Nicaragua y los funerales de la justicia

En su conocida perorata del mediodía la co-gobernante Rosario Murillo deslizó como si nada el gravísimo hecho: “Se está procediendo a poner en libertad bajo el régimen de Convivencia Familiar a todos aquellos condenados por delitos leves cuyas penas son iguales o inferiores a cinco años de prisión. Todo ello en el marco de una Política Humanitaria y de Reconciliación y Unidad de las Familias Nicaragüenses en estricto apego a la Constitución Política y a las Leyes Penales de la República.” Pero eso no es cierto. De acuerdo con los expertos, se han violado todos los procedimientos, pues lo que debía hacer el gobierno era solicitar indulto o amnistía y analizar cada caso, para rendir cuentas sobre la lista de beneficiados y solicitar su aprobación a la Asamblea Nacional.

Pero esta arbitrariedad es particularmente violenta para las mujeres, pues acaba con la aplicabilidad de la Ley 779, que ya estaba desvirtuada por las reformas impuestas a través de un reglamento ilegal de Ortega, que redujo el feminicidio al ámbito de la pareja y abrió la “mediación” para los delitos de violencia contra la mujer. Pues bien, ahora tampoco habrá sanción para los padres que no paguen la pensión alimenticia para sus hijos. Por otro lado, las Comisarías de la Mujer y la Niñez ya no existen, al tiempo que los jueces van a dejar de hacer lo que la ley establece y los policías no van a cumplir con órdenes de captura. Según trascendió, los flamantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia le aclararon a los jueces que “era una orden superior que deben aplicar, estén o no de acuerdo con ello”.

Con esta ilegal operación de excarcelación el régimen de Ortega mata varios pájaros de un tiro: invisibiliza a la violencia y a las víctimas y “mejora” los indicadores de “seguridad”; libera de hacinamiento las cárceles y deja sitio para los futuros encarcelados por razones políticas; jueces y policías se podrán enfocar en perseguir adversarios en lugar de delincuentes; reducen gastos del sistema penitenciario y dispondrán de una nueva fuerza de reos “agradecidos” que deberán someterse a las órdenes del régimen.

Borraron además de un plumazo cualquier reconocimiento y obligación del derecho de las víctimas, entendiendo por tales, como dice la Declaración de la ONU (resolución 40/34) a “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.” De manera pues que el régimen de Ortega desconoce a las víctimas el derecho al acceso a la justicia y al trato justo, al resarcimiento, a la indemnización y a la asistencia. Peor aún, las convierte a ellas y a todos los nicaragüenses en víctimas del abuso de poder.

Lo que esto significa en la práctica, tiene más que bochornosos antecedentes, como la insólita reducción de pena al violador Farinton Reyes, cuya “atenuante” era que estaba borracho, o el más reciente, de negación de justicia, resarcimiento e indemnización a Yelka Ramírez, víctima de la masacre de Las Jaguitas cuyos hechores seguramente saldrán beneficiados pues les dieron penas mínimas. En otras palabras, si nos roban, nos golpean, nos violan o nos asesinan, los culpables no serán perseguibles. Es dudoso que jueces y policías se empeñen en hacerlo, si saben que la ley no vale nada y que a fin de cuentas saldrán libres por órdenes de “Ortega y la compañera”.

Para las mujeres el “instructivo” que Ortega mandó a los jueces especializados en violencia es devastador: unos trescientos reos condenados por violencia psicológica, violencias patrimonial, intimidación o amenazas, entre otros delitos “menos graves”, serán puestos en libertad (o ya lo están) mediante la figura de convivencia familiar.

Todo esto representa una incitación al delito de parte del gobierno, habida cuenta que violadores de mujeres y niños, padres irresponsables y feminicidas, quedarían impunes, dado que pueden escapar a la investigación, detención o procesamiento y en últimas, ser liberados por órdenes de El Carmen. Todos ellos, junto con Ortega-Murillo se reirán en la cara de las mujeres cuando reclamen justicia para ellas y sus hijos.

La principal palanca con las que cuenta la sociedad para elevar los costos para el delincuente es el nivel de eficacia del sistema penal. Por eso el índice de confianza en la justicia se define como el grado de confianza que los ciudadanos tienen en la eficacia, honradez e imparcialidad de los funcionarios. Con esta última disposición del orteguismo, ese nivel queda reducido a cero y esto seguramente tendrá efectos peligrosos sobre la conducta de la sociedad, porque la complicidad con los delincuentes y la inseguridad y riesgo para las víctimas, es también una invitación a tomar justicia por la propia mano. Si ya no hay ni lugar para denunciar a abusadores y violadores, ni policía que los detenga, ni juez que los condene ¿incrementarán las muertes de victimarios a manos de las mujeres o sus familias? ¿Aparecerán grupos de “vengadores” contra los delincuentes? El tiempo y el incremento de las desgracias y los escándalos, darán cuenta de ello.

El caricaturista PXMolina ha dejado más que claro cuál es la dramática situación que vive Nicaragua con esta ilegal excarcelación: los grandes y únicos reos de Ortega son la democracia, la transparencia, las elecciones y la justicia. La insolencia y el poder absoluto del “Comandante” ya nos ha hundido en el abismo del que advertía Sófocles y hoy que realizamos los funerales de la justicia, es hora que salgamos definitivamente de él.