La calidad de los diputados cubanos

Marlene Azor Hernández

HAVANA TIMES – En Cuba no existen las carreras universitarias de Ciencias Políticas ni Administración  Pública. Algunos postgrados de Administración Pública impartidos por profesores de Economía y Derecho pretenden entrenar a los funcionarios públicos en gestionar una institucionalidad heredada de la antigua Unión Soviética. Una institucionalidad que demostró su disfuncionalidad y fracaso en lo que significa el objetivo de toda función pública: generar bienestar y satisfacción en la población frente a los conflictos sociales que emergen por razones de violación o no respeto de sus derechos.

En un reciente informe del 2016 de la Cátedra de Administración Pública de la Universidad de La Habana que imparte posgrados, los investigadores constataban que la gestión pública a nivel del municipio no funcionaba. Sin embargo, no encontré las contradicciones del sistema institucional con la existencia y gestión del nivel municipal. Me refiero al orden institucional establecido como el obstáculo fundamental a la existencia y funcionamiento del municipio. La centralización y subordinación del Estado a un partido único, por la Constitución, es el eje central de los obstáculos a cualquier tipo de descentralización. Esa es la institucionalidad soviética.

A propósito de las Comisiones de Candidatura, leí un artículo en Cubadebate en el que los foristas analizaban esas comisiones como obstáculos en la elección de los candidatos que llegaban a convertirse en diputados. El principio de selección que utilizan esas comisiones, nada tiene que ver con el desempeño probado en la gestión pública.

Así, los nominados pueden ser un obrero ejemplar de la industria básica, una deportista retirada con altos méritos revolucionarios, una médico renombrada y un músico de calidad, pero todos carecen de un conocimiento de la gestión pública internacional ni nacional. El entrenamiento para la gestión pública puede ser un cursito rápido que no les explique la disfuncionalidades del sistema, y les diga groso modo cómo está organizada la institucionalidad cubana.

Los nuevos diputados llegan para aprender en la práctica en cada sesión cómo funciona el Parlamento cubano. Los viejos diputados ya aprendieron la rutina, pero no tienen otro referente que el que han vivido: aplaudir cada decisión del Consejo de Estado y aprobar cada informe Ministerial y cada decreto de ley adoptado entre sesión y sesión del Parlamento.

No son ni políticos ni administradores profesionales, son el pueblo desconocedor de la función pública que dos veces al año van de espectadores ante los ministros y a escuchar las orientaciones del Consejo de Estado, para regresar a sus casas solo con la satisfacción de haberse quejado de la desatención hacia su localidad, en el mejor de los casos.

En la última sesión del Parlamento, en julio de este año, se reflejaron estos dos aspectos en las intervenciones de todos los delegados. Por una parte, las quejas de los diputados que representan sus territorios, un 50% de los diputados, por los problemas económicos y sociales no resueltos, por otro, una serie de intervenciones de adhesión acrítica de los informes presentados por los ministros y una alabanza a las políticas adoptadas, aunque las consecuencias de “la lucha contra el enriquecimiento” hayan sido la adopción de medidas y decretos leyes altamente negativos para la producción de bienes y servicios del sector no estatal de la economía, el más dinámico, y para los consumidores, aumentando la escasez de estos y la elevación de precios.

Decía uno de los foristas de Cubadebate que los ministros no pueden formar parte del Parlamento porque son jueces y parte, eliminando la posibilidad de una evaluación real de sus gestiones. No hay contraparte. Otro forista señalaba que los ministros iban al Parlamento no a rendir cuentas, sino a dar conferencias magistrales de lo que piensan ellos mismos de sus ministerios.

Esa arrogancia de los ministros, que existen para servir a la población y no para enaltecer sus cuestionables gestiones, es el resultado de la falta de control popular a través de la prensa oficial y de unas normas ausentes para la contrapropuesta de los diputados y para la propuesta de iniciativas de ley por parte de ellos, alejados de la función pública nacional que visitan Lla Habana cada seis meses por algunos días al año.

Desconocimiento de la función pública eficiente, frente a un referente disfuncional -de la institucionalidad soviética y/o china ahora- es la base de que el Parlamento haya perdido toda función de gestión y de transformación de la institucionalidad vigente, por eso, otro forista agregaba que pese a una mayor cobertura de la prensa en cuanto a los que discutían los delegados al Parlamento, los problemas se repiten y no tienen solución de un año a otro y así, en el último medio siglo.

Si queremos tener una institucionalidad que responda a los objetivos de su función pública debe ser al margen del tipo de partido político que se encuentre en el poder. Esa es la solidez institucional que han alcanzado los países más desarrollados, de mayor prosperidad y altos IDH. Excluyo a China por sus 800 millones de ciudadanos pendientes para salir de la pobreza. Las políticas chinas no son inclusivas, sino altamente excluyentes.

Mientras no se cambien las leyes, las normas de funcionamiento de la institucionalidad vigente y se puedan proponer las políticas públicas que demanda la población, seguiremos en el círculo vicioso de un Parlamento “florero”, cuyos integrantes viajan a La Habana cada seis meses en una excursión de espectadores pasivos frente a los decisores, y por algunos días del año.