Venezuela: ¿Negociar con dictaduras?
Por Javier Herrera
HAVANA TIMES – Negociar con una dictadura suele ser un trabajo ingrato cuyo resultado casi seguro es la decepción. Las dictaduras solo piensan en la manera de perpetuarse y, sin importar los compromisos que adquieran en determinado momento, siempre estarán prestas a violar lo pactado si sienten que su estatus está amenazado. El régimen de Nicolas Maduro, en Venezuela, lo está demostrando ahora mismo al dar fuertes golpes a los “Acuerdos de Barbados” que podrían poner fin a los mismos y con ello la vuelta a sanciones económicas que en su momento le fueron levantadas.
El 17 de octubre de 2023 el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (alianza política opositora venezolana) firmaron en Bridgetown, Barbados, dos acuerdos provisionales sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y la protección de los intereses vitales de la Nación.
Las delegaciones, representadas por Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde y acompañadas por representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, acordaron puntos como el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales, la concreción de garantías electorales, y la realización de los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024.
El 18 de octubre de 2023, luego de la firma del tratado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió cuatro licencias con las que aliviaría durante seis meses, hasta el 18 de abril de 2024, un grupo de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera del país, así como removiendo las prohibiciones contra la comercialización secundaria.
El Departamento del Tesoro advirtió que la decisión sería revocada si el Gobierno venezolano no honra sus compromisos en el acuerdo. El Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aclaró que se espera la definición de un cronograma electoral, la habilitación de todos los candidatos a la presidencia, y la libertad de los prisioneros políticos para finales de noviembre y que la licencia se renovaría solo si Venezuela cumple sus compromisos en virtud de la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a las personas injustamente detenidas, según el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Pocos días después de firmados los acuerdos de Barbados se realizaron las Elecciones Primarias de la oposición venezolana, un ejercicio democrático realizado sin apoyo ninguno por parte del gobierno, fue organizado por la sociedad civil, con centros de votación en casas, parques y en las sedes de los partidos. En unos comicios calificados por muchos como extraordinarios, votantes de toda Venezuela desafiaron fuertes lluvias, amenazas y obstáculos logísticos para ejercer su derecho.
De entre diez candidatos que se disputaban el derecho a competir por la presidencia de Venezuela frente al autoritario Nicolas Maduro, la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela Maria Corina Machado (de tendencia de centro derecha) se alzó con el triunfo con más del 92 % de los votos computados, quedando su más cercano competidor apenas con el 5 % de los mismos.
Al parecer el régimen imperante esperaba un voto fragmentado y al conocer la casi unánime decisión popular comenzó el intento por burlar la voluntad popular y con ello el espíritu de los compromisos adquiridos. La diputada elegida resulta una enemiga acérrima del régimen madurista y por lo mismo Maduro no quisiera arriesgarse a competir con ella por la presidencia del país, mucho menos al ver el fuerte apoyo popular que posee y lo erosionado del prestigio propio.
Al momento aparecieron los voceros del gobierno advirtiendo que Maria Corina Machado no sería candidata a las elecciones presidenciales de ninguna forma, echando mano del argumento de que ella está invalidada de ejercer cargos públicos durante 15 años por decisión administrativa, pero olvidando el compromiso de dar todas las libertades necesarias para la realización de los compromisos, de liberar a los presos políticos existente y de levantar cualquier prohibición o inhabilitación a los opositores.
Órdenes de detención contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ataques a adversarios y otras acciones gubernamentales han marcado el inicio de 2024. Después de meses de desacreditar a la oposición, el pasado 22 de enero, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab informó que un total de 31 personas, entre civiles y militares, han sido detenidas en Venezuela, desde mayo de 2023, por estar supuestamente involucradas en cinco planes conspirativos que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro y asaltos a instalaciones militares, muy conveniente en estos momentos para atacar a elementos contrarios al gobierno.
Dentro de la ola represiva desatada por el gobierno, con las claras intenciones de amedrentar, dividir y desarticular a la oposición, fueron detenidos los ciudadanos Juan Freites, Guillermo López y Luis Camacaro, jefes de campaña de la opositora Maria Corina Machado, los que no han podido ser contactados por familiares o abogados desde el día 23 de enero en que fueron detenidos.
El viernes 26 de enero el fiscal Tarek William Saab confirmó que los cuerpos policiales detuvieron a estos ciudadanos, y los acusó de estar vinculados con una trama conspirativa en la que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares.
El mismo viernes 26 el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sentencia de su Sala Político-Administrativa, declaró sin lugar los recursos intentados por María Corina Machado, ratificándole así la inhabilitación política que por 15 años le fue impuesta por la Contraloría General de la República. Los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por la candidata presidencial opositora se atenían al procedimiento acordado por las partes en el marco del Acuerdo de Barbados para así permitir que todos los partidos políticos del país escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales y fomentar la autorización de todos los candidatos y partidos para que participen en las elecciones de 2024.
Después de todo entramado armado por el régimen venezolano queda en entredicho la continuidad de los Acuerdos de Barbados, la democracia de las elecciones venideras, de las que aún no hay fecha establecida, la seriedad de los acuerdos tomados y la credibilidad del gobernante como interlocutor democrático, dejando en claro que negociar con dictaduras y dictadores es como echar agua en un canasto: trabajo perdido.