La degradación del Gobierno de Nicaragua como tiranía

Lo que pasa en el Chipote no es justicia, es represión abierta. Hay que buscar formas para que los abusos tengan consecuencias

Por Michael Reed Hurtado (Confidencial)

HAVANA TIMES – El régimen orteguista desciende de manera vertiginosa hacia la tiranía como forma de Gobierno. Sin reglas o con reglas amañadas para él y su clan, el orteguismo profundiza una forma de Gobierno que anula los derechos de la ciudadanía y los controles esenciales para ejercer el poder público.

Sin legitimidad para gobernar, el régimen recurre a otros medios para conseguir respaldos (incentivados o coaccionados) y no quedarse solo. La tiranía requiere fanáticos, vasallos, emprendedores y oportunistas.

Para conseguir ese respaldo, el orteguismo cuenta con recursos o herramientas limitadas, incluyendo: el miedo (para subordinar mediante la amenaza o el uso de la violencia), la inopia (para aislar, buscar lealtades con limosnas y promover el adoctrinamiento), y la compra (para transar apoyo mediante la repartición de riquezas, por pocas que sean, y ofrecer rentas derivadas de la expoliación de los recursos a poderosos colaboradores).

El orteguismo gobierna con manía persecutoria, como tirano que manda contra todos y que sabe que no puede quedarse solo. Para perpetuarse seguirá cambiando las reglas del juego (a su acomodo), ejerciendo dominación sin límites, y comprando colaboradores.

La represión y la irradiación del miedo continúan

El accionar represivo del régimen busca silenciar a todas las voces que no se unen al coro del orteguismo y prohibir toda acción social que no vaya por su senda. El régimen irradia el miedo y la incertidumbre a golpe de impunidad y premios para sus aliados, y de persecución y amenazas para los que se oponen.

Las acciones de comienzo de año no representan componentes nuevos en el repertorio de la práctica persecutoria y de desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua. La anulación de personerías jurídicas, los embargos y la expropiación de locales y sedes que prestan servicios sociales y comunitarios, y la imposición de castigos en contra de sus enemigos son recursos que ya conoce la sociedad nicaragüense. El patrón de conducta sí parece demostrar una intensificación, probablemente reflejo de inseguridad y debilidad.

Aunque se hable de Constitución y de leyes, el Estado-partido nicaragüense se encuentra apartado del derecho. Hoy, Ortega y su clan, gobiernan mediante la arbitrariedad, sin noción de lo público y con un aparato estatal completamente cooptado e ideologizado.

Cooptación de lo público

La cooptación del complejo sistema diseñado para promover el interés público es casi total. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se apartan de sus mandatos constitucionales y se enfilan obedientes a cumplir una misión con disfraz ideológico. Las decisiones no favorecen al interés público; todo favorece a un grupo particular: Ortega y su clan.

El rojo y negro del orteguismo engulle todo lo público. Esa curiosa manía de volar la bandera del partido en todos los actos públicos dice mucho. Las acciones del Ejecutivo son rojas y negras, el ejercicio legislativo es rojo y negro, y la justicia es roja y negra. La cosa pública no rige los asuntos de Gobierno; el Estado-partido domina toda esfera de lo público y busca, también, controlar las esferas privadas. El rojo y negro carcome y derruye.

Un ejemplo de cooptación: la no-justicia

Un claro ejemplo de la cooptación institucional, de la anulación de la independencia de los poderes del Estado y del apartamiento del derecho, lo brindan las condenas anunciadas en contra de los enemigos declarados por Ortega. Estas no son el resultado de la administración de justicia (ni recta ni chueca); son el resultado de una política de persecución. Esto no es justicia, es un ataque dirigido y premeditado contra un grupo de personas declaradas como enemigos del régimen.

El orteguismo tejió unos procedimientos hostiles y represivos que están insertos en la maquinaria del Estado-partido. Se están utilizando los medios del poder policivo y del poder judicial para perseguir y castigar a los enemigos del régimen.  Las acciones en contra de los hoy presos políticos son manifiestamente contrarias a la ley, desde los primeros actos de acecho y seguimiento en su contra hasta estas condenas y su encarcelamiento continuado.

