Nicaragua: Liberar a los presos políticos y suspender el estado policial

Ilustracióni por PxMolina / Confide cial

Por Carlos F. Chamorro (Confidencial)

HAVANA TIMES – Desde el dolor y la desesperación por el deterioro físico y emocional de los ciudadanos presos políticos han relanzando el reclamo nacional por la liberación de los 170 reos de conciencia, demandando, además, la anulación de los juicios políticos en su contra, para preservar todos sus derechos y garantías constitucionales.

Sin embargo, la única respuesta del régimen ha sido programar más juicios políticos en las cárceles de el Chipote contra doce reos de conciencia, entre ellos: Yader Parajón, Yaser Muhammad Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyen Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaurre, María Oviedo, Irving Larios, y Freddy Navas.

El pasado 17 de enero fue condenado en Chinandega Donald Margarito Alvarenga, un excombatiente sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza, exoficial del Ministerio del Interior en los años ochenta, el primer preso político procesado bajo las llamadas leyes de “ciberdelitos” y “defensa de la soberanía” de la dictadura Ortega Murillo.

Por expresar sus opiniones contrarias al régimen en Facebook y WhatsApp, lo acusaron de los presuntos delitos de subversión e incitación al odio y la violencia. Todos los testigos que declararon en el juicio en su contra y presentaron “pruebas”, fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial, presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, duró 13 horas, se realizó en un solo día, y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Veinticuatro horas después, la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer y reparar las aberraciones jurídicas del juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel.

Así son los “juicios” con los que el régimen pretende legalizar la condena de todos los reos de conciencia; no son verdaderos juicios con derecho a la defensa bajo un Estado de derecho o un Poder Judicial autónomo, sino únicamente un trámite de ordeno y mando para ejecutar la venganza política, que se decide y se ejecuta de forma discrecional desde El Carmen.

Entre los 170 presos políticos de Ortega y Murillo, hay mujeres y hombres de todas las edades y departamentos del país; precandidatos presidenciales y líderes cívicos; líderes políticos de partidos de derecha, centro, e izquierda, y una mayoría de ciudadanos sin partido; dirigentes campesinos y líderes estudiantiles; intelectuales, diplomáticos, y exmilitares; empresarios, productores, banqueros, y líderes gremiales; periodistas y defensores de derechos humanos. Ellos representan una muestra de la pluralidad y la unidad nacional de la Nicaragua azul y blanco que resiste y demanda un cambio democrático, que el proyecto totalitario de Ortega y Murillo no ha podido aplastar.

Todos, los 170 presos políticos, son inocentes porque no han cometido ningún delito, su único pecado es haber protestado durante la rebelión cívica, demandado justicia y democracia, y haber aspirado a liderar el reclamo de elecciones libres de todos los nicaragüenses, que fue conculcado por la fuerza el 7 de noviembre.

Las encuestas de opinión han reflejado el clamor nacional de esa gran mayoría que no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de los juicios, y la suspensión del estado policial.

Durante el segundo diálogo nacional en 2019, el Gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero Ortega solamente cumplió de forma parcial el acuerdo, para lo cual recurrió a una autoamnistía, pero mantuvo en la cárcel a más de un centenar de reos de conciencia que nunca fueron liberados.

Pero, además, la delegación oficial encabezada por el canciller Denis Moncada firmó el 29 de marzo de 2019 un “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, asumiendo el compromiso de levantar el estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales. El Gobierno nunca cumplió el acuerdo, y los representantes del Vaticano y la OEA, que actuaban como testigos internacionales de la negociación, también fracasaron en su obligación de garantizar su cumplimiento.

Por el contrario, Ortega reforzó el estado policial con las leyes represivas aprobadas a finales de 2020 y desató una nueva ola represiva de encarcelamientos hasta liquidar el proceso electoral en 2021.

De manera que hablar de un eventual “diálogo” sin precondiciones con el Gobierno, como sugiere el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), o imponer un monólogo económico, sin liberar a los presos y sin levantar el estado policial, como ha anunciado el Gobierno, no le traerá al país ninguna expectativa de paz.

Para devolverle al país la esperanza se necesita primero sumar fuerzas y ejercer máxima presión, nacional e internacional, para exigir y lograr la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios, y la suspensión del estado policial. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, que libere del sufrimiento a los reos de conciencia y a sus familiares, y también para buscar una solución política a la crisis nacional.

La salida empieza por recuperar las libertades para derribar los muros de esa gran cárcel nacional en la cual somos rehenes todos los nicaragüenses, incluidos los servidores públicos –civiles y militares– así como decenas de miles de exiliados, para encontrar entre todas las fuerzas vivas del país, sin los carceleros, una solución nacional a través de elecciones libres.

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