Yo fui testigo en el juicio contra Luis Manuel Otero
Por Julio Llópiz-Casal (El Estornudo)
HAVANA TIMES – Los tribunales en Cuba son lugares donde se administra el castigo. La justicia se concibe como garante de un orden de cosas cuyo cuestionamiento está penalizado, de uno u otro modo, por principio gubernamental. El juicio contra el artivista Luis Manuel Otero, celebrado los días 30 y 31 de mayo último, me pareció justamente eso: la administración de un paquete punitivo que aspira a privarlo por años de su libertad individual.[1] Ha implicado una serie de maltratos y vulneraciones de derechos, en primer lugar, porque a lo largo de todo el proceso —incluido casi un año de injustificada prisión preventiva— él ha sido tratado como un vándalo más y no como el artista visual que es. La ley en Cuba es un catalizador-inhibidor que acelera o ralentiza la fabricación de un «delincuente», según determinadas relaciones de conveniencia.
Yo no iba a ser testigo de la defensa en el juicio contra Luis Manuel Otero.
Yanelis Nuñez, curadora, investigadora y miembro del Movimiento San Isidro radicada en Madrid, me contactó el 19 de mayo y me pidió que sustituyera a alguien que ya no podría testificar debido a un asunto de salud. Acepté con gusto. El otro testigo sería el artista visual Lázaro Saavedra.
Tres días antes del juicio, fuimos convocados por el abogado defensor a una reunión en su bufete, en el municipio Arroyo Naranjo. También acudieron la hermana y la tía de Luis Manuel Otero. El letrado nos explicó cómo son técnica y protocolarmente los juicios en Cuba, y también cuáles eran las razones específicas por las que cada uno de nosotros seríamos testigos.
A la hermana y la tía les preguntaría cómo era la relación de Luis Manuel Otero con los miembros de su familia y cómo era su comportamiento con vecinos y otras personas de su entorno inmediato.
En el caso de Saavedra y mío, se trataba de arrojar luz sobre la condición de artista visual del acusado. La petición fiscal contra Luis Manuel Otero desconoció su condición de artista, e insistía en la descripción de «una vida por encima de sus posibilidades económicas», sin mencionar cuáles debían ser tales «posibilidades», ni según qué parámetros.
Por un lado, Saavedra es un artista y un profesor de sobresaliente trayectoria en el contexto del arte cubano; alguien cuyo desempeño pedagógico no solo es influyente, sino irreductible.
En mi caso, soy un artista de la misma generación de Luis Manuel Otero. Nos conocemos hace diez años. Hemos exhibido nuestro trabajo de manera simultánea e intercambiado ideas respecto a la creación durante todo ese tiempo.
El abogado defensor anunció que nos preguntaría qué es el performance desde la óptica de las artes visuales; a partir de ahí abordaría la obra de arte en cuestión, o sea, aquella que presuntamente justificaba la acusación de «ultraje a los símbolos patrios». Luis Manuel Otero realizó en 2019 una pieza de performance —a manera de protesta simbólica tras la promulgación de la Ley de Símbolos Nacionales en Cuba— que consistía en llevar consigo permanentemente la bandera nacional durante un tiempo determinado, usándola como una especie de manto protector en disímiles actividades cotidianas. La obra quedó registrada en una secuencia de fotos luego publicadas en su perfil de Facebook.
Finalmente, el abogado tenía interés en que explicáramos cuáles documentos y credenciales avalan como tal a un artista ante las instituciones estatales cubanas.
***
Lunes 30 de mayo, día del juicio. Me había puesto de acuerdo con Lázaro Saavedra para ir juntos al tribunal, ubicado en las intersecciones de las calles 100 y 33 en Marianao, La Habana. Partimos en la mañana desde 23 y 26 en el Vedado. Su esposa nos acompañó.
Un taxi nos dejó a unas cuadras del lugar. Caminamos algunos minutos en aparente normalidad hasta encontrarnos unos 600 metros de nuestro destino. La atmósfera se enrareció apenas entramos en el radio de acción de un operativo conjunto de policías regulares y agentes de civil de la policía política (Seguridad del Estado).
Saavedra, que conoce el barrio porque vivió allí parte de su niñez, nos condujo por una callejuela alternativa. Un atajo. Sin asfaltar, viviendas improvisadas. Le preguntó a un hombre mayor si el camino desembocaba en el tribunal. Contestó que sí, y nos alertó sobre la presencia más adelante de una patrulla policial que seguramente nos impediría el paso. Seguimos nuestro rumbo confiando en que, al tener citaciones oficiales para el juicio, no tendríamos dificultades. Dos mujeres, que caminaban en dirección contraria a la nuestra, dijeron con aparente naturalidad al pasar por nuestro lado: «Ojalá metan presa a toda esa gente de San Isidro…».
Como era de esperar, uno de los patrulleros nos abordó rápidamente preguntando hacia dónde nos dirigíamos. Le mostramos nuestras citaciones y dijimos que éramos testigos en el juicio que tenía lugar en el tribunal. Nos dejó seguir.
Pero, unos pasos más adelante, nos preguntó lo mismo un agente vestido de civil. El trato fue mucho menos amable que el frío automatismo del oficial anterior. Su teléfono celular sonó dos veces y atendió las llamadas antes de finalmente indicarnos que debíamos caminar aún más para llegar a donde íbamos. No nos permitió seguir por esa calle.
Durante el resto del trayecto vimos al menos cinco patrullas más, decenas de oficiales uniformados y varios agentes de civil con sus poses supuestamente naturales y sus miradas intimidantes. Cuando estábamos a menos de cien metros de la entrada fuimos abordados otra vez por un agente de civil. Estaba acompañado por al menos una decena de colegas. Verificó las citaciones con nuestros documentos de identidad, y nos condujo hasta la entrada del tribunal. Allí había más policías oficiales y uniformados del Ministerio del Interior; más patrullas, una ambulancia y un autobús.