Si quedaba alguna duda, con las decisiones que se conocen en estos primeros días de febrero de 2022, es evidente que el Estado-partido nicaragüense está completamente separado de la legalidad. Las sentencias son muestra explícita del no-derecho (reflejado en la prolongación de las detenciones arbitrarias, el uso de la tortura, la anulación del derecho a la defensa, la inexistencia de prueba que demuestre la comisión de delitos, entre muchas otras violaciones a los principios generales del derecho penal). También son reflejo del ejercicio arbitrario de violencia (mediante castigos sancionados y ejecutados por operadores del régimen).

Lo que pasa en el Chipote no es justicia, es represión abierta. Los procesos están amañados y viciados desde el inicio: no solo no respetan pautas básicas de la administración de justicia, sino que el ritual oficial que dirige el orteguismo hace parte de un patrón criminal. Como no-justicia, esas condenas políticas imparten dolor sin derecho, y hacen parte de un ataque criminal.

Romper con la pasividad y recuperar la responsabilidad

El régimen no le rinde cuentas a nadie y busca evadir todos los controles, internos y externos. Con esta receta, la degradación es segura y, eventualmente, llevará al régimen al colapso. El problema es que esa eventualidad está mediada por una demostrada capacidad de aguante y una cultivada actitud o un acostumbramiento al aislamiento y a la marginalidad, en parte, derivada del pasado guerrillero.

Lo grave es que mientras que Ortega y su clan caen, el pueblo nicaragüense sufre y sus instituciones colapsan. Reparar el daño y los lazos sociales, y restaurar la confianza social tardarán mucho tiempo: recuperar el Estado de derecho en Nicaragua puede ser cuestión de décadas. Ya que el orteguismo se muestra irresponsable, es tiempo de promover la responsabilidad activa y complementaria de otros poderes: la comunidad internacional y el sector privado.

Los aliados obvios de la comunidad internacional –países amigos comprometidos con la defensa de los derechos humanos– deben transcender el campo de la observación pasiva y la condena moral, y avanzar en la diplomacia y la aplicación del derecho internacional público. Igualmente es responsabilidad de todos los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas. El compromiso con los derechos humanos no puede ser un saludo a la bandera; hay que recuperar las obligaciones y el régimen de corresponsabilidad en su protección.

Es hora de hacer valer el principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos: la soberanía limitada.  En ningún Estado nación, el poder público es absoluto; la conducta de las organizaciones y los agentes estatales en relación con las personas bajo su jurisdicción encuentra límites en el derecho internacional de los derechos humanos. Se trata de un principio general de derecho internacional que todos los Estados reconocen y que los obliga. La soberanía no es absoluta, y la comunidad internacional debe hacer valer ese principio ante la evidencia de las violaciones flagrantes a los derechos humanos que comete el régimen nicaragüense.

Por otro lado, hay otro sector que debe sumarse al ejercicio de responsabilidad en relación con la protección de los derechos de la ciudadanía nicaragüense: el sector privado (nacional e internacional).

Como se dijo anteriormente, el régimen necesita aliados y colaboradores para permanecer. No lo puede hacer solo. Una de las maneras que mantiene colaboradores es mediante el favorecimiento de empresas que incrementan sus utilidades en territorio nicaragüense. Explotar los recursos nicaragüenses y hacer ganancia de acuerdos derivados con un régimen criminal tienen consecuencias. Esas empresas no pueden argumentar ignorancia: su apoyo continuado al régimen es cómplice con la ilegalidad y la arbitrariedad. Su ejercicio activo de responsabilidad debería llevarlos a romper vínculos con el Estado partido nicaragüense.

A manera de ejemplo, las compañías canadienses, colombianas y australianas involucradas en la explotación aurífera conocen quien es su socio. La prolongación de los lazos de colaboración o de beneficios mutuos los hace cómplices en la transgresión legal y los expone a responsabilidades en sus respectivos regímenes (en casos concretos).  Es hora de tomarse en serio el famoso régimen de la responsabilidad empresarial.

Como el régimen continuará amañando las reglas del juego, hay que buscar formas para que sus abusos tengan consecuencias. Por un lado, la comunidad internacional no puede permanecer pasiva frente al apartamiento del derecho en Nicaragua. Por otro lado, el sector privado debe cortar los lazos colaboracionistas con un régimen criminal y saqueador.  No se trata de recetas mágicas ni respuestas absolutas; sin embargo, pasos concretos en este sentido pueden ser una contribución a la protección de valores básicos de la humanidad y a la recuperación de la responsabilidad en las relaciones internacionales.

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