La salida a la crisis, los empresarios y el sector público

La salida política a la crisis económica, demanda más presión cívica de los grandes empresarios y del sector público

Por Carlos F. Chamorro  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Las últimas proyecciones del Banco Mundial confirman que Nicaragua tendrá este año un decrecimiento económico de -5%, es decir, una caída mayor del -3.8% registrado el año pasado, mientras en 2020 se proyecta un decrecimiento de -0.5% y, un año después, en 2021 la economía se mantendrá en su cuarto año de recesión consecutiva, con un crecimiento de 0.6%, siempre menor al 1%.

Este pronóstico, bastante más conservador que las estimaciones hechas por economistas independientes, contradice los cálculos oficiales que difunde la propaganda gubernamental. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, alega que la economía ya se ha recuperado, y que el próximo año crecerá entre 1 y 2%, para retomar la senda del 4 y 5% de crecimiento anterior a la crisis que estalló en abril 2018, provocada por la represión de la dictadura.

Desde antes de la crisis de abril, la credibilidad del Banco Central se había devaluado por el alineamiento partidario de su presidente, el retraso en la publicación de las estadísticas económicas, y la manipulación de los indicadores de pobreza. Pero más allá de cuál es la verdadera magnitud del decrecimiento económico, no se puede ocultar una inmensa tragedia social que afecta a centenares de miles de familias nicaragüenses.

La paralización de la inversión privada durante dos años consecutivos, como consecuencia de la imposición de una dictadura sangrienta y el estado de sitio, significa la pérdida de más de 400 mil empleos, la migración masiva de 80 000 personas, y el empobrecimiento creciente de casi dos millones de nicaragüenses.

La única fuente de crecimiento económico que se mantiene es el flujo de remesas que envían los nicaragüenses desde el exterior a sus familias. Pero sin una reforma política para convocar a elecciones libres, no habrá inversión privada nacional ni extranjera, ni volverá la cooperación externa, sino que por el contrario la situación podría empeorarse como consecuencia de nuevas sanciones internacionales en contra de la dictadura.

El aferramiento de Ortega al poder, a pesar de estar inhabilitado para gobernar después de la matanza de abril, le ha impuesto a los pobres y a la clase media una sanción brutal con más desempleo y empobrecimiento, y castiga a los agentes económicos con una recesión económica que se prolongará mientras dure la crisis política.

Ortega es el responsable directo de esta grave crisis política, económica y social, pero los más altos funcionarios y asesores económicos de su Gobierno –en Hacienda, Banco Central, Asamblea Nacional, Mific, y sus representantes en los organismos internacionales– también han asumido una corresponsabilidad al endosar la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado, para justificar la negativa del régimen a negociar las reformas políticas. Aunque la estrategia que promueven de “parches económicos”, reformas recaudatorias, y cortinas de humo, como las del presidente del BCN, tampoco han logrado frenar el deterioro de la situación económica.

Igual que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que ha tolerado la creación de las bandas paramilitares al margen de la ley, los altos funcionarios económicos Ovidio Reyes, Iván Acosta, Bayardo Arce, Wálmaro Gutiérrez, Paul Oquist, y Orlando Solórzano, entre otros, dejaron de actuar bajo una racionalidad de Estado, para asumir un rol de complicidad con una dictadura sangrienta.

Ellos, que fueron los operadores de Ortega para orquestar la alianza económica con el gran capital entre 2009 y 2018, hoy justifican la permanencia de Ortega en el poder, sin ninguna capacidad para articular alianzas nacionales o internacionales, a costa del deterioro de la situación económica.

Un año después de la imposición del estado de sitio de facto, el país sigue postrado y no se vislumbra ninguna solución económica, sino más bien dos años más de recesión, si antes no hay una negociación política. Sin embargo, ni la inercia de la crisis económica, ni la presión externa son suficientes para promover una salida política, si no hay más presión cívica, no solo del movimiento azul y blanco que desafía el estado de sitio, sino también de los grandes empresarios, que representan el músculo más dinámico de la economía nacional. El dilema es esperar el deterioro de la crisis, o asumir riesgos y contribuir a marcar un rumbo de salida ahora.

Agotada su capacidad de interlocución con la pareja presidencial, los líderes de los grandes grupos económicos enfrentan el desafío de asumir una posición ante la nación, y particularmente ante el sector público y el sector privado, a favor del cambio político democrático.

Al estallar la Rebelión de Abril el año pasado, se rompió su alianza con Ortega, por la vía de los hechos, enterrando el mal llamado modelo de “diálogo y consenso”, pero el vacío no lo ha llenado un proyecto democrático, sino una dictadura en su deriva totalitaria que amenaza la sobrevivencia del sector privado.

El país necesita un acuerdo político, con o sin Ortega, que cuente con el respaldo del movimiento azul y blanco, los grandes empresarios, y la tecnocracia del sector público. Un acuerdo que empieza con la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio, la restitución de libertades democráticas, incluida la libertad económica para los empresarios y la estabilidad de la carrera profesional en el sector público, para realizar una reforma política y convocar a elecciones libres.

Los empleados públicos, civiles y militares, que se han mantenido al margen de la masacre, la corrupción, y el control partidario, tienen la oportunidad de formar parte de esta solución nacional. De un lado, está la opción que les ofrece la familia Ortega Murillo de prolongar la agonía del régimen, y del otro, la alternativa de una nueva alianza nacional para desmantelar las estructuras de la dictadura y empezar la reconstrucción de Nicaragua.



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