Al entrar volvieron a preguntarnos, al menos cuatro personas, quiénes éramos y qué hacíamos allí. Entre los pasillos, el patio interior y la segunda planta del edificio, parecía haber dos veces más agentes de la Seguridad del Estado que afuera. Se acercaban hombres y mujeres (uniformados o no) que nos daban orientaciones más o menos contradictorias. Así nos tuvieron unos cinco minutos.
Nos llevaron finalmente a un salón con bancos de madera donde ya nos esperaban la tía y la hermana de Luis Manuel Otero, junto a una vecina suya que también había sido llamada a testificar por la defensa.
No podríamos salir hasta que testificáramos. Un agente de civil estuvo todo el tiempo atento a los que hablábamos entre nosotros.
Ahí estuvimos desde el mediodía hasta casi las cinco de la tarde. Teníamos que pedir autorización para ir al baño, y regresar inmediatamente. Era la única salida permitida. Solo nos dieron agua, que también había que pedir. En cambio, notamos el movimiento y escuchamos las referencias al almuerzo entre los oficiales. La espera entre esas cuatro paredes fue incómoda, agotadora, somnolienta.
Un agente de la Seguridad del Estado se acercó e indicó el orden. Fui yo el primero en ser llevado a declarar. Solo entraba un testigo a la vez; salía y entonces entraba el siguiente.
La sala estaba ocupada por la jueza, el fiscal y el abogado defensor. Junto a ellos había seis personas que vestían togas, pero que nunca abrieron la boca. Los banquillos destinados al público estaban ocupados por 30 o 40 oficiales uniformados del Ministerio del Interior. Había tres camarógrafos documentando el proceso, y un micrófono ante el que hablé. Asumo que ahí estaba también Luis Manuel Otero, pero no logré verlo. Tal vez por mis nervios.
Nada más entrar en la sala empezaron a orientarme qué debía hacer. Me indicaron cómo colocar mis manos y cómo sostener mis lentes de sol… Hasta dónde bajar mi mascarilla para hablar… Luego, la jueza me informó, como dicta el protocolo, que faltar a la verdad constituye un delito. Entonces comenzaron las preguntas.
El abogado me preguntó, en efecto, lo pactado en la reunión.
Después de indagar sobre mi relación con Luis Manuel Otero, y sobre el arte del performance, me hizo una serie de preguntas sobre el estatus legal que permite a este comercializar su obra, como a cualquier artista en el país. La jueza lo interrumpió y afirmó que esas preguntas se salían del tema del juicio. Pero el letrado contestó que era un asunto que sí necesitaba precisión, desde su perspectiva. Señaló cómo la petición fiscal desconocía la condición de artista del acusado, y cómo anteriormente el instructor penal del caso había declarado: «Dice él (refiriéndose a Otero) que es artista». Solicitó permiso para continuar, y entonces la jueza le dijo: «Prosiga». El abogado siguió con su cuestionario. Yo respondí. Y él dijo haber concluido.
El fiscal fue escueto, y sostuvo un tono intimidante. Me preguntó solamente dos cosas. Una: cuándo había sido la última vez que Luis Manuel Otero había exhibido. Contesté que hace unos meses en Viena (exposición en que, por cierto, habíamos participado ambos junto a otros colegas cubanos). El fiscal apostilló entonces que no en el extranjero, sino en Cuba. Contesté que hace ya varios años (no recordaba exactamente) en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. Después preguntó si yo no sabía que la ley en Cuba pone límites a la libertad de expresión. Contesté que sí, pero que consideraba que no existe nada que pueda limitar la libertad de expresión artística.
Mientras el fiscal me interrogaba yo no podía dejar de temblar. Me gusta creer que se notaba poco o nada ese temblor. No lo sé. La energía en el lugar parecía forzar la condición de culpable. No solo para Luis Manuel Otero, sino para todo el que no estuviera en esa sala escenificando un rol en favor de su castigo.
Tras el fiscal, el abogado defensor pidió autorización para hacerme unas preguntas más: ¿conocía el trabajo de performance del artista cubano Manuel Mendive? Respondí que sí. Preguntó entonces que en qué consistía. Respondí que se trataba de un artista que pintaba, con su estilo característico, los cuerpos desnudos de bailarines que luego danzaban en la vía pública. Preguntó si algo así podía ser considerado un ultraje a determinadas sensibilidades. Dije que tal vez sí, pero que en todo caso Mendive jamás había sufrido consecuencias legales por ello. El abogado había concluido. No hubo más preguntas. Devolvieron mi documento de identidad y pidieron que me retirara.
Para mí el juicio había comenzado en las afueras del tribunal, en medio del operativo policial. Y es un proceso que de algún modo continúa. No se trata solo de Luis Manuel Otero, o del rapero Maykel Osorbo Castillo, a quien también se juzgaba en aquel sitio. Creo que ese día se enjuiciaba una actitud. Todo el que sienta la necesidad de ser honesto en Cuba es potencialmente un delincuente, y potencialmente será encausado por ello mientras sea perseguida la discrepancia política.
[1] La petición de la Fiscalía contra el artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara es de siete años de privación de libertad por presuntos delitos de «atentado», «desacato», «desórdenes públicos» e «incitación a delinquir». Bajo cargos similares se pidió hasta diez años de cárcel contra el rapero Maykel Castillo Pérez, también miembro del Movimiento San Isidro, quien fue juzgado en la misma ocasión. Ambos han sufrido prisión preventiva desde mayo (Castillo Pérez) y julio (Otero Alcántara) de 2021. Aún no se conoce la sentencia. [Nota del Editor].
Horrible!!!!!!