Descifrando la solución a la crisis de Nicaragua (Parte II)
Hacia una solución negociada
Por Raúl K. Bautista
HAVANA TIMES – Algunos organismos internacionales de derechos humanos y cancillerías de países miembros de la OEA y de la Unión Europea consideran que “el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua aún puede revertirse y restablecerse el respeto por el Estado de Derecho”. (Actualización oral sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua, 20 de junio de 2024, 56ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU).
Por tal valoración, la búsqueda del retorno a la democracia y para poner fin a las violaciones a los derechos humanos, la Unión Europea, EEUU, otros gobiernos, la OEA, y otras instancias internacionales, continuarán haciendo llamados para que el régimen Ortega-Murillo busque una solución negociada, y apoyarán “cualquier perspectiva de diálogo nacional significativo… (y continuarán) insistiendo en unas condiciones sine que non para el diálogo”. (Resolución del PE del 15 de junio del 2023).
Una negociación entre Ortega-Murillo, Estados Unidos y sectores de la oposición, como ha sido sugerida, es posible. Al día siguiente de la liberación de los 222 presos políticos, el Secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó al canciller Denis Moncada y discutieron la situación de los prisioneros y “la importancia de un diálogo constructivo.” Sin embargo, asesores de Trump consideran que, si gana las elecciones no negociará con Nicaragua y, si lo hace Biden, continuará con otras prioridades de política exterior. De todas maneras, la convocatoria a una negociación la debe hacer el régimen nicaragüense.
La decisión estratégica de los Ortega-Murillo de transitar del autoritarismo al totalitarismo es en sí negar cualquier posibilidad de negociación que signifique solucionar la crisis sociopolítica. Simplemente anula la negociación, porque lo esencial es mantener el poder. Por eso los sistemas totalitarios neutralizan a todos aquellos que los cuestionan y eliminan a sus opositores. Persuadidos o no de esa tesis, la oposición no puede ni debe renunciar al diálogo y la negociación. Hay que poner oídos sordos a neófitos analistas políticos autoconsiderados expertos infalibles, que situados en pedestales morales, ven una negociación con Ortega como acto iluso, falla moral y traición a la lucha azul y blanco.
Para finalizar las guerras y acabar con sistemas o regímenes violadores de los derechos humanos, es necesaria la negociación, la herramienta moderna más utilizada para solucionar de manera pacífica controversias y barbaries. Algunos ejemplos: el Congreso Nacional Africano negoció con Frederick De Klerk el fin del Apartheid y elecciones libres en África del Sur; los combatientes de Timor del Este, en su lucha por la independencia, negociaron con las tropas de ocupación del ejército indonesio después que este había masacrado más de 88 mil personas; y Ucrania entró a un proceso de negociación con Rusia pocos meses después de la invasión.
Oposición dividida y fragmentada
Aunque es poco probable que los Ortega-Murillo convoquen a una negociación, puede ser que sean forzados a hacerlo y la oposición debe prepararse. Se ha sugerido que sus representantes sean los que se han mantenido más beligerantes después de la crisis del 2018, porque está “dispersa y sin rumbo”. ¿Quiénes y cómo serían seleccionados sus interlocutores en una negociación?
Previo a noviembre 2021, sectores periféricos opositores centraban sus implacables críticas destructivas contra protagonistas, líderes y organizaciones (Alianza Cívica y UNAB), surgidos de la Insurrección de Abril. Ahora, cada vez que emerge un grupo, coalición o plataforma inclusiva, que puede aglutinar amplios sectores dentro y fuera del país y contar con apoyo internacional, es saboteado por otros radicalizados o sectarios de la oposición, con apoyo de algunos periodistas independientes. Si eso no funciona, tiene que ser dinamitada desde dentro, creando divisiones, secciones o bloques.
