El Tribunal Supremo de Venezuela Valida Elecciones Robadas
Esperado por todos, el anuncio de hoy intenta cerrar la puerta a cualquier impugnación y dejar a Maduro en el poder hasta 2031.
Por Circles Robinson
HAVANA TIMES – El Tribunal Supremo de Venezuela completó hoy las órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien les pidió que lo proclamaran presidente reelecto en las elecciones abiertamente fraudulentas del 28 de julio, cuando perdió con un margen aplastante de 67-30%, pero fue declarado ganador.
Esperado por todos los involucrados, el anuncio de hoy intenta cerrar la puerta a cualquier impugnación y dejar a Maduro en el poder hasta 2031. La principal líder opositora, Marina Corina Machado, el candidato Edmundo González y todas las demás voces que denuncian fraude, están siendo amenazados con enjuiciamiento por “fascismo y terrorismo”, cargos que el presidente usa contra cualquiera que desafíe su autoridad.
Reunida después del anuncio de la Corte Suprema, la Plataforma Unitaria Democrática dijo: “La legitimidad electoral no se gana con decisiones judiciales, sino con auditorias y transparencia, de la mano de la ciudadanía y organizaciones políticas junto al CNE, conforme a la ley. Proclamar un ganador sin cumplir con los requisitos legales no garantiza legitimidad”.
La campaña del candidato opositor Edmundo González publicó su copia de las actas firmadas y selladas con los resultados detallados de cada centro de votación un día después de las elecciones. Ahora, 25 días después, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado, ni auditado, los resultados detallados como lo exige la ley. La noche de las elecciones, el presidente del Consejo Electoral proclamó a Maduro como el ganador indiscutible, supuestamente basado en sus resultados parciales.
Para el 29 de julio, los únicos observadores electorales internacionales invitados, el Centro Carter, junto con una misión de observación de la ONU, habían solicitado al Consejo Electoral que publicara los resultados detallados de cada centro de votación. Numerosos gobiernos en América y Europa, incluidos varios aliados de Maduro, repitieron esa solicitud, dejando en claro que no podían considerar a Maduro como el ganador sin la prueba que respaldara su victoria.
En los días que siguieron, varios medios internacionales y analistas electorales, incluidos expertos en datos, confirmaron la validez de las actas publicadas por la oposición después de que la mayoría de los testigos de los centros de votación recibieran su copia en las mesas electorales la noche de las elecciones, como lo estipula la ley.
Al principio, Maduro dijo que publicaría los resultados detallados en unos días. Luego, Jorge Rodríguez, su jefe de campaña y presidente de la Asamblea Nacional, dijo que no había necesidad de publicar las actas de los resultados de votación en absoluto.
A medida que pasaban los días, Maduro decidió pedir a sus magistrados del Tribunal Supremo, quienes apoyaron su candidatura, que dieran la última palabra, eludiendo el deber del Consejo Electoral de publicar los resultados detallados y realizar la auditoría habitual de esos resultados. Hoy, 22 de agosto, dijeron que, efectivamente, Maduro había ganado con el 51,95% de los votos, como había sido proclamado por el Consejo Electoral la noche de las elecciones.
Las protestas ciudadanas que siguieron a la declaración fraudulenta de la reelección de Maduro la noche del 28 de julio llevaron al gobierno a enviar a la policía y a paramilitares a las calles, con un resultado, según ellos, de 25 muertos, cientos de heridos y más de 2,400 manifestantes arrestados y acusados como “terroristas” por no reconocer la elección robada.
La batalla por una transición pacífica del gobierno de Maduro a la oposición victoriosa apenas comienza. Si la fuerza hace la razón, Maduro probablemente pueda mantenerse aumentando la represión. Sin embargo, ahora sabe que es extremadamente impopular en todos los sectores de la población, algo que su arrogancia no le había permitido considerar antes de las elecciones.
El ejemplo de lo que ha sucedido en Venezuela también es una señal de alarma para otros países donde los poderes electoral, judicial y legislativo están, o podrían estar, totalmente controlados por el ejecutivo.
Más temprano que tarde tendrán que soltar el poder, pero la presión internacional también es decisiva.