La Fiscalía de Holguín no le dio curso a mi queja

Osmel Ramírez Álvarez

HAVANA TIMES – Según la Fiscalía de la República, ningún ciudadano cubano tiene derecho a establecer demanda o acusación contra el abuso de poder de las autoridades, tan solo una “queja”. Esta es registrada por un fiscal, luego es investigada y se otorga una respuesta. En caso de que lo consideren pertinente, o posible, pueden iniciar un proceso.

Pero cuando se trata del Ministerio del Interior, especialmente de la Seguridad del Estado, manifiestan “que no tienen jurisdicción legal para cuestionar sus procedimientos, que sus atribuciones comienzan cuando se inicia un proceso legal y les entregan el caso; mientras tanto, son los oficiales los dueños de la situación y cualquier queja se debe tramitar por la oficina de Atención a la Ciudadanía del propio Minint”, fueron las palabras de la fiscal que me atendió en Holguín, luego de muchas preguntas y pocas respuestas, siempre con frases entrecortadas, en evidente parcialismo o complicidad.

Lo peor es que ni siquiera ella estaba obligada a atenderme o darme una respuesta, pues mi queja por la incautación de mis bienes fruto de un registro, sin que medie acusación que justifique el decomiso (que tampoco se ha declarado) no les fue notificada desde el nivel municipal en Mayarí, según dijo. Es en la cabecera provincial donde se atienden las quejas contra procesos vinculados con la Seguridad del Estado y la mía no aparece.

Tras mi liberación luego de 72 horas encarcelado en Pedernales, Holguín, me presenté enseguida en la sede de la Fiscalía General de la República en Mayarí. Como mi amigo José Antonio Herrera Torres, que también fue perjudicado igual que yo, había puesto su queja previamente y mencionaba mi nombre en el registro, la fiscal no quiso abrir otra de naturaleza tan similar y unida por un mismo propósito a mi persona, contra mi actividad periodística independiente.

Unió las dos en una sola y solo tuve que firmar un documento acreditando que fui atendido. Lo hizo de esa manera, a pesar de que insistí mucho en que mi queja fuese atendida aparte, de forma independiente. Pero ella aseguró que así sería mejor tratada y comprendida. Sin embargo, al cumplirse los dos meses que, según la Fiscalía, es el plazo en que deben tomar decisiones legales, me dicen en Holguín que mi queja “jamás les fue tramitada”.

Allí también supe que aquella diligencia de todos modos es puro teatro, que no tienen potestad legal para forzar al Minint a devolver los bienes, aunque no tengan un proceso legal en nuestra contra que involucre los objetos; que no podemos poner un abogado porque no media proceso legal y muy poco puede hacer; que solo el Minint, a través de su propia oficina de atención a la ciudadanía podría tramitar otra queja igualmente superflua.

Como constaté que no existe la ley, o el imperio de la ley, sino el del abuso de poder y la impunidad furtiva; por todo ello decidí no quejarme más por considerarlo inútil y desgastante. Aunque en ningún momento fui a la Fiscalía por creer en el sistema legal cubano, sino por puro civismo y un elemental sentido de la justicia, que no me dejaba permanecer en calma frente al atropello sufrido en fragante violación de mis derechos humanos más elementales.

Ahora más que nunca estoy convencido de que Cuba necesita cambiar y de que durante el proceso casi vamos a tener que rehacerla como nueva. ¡Son demasiadas las cosas defectuosas e injustas!