Se han expandido y agudizado discrepancias generacionales, ideológicas o históricas contra un proceso de unidad. Manuel Orozco —politólogo y director de programa de Diálogo Interamericano— señaló que el resentimiento y desconfianza entre sectores de la oposición son diferencias irreconciliables para forjar la unidad. El revisionismo histórico “se usa con la intención de dividir, afianzar una posición de control y promover revanchas políticas”. El reduccionismo histórico —enfatizó—, debe dejarse de lado y “neutralizar el revanchismo político de la causa política”, porque desvían la atención de la lucha contra la dictadura.
En la recién finalizada 54ª Asamblea General de la OEA, en Paraguay, había al menos tres o cuatro delegaciones de la oposición, cada una haciendo trabajo de incidencia y jalando agua a su molino, sin haber ni siquiera dialogado previo a su participación, sin coordinar ni interactuar entre ellas. Si persisten en este tipo de comportamientos y fragmentación, la unidad necesaria para enfrentar con éxito a la dictadura se dará en cinco o diez años, quizá cuando la dinastía esté consolidada. Sin unidad, después del fin de la Guerra Fría, ninguna oposición o grupos de opositores en el exilio logró sacar del poder a un dictador.
Ya que la unidad es elusiva a corto y mediano plazo, ¿qué puede hacer la oposición para alcanzar, aunque sea un mínimo de coordinación y aprovechar cualquier salida cívica a la crisis que se presente, como un diálogo o las elecciones presidenciales del 2026?
Elecciones presidenciales del 2026
Prominentes miembros de la oposición coinciden en que las elecciones, programadas bajo la Constitución para noviembre 2026, pueden ser aprovechadas para ejercer “suficiente presión interna y externa” y lograr que sean limpias, justas, transparentes y competitivas. Actualmente no hay condiciones, pero se deben hacer esfuerzos para crearlas y tener la posibilidad de una transición democrática. Nadie se está engañando. No se participará en un proceso electoral que mantenga condiciones de fraude. “Lo importante —dicen—, es crear (las condiciones) y (abrir los) espacios políticos para hacer lucha política”.
Desde el 2008 —algunos dirán 2006—, hasta noviembre 2021, la dictadura mantuvo una apariencia democrática y usó el fraude electoral para preservar el poder. Esas elecciones fueron pantomimas nada democráticas y su resultado fue un gobierno ilegítimo. Daniel Ortega no quiere volver a perder el poder, por eso no permitirá elecciones justas, libres y transparentes. Por tal motivo ha eliminado a toda la oposición política (encarcelándolos o exiliándolos), pero aún necesita aparentar, como hacen Rusia y hasta cierto grado China. Convocará a elecciones para 2026, que como señaló la OEA en 2021, no contarán “con garantías mínimas de imparcialidad, equidad, libertad y transparencia”.
Las elecciones del 2026 pueden ser aprovechadas para cabildear por un endurecimiento de las sanciones, mayor apoyo a la oposición, aislar más a la dictadura y persuadir a gobiernos en las Américas y Europa a usar todos los mecanismos posibles para sacarlos del poder, y organizar, motivar e incentivar la movilización del pueblo opositor a lo interno del país, subyugado por el terror de un Estado policial.
¿Sucesión dinástica?
Otra posible apertura a una solución a la crisis —dijo el exgeneral Humberto Ortega—, es que, en caso de fallecer el dictador, el Ejército de Nicaragua, en coordinación con la Policía Nacional, convoquen a un proceso electoral, incluso al del 2026. Según su criterio, nadie en el grupo de poder, en las estructuras gubernamentales o del partido, tiene la influencia o posibilidad de continuar ese proceso, porque sólo Daniel Ortega es el “líder histórico”, con créditos en la lucha sandinista. Ni Rosario Murillo ni sus hijos “tienen el acumulado de la lucha política”. Pero ese escenario es poco probable. El Ejército y la Policía están bajo el control total de Murillo. Investigaciones a nivel mundial revelan que, un año después de la muerte de un tirano, en el 90% de los casos “la estructura de poder continuó. No hubo ningún desplome, ningún derrumbe, ninguna crisis relevante” —afirmó Julio López Campos en entrevista a Confidencial.
