La lista de terroristas según el gobierno cubano
Por Francisco Acevedo
HAVANA TIMES – Nada causó más revuelo en Cuba esta semana que la publicación este jueves en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior (MININT), referida a la Lista Nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países.
La Lista incluye a comisores de actos terroristas contra Cuba desde 1999 hasta la actualidad, y agrega a rostros de los medios de comunicación de la comunidad cubana en Estados Unidos, por incitar a la sedición y el desorden, hasta un total de 61 personas y 19 entidades a las que La Habana acusa de patrocinar el terrorismo.
Entre los primeros se mencionan causas jurídicas abiertas relacionadas con la realización de agresiones contra hoteles y otros centros turísticos de La Habana, infiltración por las costas para ejecutar acciones violentas, atentados contra el Presidente de la República y otros funcionarios públicos, así como la promoción de maniobras militares contra la mayor de las Antillas.
Lo curioso es que el listado añadió a responsables de incitar, organizar y financiar acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades, y aquí entran en juego varios influencers radicados en Miami, entre ellos los más reconocidos: Alexander Otaola, Eliecer Ávila, Manuel Milanés, Alain Lambert (Paparazzi cubano) y Jorge Ramón Batista (Ultrack).
Supuestamente el basamento legal de la disposición está en sintonía con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento; el Código Penal cubano; así como el Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado y la Resolución 16 del MININT, para la detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.
Sin embargo, además de lo que lógicamente llama la atención en cuanto a considerar terrorista a una persona por divulgar una idea, existen flecos legales también oscuros en esta medida.
De entrada, esto no es más que la respuesta del Gobierno de nuestro entrañable Miguel Díaz-Canel a la inclusión una vez más de Cuba en la Lista de países patrocinadores del Terrorismo que elabora la administración estadounidense.
La primera coronela Moraima Bravet Garófalo, la Jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del MININT que firmó la Resolución 19/2023, hizo público el nombre de personas y entidades incluidas por el régimen cubano en su relación.
En una intervención ante las cámaras de la televisión nacional, la oficial indicó que estos ciudadanos “se encuentran buscados por las autoridades cubanas”, lo cual implica evidentemente que jamás podrán ya poner un pie en la isla sin enfrentar la prisión, y aunque casi todos ellos han dicho reiteradamente desde hace bastante tiempo que no volverían a Cuba mientras existiera la dictadura, es primera vez que se expone públicamente una resolución de esas características.
Los “elementos probatorios debidamente documentados” existen y se conocen ya en el caso de los actos violentos, pero nunca fueron utilizados contra alguien sentado ante un micrófono.
No olvidemos que Bravet Garófalo salió tres días después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, también en un programa especial del seudo-periodista Humberto López, a amedrentar a los manifestantes, acusándoles de diversos delitos, incluido el de instigación a delinquir por apenas gritar “Patria y Vida”.
No por gusto la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba la incluye en su listado de «represores», pues también es vista como responsable de la injusticia cometida por el régimen contra más de mil presos políticos encarcelados por el único delito de ejercer su derecho a la manifestación y libre expresión en aquella fecha histórica.
Volviendo a la Resolución 19/2023, esta no es más que un instrumento intimidatorio y una nueva fórmula represiva del régimen totalitario cubano, que busca desarticular mediante el terror las acciones de la sociedad civil independiente.
Es curioso ver cómo se mezclan a comisores de delitos con personajes de los medios, a quienes nadie en Cuba les tiene terror, salvo los que viven de sus privilegios porque temen perderlos; me atrevería a decir que la mayoría de los cubanos les tiene respeto y la mayor prueba es que se gasten su dinero (traducido en megas) en seguir sus directas, ya sea en vivo o con horas de diferencia.
Es evidente que el aparato represor del Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoce el poder de ellos en sacar a personas de la oscuridad política a la luz, y eso les causa pavor, porque durante décadas el Noticiero Nacional de Televisión y el periódico Granma fueron prácticamente la única fuente de información de la población en la isla.
Si gritar “Patria y Vida” es un delito, estamos rodeados de terroristas, y en el caso de estos comunicadores es además un reconocimiento a la labor que hacen, de ser la piedra en el zapato de la dictadura, independientemente de las implicaciones morales, legales y políticas de esta medida.
Esto último no es que carezca de relevancia; de hecho, al tomar como pretexto la Resolución 1373 de la ONU se pretende que otros países los tipifiquen como terroristas aunque directamente no hayan tomado parte en ningún hecho delictivo, y eso implica congelar sus fondos, no tener derecho a asilo político y en definitiva acorralarlos hasta incluso forzar la extradición.
Sin presentar pruebas, en estos últimos casos me refiero, lo mínimo es que cuando estén fuera de territorio estadounidense los protocolos les entorpecerán su estancia. En realidad los Estados piden pruebas para tomar medidas, pero aunque a la postre no suceda nada, el mal rato puede estar, y naciones como China, Rusia, Irán o Venezuela, por ejemplo, no sería recomendable que las visitaran.
Llegados al punto en que las ideas son delito en Cuba, incluso propagadas desde otros lugares, no queda duda del pánico de las autoridades, el tradicional pataleo de los moribundos.