Nuevas medidas de EE.UU. hacia Cuba: contenidos y coyunturas

La conyuntura condiciona los pronunciamientos políticos. Ese es uno de los graves problemas de la declaración del Gobierno estadounidense. Foto: Yaritza Guirado.

Por Armando Chaguaceda y Eloy Viera Cañive (El Toque)

HAVANA TIMES – Las medidas anunciadas por la Administración Biden, aunque esperadas, carecen de creatividad y se producen en un momento políticamente inoportuno. Semejan la reproducción incompleta de la política obamista para una Cuba que no se parece en lo absoluto a la del “deshielo”.

Algunas de las medidas, como el aumento del flujo de remesas, habían sido notificadas desde julio de 2021, tras la reunión que sostuvo el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca con miembros de la comunidad cubana —apenas unos días después de las protestas sociales más grandes que ha vivido Cuba desde 1959—.

Ahora bien, la Administración Biden anunció sus flexibilizaciones el 16 de mayo de 2022 —al día siguiente de que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara un nuevo Código Penal (CP) que restringe aún más las libertades y derechos de los cubanos—.

El contenido de la declaración de la Administración Biden también revela que la situación interna de Cuba —cientos de presos políticos procesados y encarcelados y la aprobación de un leonino CP— no se tiene en cuenta para tomar —o al menos en el momento del anuncio— decisiones como estas.

Por ejemplo, el Gobierno estadounidense declaró que trabajará para incrementar el apoyo a emprendedores cubanos independientes. Una de las posibles muestras de ese apoyo será que estos tengan acceso a microfinanciamientos provenientes de los Estados Unidos.

Una declaración como esa desconoce la imposibilidad —regulada por las autoridades del archipiélago— de que los emprendedores cubanos —incluso constituidos en mipymes— puedan recibir legalmente inversión o financiamiento extranjero. También obvia el aumento de las limitaciones —incluidas las penales— o vigilancia que sufren los actores que reciben fondos externos y no estén vinculados (o no sean tolerados) por el poder gubernamental.

La tendencia en el archipiélago no ha sido a la apertura total y sin restricciones del sector no estatal de la economía. Al contrario, la ampliación de ese sector se ha considerado un mal necesario y muchos creen que su implementación urgente —luego de mucho tiempo de dilación— fue un resultado de las protestas del 11J. El anuncio de la Administración Biden parece reconocer —erróneamente desde nuestra perspectiva— que el proceso de crecimiento del sector privado cubano ha sido natural y que los planes del ejecutivo estadounidense —algunos de ellos impracticables en la realidad cubana actual— pudiesen acelerarlo.

Asimismo, el paquete de medidas parece responder a la crisis migratoria provocada por Cuba en contubernio con sus aliados nicaragüenses; además, vuelve sobre una promesa electoral de Biden congelada por la postura de La Habana. Es probable que jueguen también las presiones de Gobiernos latinoamericanos de cara a la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio de 2022 en Los Ángeles. La Administración Biden pudo pensar que estas medidas servirían para quedar bien con quienes se muestran reacios a participar en el cónclave y evitar que el tema Cuba se convierta en el centro de atención de la reunión.

El grueso de las medidas propuestas por la Administración estadounidense es de carácter humanitario: aumento del número de vuelos al interior de Cuba y reanudación de servicios consulares y del programa de reunificación familiar. También proponen la eliminación del tope de remesas. Sobre la última medida se ha discutido bastante. Para muchos se trata de un mecanismo para beneficiar a élites cubanas vinculadas al poder y no al pueblo llano. 

El tope de remesas hasta el anuncio de las nuevas medidas era de 1 000 USD trimestrales. Esa cifra equivale a un aproximado de 333 USD que los cubanoamericanos podían enviar a sus familiares cada mes. Para un mejor análisis del impacto de la eliminación de los topes de las remesas, haría falta responder, desde lo empírico, cuántos miembros de la comunidad cubana pueden enviar a sus familiares en el archipiélago más de 300 USD mensuales. También, ¿cómo y quiénes serían los beneficiarios en Cuba de la recepción de un volumen de capital superior a esa cifra?

