No pude pasar mi papelito: mis dudas sobre la nueva Constitución

 

Julio Antonio Fernández Estrada  (El Toque)

HAVANA TIMES – El 2 de junio de 2018 se ha reunido en sesión extraordinaria, por primera vez, la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular —con 35 ausencias, muchas para su primera reunión. Ese día, sin discusión alguna, se aprobaron agendas trascendentales para el presente y el futuro de Cuba.

Cuando se presentó el único aporte del experimento administrativo que se desarrollaba desde 2011 en las provincias de Artemisa y Mayabeque, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó que se haga extensivo a todo el país la separación de funciones entre la presidencia de las Asambleas locales del Poder Popular y la presidencia de sus respectivos Consejos de la Administración, y por tanto, modificar al articulado constitucional.

El Decreto 301 del Consejo de Ministros, que regula los contenidos fundamentales del experimento de Artemisa y Mayabeque, no se reducía solo a esa separación de funciones. Ahora ha quedado la duda inmensa sobre el resto de los asuntos que se ensayaban en las nuevas provincias occidentales. La idea era perfeccionar el trabajo de la administración. Hacer que esta funcionara de forma autónoma en la vida cotidiana, dejando para las Asambleas del Poder Popular la labor de dirección, proyección y control.

El experimento tenía lagunas originales como el papel de los Consejos Populares, desdibujados en la regulación del Decreto 301, y las nuevas formas de participación popular, que no aparecían por ninguna parte, porque no era una prioridad del ensayo.

En la práctica se constataba todo el tiempo que en Artemisa y Mayabeque la población no sabía de qué se trataba el experimento, no tenía información sobre sus fines y móviles, ni se involucraba en nada de esa aventura de transformación.

En el centro de Artemisa pude escuchar a un ciudadano hablar de los dos gobiernos nuevos en su provincia. El pueblo había leído con su sabiduría ancestral que lo único que se percibía de cambio era una sede adicional de gobierno, que no era más que una oficina propia para el presidente —ahora jefe— de la administración, lo que no significa en ningún caso que haya dos gobiernos, sino que nadie le explicó el nuevo funcionamiento a la población y, por lo tanto, ningún poblador ha participado conscientemente de la nueva estructura.

La duración del experimento indica que sus resultados han sido, al menos, confusos, ahora de un plumazo nos informan que las funciones de los jefes de las asambleas locales y las de la jefatura administrativa se separarán, pero no se dio ni un dato de cómo funcionó el experimento, de qué indicadores mejoraron, de qué beneficio se produjo de la susodicha separación, ni de qué problemas no se resolvieron en ningún momento.

Más preocupante fue observar que en el lugar y en el momento perfectos para la discusión y el debate, para la rendición de cuentas y para el control democrático, los diputados y diputadas no hablaran, sino que esperaran a que se desarrollara el teatro en el que dos diputadas de las provincias analizadas dejaran constancia de lo efectivo del nuevo esquema administrativo.

El día en que la unanimidad se convertía en una ofensa a la Patria, la Asamblea Nacional dio una nueva lección de silencio y disciplina partidista, buena para un convento, una ermita, un monasterio. Se discute más en el Cónclave que se reúne para elegir al nuevo Papa que en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

¿Cómo se puede representar al pueblo de Cuba con tanto silencio? ¿Alguno de los diputados habrá visto cómo es el pueblo de Cuba de parlanchín y bullanguero? Era el momento de hablar y no hubo ni un comentario sobre el experimento, una pregunta, una duda, todo lo contrario, el presidente de la Asamblea Nacional dijo a los miembros del máximo órgano estatal cubano, que esperaba que no se volviera a hablar del tema del experimento en esa Asamblea, desconociendo así que los diputados y diputadas pueden hablar en la Asamblea de lo que ellos consideren y cuando lo crean necesario para el pueblo de Cuba.

Tampoco hubo el menor comentario de los diputados sobre la integración de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, como si fuera una rutina cualquiera. El día que se estrenan como diputados una gran cantidad de miembros del órgano legislativo no se montó ni el performance del debate, que no hubiera sido legítimo, pero hubiera sido mejor que la modorra colectiva que se observó por la televisión nacional.

Más tarde fuimos testigos de la designación y confirmación, otra vez unánime, de la comisión que debe redactar el anteproyecto de nueva Constitución, reforma que, por un comentario al vuelo del presidente de la Asamblea Nacional, nos enteramos que será total.

La comisión aprobada deja algunas dudas importantes para los próximos meses. En ella no hay ningún especialista en activo sobre temas constitucionales. Entre sus miembros hay algunos juristas respetables, profesores, doctores en Ciencias Jurídicas, pero en ningún caso son estudiosos actuales, ni investigadores en presente, de Derecho Constitucional.

¿Por qué la comisión redactora no cuenta con profesores y profesoras en activo de Derecho Constitucional de las principales universidades del país?, ¿por qué no están invitados en ella especialistas participantes en los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador o Bolivia?, ¿por qué no son miembros de la comisión el Fiscal General de la República, el Presidente del Tribunal Supremo, la Ministra de Justicia, la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana?

La nueva Constitución nos dejará un nuevo país, un nuevo proyecto de nación, dirá quién es el soberano mandante del Estado, de quiénes son los recursos naturales, qué formas de propiedad existirán y cuál será la que prevalecerá dentro del modelo económico que resulte.

 La Constitución que esta comisión redactará sin experiencia alguna en redacción de magnos textos, tendrá que consagrar derechos humanos, garantías para el ejercicio de esos derechos, deberá regular la forma en que se organicen las instituciones del Estado, los límites al ejercicio de las funciones de la administración, la protección del medio ambiente, las bases y principios del sistema electoral, la estructura resultante del Poder Popular.

Si algunos de estos contenidos no quedan plasmados o son tratados de manera conservadora, impopular o antidemocrática, será responsabilidad de los que ahora han sido designados para proponer la Constitución.

Ha sido muy extraño que no se haya presentado un cronograma completo del trabajo de la comisión redactora, que incluyera el tiempo para presentar la primera versión, la forma en que se divulgará esta, la manera en que se discutirá con toda la población y los tiempos para esto, el término para que la Asamblea Nacional presente la última versión y el día, programado desde ahora del referéndum final aprobatorio.

Lamentablemente no me dieron la posibilidad de pasar un “papelito” al presidente de la Asamblea Nacional, porque hubiera mandado miles de preguntas propias y ajenas, esas que se hacen alelados los ciudadanos libres de Cuba.