Nueva Ley en Cuba: Censura disfrazada de Comunicación
Por Francisco Acevedo
HAVANA TIMES – La Nueva Ley de Comunicación (en vigor desde el 1ro de octubre) ratificó en apenas horas su verdadero propósito: mayor censura disfrazada de mejoría en el aparato comunicacional de la isla.
Como escribimos en un artículo anterior, la gran novedad es la aprobación de la publicidad, notable realmente teniendo en cuenta la ausencia de esta modalidad fuera de las instituciones estatales en los últimos 60 años.
Pero ya lo dijo públicamente la propia subdirectora general de Publicidad y Patrocinio del Instituto de Información y Comunicación Social, Lorayne Izquierdo O’Farril, la publicidad estará sujeta a un estricto control, y no nos referimos a productos como el tabaco o las bebidas alcohólicas, que en todos los países está restringida a ciertos horarios.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este nuevo engendro, que refuerza la represión a la libertad de prensa y restricción de la libertad de expresión de los ciudadanos, pues solo reconoce la legalidad de los medios que están vinculados al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en el país, y los informadores que no pertenezcan a la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) tampoco pueden ejercer esa función.
O sea, que los medios independientes en Cuba, todos digitales porque ni tienen acceso a imprenta ni a plataformas de radio o televisión, seguirán sin ser reconocidos por el régimen y sus periodistas seguirán recibiendo amenazas de cárcel de las autoridades.
Ese artículo 13.1, donde queda claro que “los contenidos en ningún caso pueden (…) emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista”; “difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”, es una patente de corso para acusar a cualquiera que desde su móvil suba a las redes información no oficial, aunque sea verídica, y castigarlo con seis meses o hasta tres años de privación de libertad, o multas económicas.
Entre las primeras acciones que pretende la Ley está actualizar los registros de sitios web y publicaciones seriadas, y ya esto se mira con recelo desde los medios independientes.
Según la prensa oficialista la norma potencia el espíritu de diálogo y una perspectiva integradora. Reconoce la existencia de la comunicación comunitaria, y esto significa que la comunicación no resulta patrimonio exclusivo de los medios de prensa, pero se contradice cuando limita los contenidos.
De eso deberían hablarle a Yeris Curbelo Aguilera, quien informó sobre una protesta en Caimanera, en Guantánamo, para el medio independiente Palenque Visión en mayo del año pasado, y fue sentenciado a dos años de prisión este 24 de septiembre, supuestamente por agresión, mientras dice que tanto él como su hijo fueron los agredidos.
En ese mismo territorio oriental un tribunal desestimó recientemente una apelación de cinco cubanos que protestaron y ratificó sentencias que oscilan entre dos y ocho años de prisión por cargos de “instigación a delinquir”, “desorden público” y “atentado”.
Curbelo Aguilera documentó la protesta y la represión que siguió en unos reportajes en video, y la policía política del régimen no lo dejó impune.
Un día antes de la entrada en vigor de la Ley, los esposos Annery Rivera Velasco y Yennys Hernández Molina mediante una declaración pública en redes sociales, renunciaron «a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del Gobierno cubano».
Poco después, también presentó su «renuncia» la periodista Yadira Álvarez Betancourt, en un post muy similar al de sus colegas, y la revista musical Magazine AM:PM, cuya temática de entrada no es abiertamente política, anunció una pausa en su salida. ¿Casualidad? De eso nada, pues son comunes las presiones, amenazas, interrogatorios, intimidación, detenciones breves y hasta confiscación de bienes de trabajo y dinero a las que son sometidos los periodistas independientes, a veces utilizando a sus propios familiares, para que desistan de su labor.
El medio digital CubaNet denunció que varios de sus colaboradores, sin mencionar nombres, fueron amenazados con altas penas de prisión, y en Guantánamo el periodista independiente Niober Garcia Fournier y Juan Luis Bravo Rodriguez, miembro del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), también denunciaron violaciones de sus derechos en los últimos días. El medio independiente El Toque sufrió la baja en meses recientes de varios colaboradores también, por el mismo motivo.
De acuerdo con el texto de la Ley, prácticamente bastará hacer un comentario o reaccionar a una publicación que se considere que tiene el “objetivo de subvertir el orden constitucional” para contravenirla. El opositor Jose Manuel Barreiro Rouco, por ejemplo, fue detenido en junio del año pasado en Cienfuegos por compartir memes que afectan “el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución cubana”, entre ellas el mandatario Miguel Díaz-Canel, y luego recibió condena de dos años y medio de prisión por los delitos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares. De ahora en adelante no habrá que buscarle la quinta pata al gato, y con su actuar en redes sociales ya estaría violando lo establecido.
Por otra parte, en el contexto nacional la normativa avala el derecho de los cubanos a solicitar y recibir información veraz, útil, y oportuna, y la obligación de los servidores públicos de ofrecerla a los medios, pero en la práctica esto nunca ha funcionado y veremos si realmente se aplica este instrumento legal para cuestionar, ya ni siquiera enjuiciar, a un ministro, por ejemplo.
Jefes de los departamentos ideológicos del PCC en cada provincia, acompañados de periodistas, recibirán capacitación para “responder con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad, particularmente ante hechos y situaciones que por su naturaleza, sensibilidad y connotación pública demandan una urgente comunicación con la población”, según la norma.
En este sentido, por cada supuesta “infracción” habrá multas de entre 3 000 y 30 000 pesos cubanos, pero aclara que “la obligación que tienen por ley los directivos, funcionarios y empleados de los órganos, organismos y entidades del Estado de brindar la información, solicitada por periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas” es un derecho exclusivo de los medios estatales.
Yo al menos quiero ver cómo se empieza a manejar este tema y el de la publicidad, los únicos puntos “positivos” de esta nueva legislación.