La declaración de la Administración Biden no especifica si la medida relacionada con las remesas es el resultado de una recomendación del Remmitance Working Group —creado a mediados de 2021 para estudiar la mejor forma en que las remesas podían llegar de manera directa al pueblo cubano—, o un regreso a la postura anterior a la era Trump. Ese detalle no es menor porque la declaración, a pesar de que anuncia el deseo de la Administración de «asegurar que las remesas lleguen más libremente al pueblo cubano y no enriquezcan a quienes cometen violaciones de derechos humanos», no ofrece —más allá de la eliminación del límite— un modo concreto de lograrlo. 

Las medidas anunciadas no representan un regreso total al «deshielo» de la era Obama, pero tampoco revierten del todo la política de Trump. Entretanto:

– Está vigente la activación del título III y IV de la Ley Helms Burton.

– Cuba se mantiene en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y en la de países que restringen la libertad religiosa.

– No están de vuelta las navieras o cruceros. 

Por otra parte, la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro permanece intacta, lo que complica la operatividad de varias de las medidas anunciadas —hospedaje de grupos que visiten Cuba, por ejemplo—. El acápite de apoyo al sector emprendedor —más allá de las incongruencias advertidas— no revela avances concretos, pues la declaración solo especifica que «se explorarán opciones», lo cual revela pocos avances y se corresponde con lo que la Administración Biden ha anunciado en otras oportunidades. 

En fin, son medidas en su mayoría de corte humanitario que pudieron haberse anunciado en otro momento políticamente más redituable y de menos restricciones al espacio cívico cubano, como, por ejemplo, la primavera de 2021 (cuando comenzó a colapsar el sistema de salud ante la crisis de la COVID-19).

El timing condiciona los pronunciamientos políticos. Ese es uno de los graves problemas de la declaración del Gobierno estadounidense. El momento del anuncio revela carencias en la estrategia de la política de EE.UU. en relación con Cuba. Una estrategia que, lejos de tender a la proactividad y a la creatividad, es reactiva; lo que la convierte en presa fácil de presiones creadas por el régimen cubano (crisis migratoria) y por Gobiernos latinoamericanos (inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas).

Esas presiones, es probable, fueron las que han obligado al Gobierno estadounidense a incorporar también, en este último paquete, medidas que son de comprobado beneficio para el régimen cubano, como los viajes con fines culturales. 

Esos «intercambios» —selectivos, además— los ha utilizado la maquinaria de influencia castrista, con apoyo de la izquierda radical foránea (política e intelectual) para proyectar propaganda y buscar legitimidad internacional; al tiempo que continúa la censura y el silenciamiento de las voces críticas y autónomas que desde la prensa e intelectualidad cubanas los desafían. En este punto, los intercambios culturales sin criterios mínimos de coherencia y reciprocidad —como los que se han generado en el seno de redes académicas estadounidense como LASA— solo beneficiarán a La Habana.

Hace falta una política estadounidense mejor pensada, sagaz, que busque empoderar a los actores potenciales de cambio dentro y fuera de Cuba, y que muestre ante los ojos del pueblo cubano y la comunidad internacional que el obstáculo al desarrollo nacional es el régimen cubano y no el Gobierno de EE. UU. 

En ese sentido, es indispensable que la política estadounidense hacia Cuba ponga en el centro los derechos humanos y el cuidado y atención a activistas, presos políticos y sus familiares. El empoderamiento exclusivo de un sector económicamente beneficiado, al que no pertenecerán jamás —por bloqueos del régimen— quienes disienten de las políticas oficiales, no debería ser la única carta de triunfo que Biden ofrezca para contribuir —como propugna— a la democratización de una Cuba que no se parece a la de 2014.

La política debería acompañarse, además, de una estrategia de comunicación dirigida al pueblo cubano. 

En lo que los estadounidenses deciden sobre sus políticas, a los cubanos nos queda continuar evaluando si esto se queda ahí, o si es parte de un proceso de relajación de las sanciones que apenas comienza. Pero más aún, nos queda monitorear si el régimen corresponderá con medidas liberalizadoras, sean económicas o políticas, y de qué alcance serán.

Ese monitoreo nos permitirá evaluar la eficacia de una política que, en teoría, es para nosotros; pero que, en el fondo, no podemos controlar porque no es nuestra.

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