Los desafíos de un eventual nuevo Gobierno en Nicaragua
Ambiente en la movilización de miles de ciudadanos se concentran en Managua para marcha Azul y Blanco, en mayo de 2018. Confidencial | Carlos Herrera
Cómo vencer los problemas de la transición dictadura-democracia. Castigar a los criminales. Hacer justicia, no venganza
Por Guillermo Cortés Dominguez (Confidencial)
HAVANA TIMES – Habrá quienes consideren que no tiene sentido hablar de los peligros que encontraría el Gobierno azul y blanco que suceda a la dictadura orteguista. Podrían tener razón, pero creo que es necesario hacerlo, tanto como hablar del programa político que habrá que comenzar a ejecutar. De hecho, ambas cosas están íntimamente vinculadas.
Un Gobierno azul y blanco no se encontrará con una panacea, por el contrario, gobernará sobre un campo minado que el orteguismo sobreviviente querrá detonar cada vez que quiera imponer su agenda a la nueva administración pública.
El nudo del problema reside en que un genuino Gobierno azul y blanco deberá hacer justicia, es lo menos, porque es una deuda impostergable con las madres y otros familiares de los jóvenes y otras personas asesinadas en el “¡Vamos con todo” de los ORMU para sofocar el estallido social de abril del 2018. También es una deuda con los presos políticos y con todos los nicaragüenses que queremos libertad y democracia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) nos heredó ese hermoso concepto de “justicia transicional”, que el nuevo Gobierno deberá aplicar, lo que implica investigar para conocer la verdad de los que ocurrió, incluyendo la muerte de una veintena de policías.
Las investigaciones arrojarán pruebas para organizar juicios justos, no políticos, sino legales, que sean técnicos y profesionales, en los que prevalezca el debido proceso y que el motivo de realizarlos no sea la venganza, sino hacer justicia. Serán condenados solo aquellos que sean encontrados culpables.
También deberá ser investigada la riqueza mal habida, retenida cuando se compruebe el ilícito, traslada a las arcas públicas y utilizada para financiar las tareas iniciales del nuevo Gobierno azul y blanco.
La justicia transicional incluye la reparación moral y material. La primera se obtiene con las investigaciones para determinar la verdad, la cual deberá ser divulgada amplia y suficientemente así como con medidas complementarias como la construcción de un memorial, la producción de libros, revistas y memorias que esclarezcan fehacientemente lo acontecido. Que quede constancia en la letra impresa, en videos, documentales y películas.
Y la reparación se concreta con una indemnización material, la cual no será como los 27 millones de dólares para la familia del ciudadano norteamericano George Floyd, víctima de racismo policial, sino de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del país.
Aplicar la justicia transicional requerirá de especialistas y de financiamiento, lo cual es factible. Sus resultados se vinculan también con la reestructuración indispensable en la Policía Nacional, cuya jefatura y subordinados manchados de sangre deberán pagar por sus crímenes. Esto aplica para el Ejército.
El Gobierno azul y blanco también deberá tomar en cuenta que es complicadísimo gobernar un país dividido, un país con bandos enemigos, así que deberá crear condiciones para que no haya ningún revanchismo contra ese 25% en que se calcula la base social sobreviviente del orteguismo-murillismo, quienes deberán poder ejercer sus derechos ciudadanos en la Nicaragua libre y democrática que queremos. Quienes participaron en la matanza deberán ser enjuiciados.
Debido a la experiencia adquirida por la base social azul y blanca en las calles de todas las ciudades, comarcas y comunidades del país, el escenario en el 2022 será diferente al que tuvo el orteguismo a partir de 1991 durante el Gobierno de doña Violeta Chamorro, en el sentido de que no tendrá las manos libres como entonces.
Intentar aplicar la justicia transicional entraña graves peligros porque inicialmente el orteguismo desalojado del poder continuará en control de la Policía y del Ejército, al menos hasta el día en que serán removidas las actuales jefaturas, y empezado el desmantelamiento de raíz de su ejército paramilitar organizado y armado para destruir los tranques incluso utilizando cohetes antitanque.
Ante la previsible resistencia del orteguismo a que se haga justicia, habría que adoptar medidas especiales. Sé que es controversial porque en algunos países han actuado mal, pero en muchos otros lo han hecho bien los “Cascos Azules”.
Con una dictadura en la llanura pero con un inmenso poder económico y control sobre los aparatos armados, el Gobierno azul y blanco requerirá al inicio de un respaldo militar que le podría dar una fuerza multinacional especialmente organizada para ello en las Naciones Unidas,
Por supuesto, primero habrá que atravesar las cataratas del Lago Victoria de la reforma electoral, la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas; y después las ardientes arenas movedizas de unas elecciones con una dictadura que no quiere dejar el poder y que es diestra en cometer fraude.
De concretarse la barrida del régimen en los comicios y preservar estos resultados, es previsible una fuga masiva de los ahora poderosos agentes del orteguismo, pero aun así, en la transición dictadura-democracia, mil peligros acecharán, y parte de la solución es que nos preparemos desde ahora para vencer los escollos que eventualmente presenten.