prerrogativas al concentrar estos en niveles superiores), por la escasa autonomía de los poderes locales (gobierno municipial y grupos comunitarios) y por la vocación intervencionista del Partido Comunista de Cuba en todos los espacios de la vida pública.

No importa que la legislación vete su injerencia en los procesos del Poder Popular….en ocasiones los núcleos zonales del PCC, integrados por ancianos de probada fidelidad a la Revolución, reciben “órdenes misteriosas” de promover el voto por un candidato. En otros casos se trata de inducir, previamente, a las Comisiones de Candidatura, conformadas por las Organizaciones de Masas, a vetar alguna propuesta salida de las bases, a partir de una supuesta “confiablilidad ideológica.”

Pese a ser una violación de la legalidad, este hecho demuestra que quedan espacios donde la burocracia no se ha atrevido, so pena de perder legitimidad, a imponer directamente su lógica instrumental, distorsionando el poder popular.

Desde mi infancia, nuestra familia siempre ha ocupado sitio voluntario en las mesas electorales del barrio; personalmente, al arribar a la edad permitida, he participado en los procesos electorales y en la apertura de urnas previa al inicio y cierre de la jornada electoral.  En dos ocasiones conocí de intentos injerencistas sobre la candidatura popular; en una de ellas fue impedido, con valiente y callado civismo, por los miembros de la comisión.

Pero es previsible que, con el aumento de la apatía ciudadana, se apele a formas de compulsión que van desde la propia convocatoria a las cada vez más anémicas asambleas de nominación, hasta la mayor injerencia del aparato partidario y los órganos del orden interior encargados de evitar la participación de candidatos de la oposición política de derechas, vinculada a los intereses estadounidenses.

Ahora cuando miembros de un denominado Partido Liberal de la República de Cuba (PLRC) anuncian su intención de presentar 50 candidatos a las elecciones,  es previsible la reacción de órganos políticos sobre la vecindad.

Si el deseo es obtener cambios respetando la legislación vigente no habrían hecho semejante anuncio.  Si la idea es provocar los poderes del estado y lanzar, con ello, un show mediático, resulta evidente que optaron por una buena estrategia.

De suceder tales actos (candidatura y coacción) estaremos en presencia de acciones violatorias de la legalidad socialista, que excluye los partidos del proceso electoral.

Mantener fuera a ambos partidismos, oficial y disidente, y evitar la injerencia policíaca en la comunidad, no es solo una muestra de respeto a la voluntad ciudadana y  a la legitimidad de –quizás- el único espacio donde  la participación popular  deviene aún protagonismo  (y no mero adorno) en la nación.

Es también coherencia con lo expresado por Ricardo Alarcón y Fidel Castro en numerosos discursos y entrevistas: que en Cuba hay elecciones sin partidos, sin barreras y con total respeto a voluntad popular. Otra cosa sería una burla al “fortalecimiento de la institucionalidad” declarado, por el gobierno de Raúl Castro, como prioridad…. esperemos el desenlace.