El exgeneral aparenta ignorar que Rosario Murillo lidera ese grupo en el poder que él llama “extremistas”, que ha optado por “el camino totalitario” e implantado “un régimen policiaco”. Ella fue acaparando poder desde el 2007, y aseguró la sucesión presidencial al asumir la vicepresidencia y poner bajo su mando todas las instituciones e instancias administrativas y gubernamentales; aniquiló al partido Frente Sandinista, y descartó y aisló a sandinistas y combatientes históricos que quedaban después del significativo desgrane de la intelligentsia, de exfuncionarios del Estado y del FSLN a principios de los años 90.
Y bajo su control lo convirtió en un partido al servicio de su familia. Asimismo, ha impuesto el terror dentro de las estructuras partidarias y gubernamentales, al punto de que excomandantes sandinistas tienen miedo de pronunciarse sobre la actual situación y el mismo Humberto Ortega tiene casa por cárcel y está incomunicado por haber dado una entrevista a Infobae. Rosario Murillo dará continuidad al régimen y seguirá en completo mando y control ante la muerte del tirano.
Somoza no pudo establecer a su hijo —dijo el exgeneral—, lo cual es cierto de Somoza Debayle, pero no de Somoza García. Esta aseveración coincide con la mencionada por algunos sectores de la oposición, en el sentido que Ramfis Trujillo no pudo asumir el poder en República Dominicana después del asesinato de su padre. Pero, las circunstancias han cambiado. Nicolás Maduro era chofer de buses y dirigente sindical, pero fue capacitado por los cubanos y ha logrado permanecer en el poder por once años. Laureano Ortega Murillo ha sido entrenado para tomar el poder y ha estado a cargo de inversiones, comercio internacional y es el responsable de las relaciones con Rusia y China, los únicos países que verdaderamente le interesan al régimen. Él asumirá el poder ante el fallecimiento de su madre, la tirana.
Un régimen totalitario no es “viable”
Los escenarios analizados son poco alentadores, porque no se visualiza una solución a la crisis a corto o mediano plazo. Sin embargo, los nicaragüenses debemos tener la esperanza y plena convicción de que el régimen Ortega-Murillo está destinado al fracaso y no es viable en nuestro país. Sistemas totalitarios, tipo estalinista —dijo George F. Kennan (diplomático estadounidense e ideólogo de la política de contención hacia la URSS)—, contienen en sí mismos las semillas de su destrucción. El régimen no tiene base social ni significativos logros socioeconómicos. Es rechazado por la mayoría de la población, la cual no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país.
Por lo general, los regímenes totalitarios caen de dos maneras: por la vía de las armas, ya sea una invasión externa o una rebelión interna armada, o una combinación de ambas; o por transiciones pacíficas hacia sistemas menos totalitarios o la democracia. También pueden caer por un severo deterioro o colapso de la economía. Según expertos, después de la Segunda Guerra Mundial los regímenes totalitarios han sucumbido a una combinación de descontento interno y presiones externas. Ambas están a la mano y dentro de las capacidades de la oposición nicaragüense. El dictador Daniel Ortega y los que lo rodean han sido advertidos sobre los riesgos que corren. Si hacen caso omiso, verán que serán obligados a hacer algunos cambios, como negociar la transición hacia la democracia o caer.
El régimen totalitario Ortega-Murillo, dispuesto a imponer una dinastía similar a Corea del Norte en las Américas es inaceptable. Es, además, un Estado renegado que desconoce el derecho internacional. Los países occidentales reconocen que el equipamiento militar y la presencia militar rusa en el país, así como los acuerdos y memorándums firmados entre ambas naciones, prueban la estrecha relación o alianza entre ellos y el apoyo común que se profesan, lo cual es una amenaza para la seguridad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos.