Defiéndanse, pero contra mis enemigos

Rogelio Manuel Díaz Moreno

HAVANA TIMES — Un nuevo corto audiovisual presenta, al ciudadano cubano, a proyectarse más activamente ante lo que se puede apreciar como maltrato en determinadas instituciones del Estado.

Toda la trama ocurre en el salón de espera de una institución indeterminada, donde una secretaria “guarda” el orden. Ante ella, un grupo de personas aguarda, presumiblemente, para realizar alguna gestión burocrática. Algo raro se aprecia en sus rostros, que tienen la boca borrada.

Una persona aparece por el fondo y hace entrega de un paquete a la secretaria. Obviamente, un soborno que le abre las puertas a la solución de su problema. Tan solo una persona de entre los que aguardan, único que no aparece con la boca borrada, se activa en contra de la alteración. Frota los rostros de los demás, lo que les devuelve a la normalidad. Los rescata así de la condición de ciudadanos indefensos al abuso, y pareciera triunfará al fin la justicia.

Cuánta desfachatez.

La tesis subyacente de este corto es que la principal causa del maltrato es la indolencia de los funcionarios de menor rango. Que el deterioro ocurre en el piso más bajo de la pirámide verticalista del sistema cubano, y que los ciudadanos interesados tienen el poder y el deber de arreglar el problema.

Algo similar he visto publicado, respecto al tema de los timos a los consumidores en diferentes mercados de alimentos o mercancías industriales. La prensa oficialista insiste en que lo único que debe hacer el consumidor, para resolver su problema, es defender sus derechos a ese nivel.

Solo que no es así.

Supongamos que la secretaria, y el resto de los funcionarios cumplieran disciplinadamente su papel, en el último eslabón de la cadena institucional, sin aceptar sobornos o componendas. Los ciudadanos seguirán bastante indefensos frente a la parafernalia de leyes, resoluciones, circulares, prohibiciones, regulaciones, etcétera, que enyugan sus vidas con todo el peso de una  burocracia totalitarista.

Añadamos a esto que los ciudadanos acuden a cada uno de estos lugares, a sabiendas de que tratan con “poderes superiores”. Que van a intercambiar con la fuerza del Estado, que siempre tiene la razón. Que las estructuras formalmente previstas para la reclamación contra abusos, están a cargo de los mismos intereses responsables por los abusos en primera instancia.

La tesis subyacente de este corto es que la principal causa del maltrato es la indolencia de los funcionarios de menor rango. Que el deterioro ocurre en el piso más bajo de la pirámide verticalista del sistema cubano, y que los ciudadanos interesados tienen el poder y el deber de arreglar el problema.

Enfrentarse personalmente al funcionario que tiene las llaves de la solución de tu problema es, entonces, una mala idea. Para colmo, los dolientes que acuden a la oficina no se reconocen entre sí, no se tienen por tanto confianza. Pueden imaginar, perfectamente, que los demás harán lo que puedan por resolver egoístamente su problema.

Están atomizados, divididos, más allá del intercambio o el diálogo intrascendente o hasta indignado, frente a un abuso que se sufre en común. Es exactamente igual al dilema del prisionero. Y es el resultado de la imposición de un sistema donde predomina el más fuerte, desde una posición de poder establecida, o fomentada, o permitida por la gestión del mismo Estado.

Los funcionarios de la burocracia, los vendedores y administradores de mercados, los decisores ene temas de Vivienda, Comunicaciones, Salud, Educación, Empleo… manifiestan por demás una notable unidad. Por el contrario, las posibilidades de “resolver” mediante amistades, sobornos, etcétera, tienden cuñas de desunión entre los desiguales estratos de solicitantes, usuarios, clientes, estudiantes, pacientes…

El héroe que saca en el mercadito su pesa para comprobar la mercancía es mirado con asombro y preocupación por posibles represalias. La persona trabajadora teme alzar la voz en el puesto de trabajo.

El infeliz que no conoce a nadie ni tiene un peso para regalar un cucurucho de maní, languidece tras décadas de gestiones para que el sistema, al que ha dedicado una vida de trabajo, le arregle la azotea de la casa en peligro de derrumbe. Si acaso, alguien envía una carta a un medio de prensa, que la pública con gran alharaca. Esto, en ocasiones, tiene la capacidad de generar una reacción puntual, pero no amenaza la continuidad del problema.

Ah, pero qué distinto sería si los consumidores, estudiantes, pacientes, solicitantes, no tuvieran reparos en acudir a una asociación de defensa de sus derechos. O fundarla, cuando lo que exista no satisfaga sus necesidades.

Una red, o más de una, auto organizada por los interesados, horizontal y democrática, con el reconocimiento jurídico legítimo en cualquier sociedad que se precie de democrática. Independiente de los poderes del Estado-Gobierno, solo obediente al interés de la población, que es el interés de la nación.

Ah, pero qué distinto sería si los consumidores, estudiantes, pacientes, solicitantes, no tuvieran reparos en acudir a una asociación de defensa de sus derechos. O fundarla, cuando lo que exista no satisfaga sus necesidades.

No sería el bálsamo milagroso cúralo todo, pero la protección de los derechos de los ciudadanos tendría mucho que ganar con ese tipo de estructuras. Su actuar, a través de debates, reclamaciones, negociaciones o conflictos legales cuando no quede otro camino, obligaría a replantear las condiciones de atención a los trajinados de hoy.

Condiciones que irían más allá del mero tramitar de una cuestión o mecanismo burocrático: se produciría el cuestionamiento mismo de la validez de esos mecanismos agobiantes, que restan libertad a la persona. Las instituciones del Estado-Gobierno tendrían que empezar a escuchar y acatar las voluntades populares, en cuanto a acercar la solución de los problemas de la vida cotidiana, en vez de fabricar otros.

Por supuesto, que unas estructuras así están muy lejos de los intereses de unos estratos autoritarios interesados en mantener y perfeccionar su privilegiada situación. Tal amenaza es inadmisible. ¿La ciudadanía se encuentra insatisfecha por el nivel de los servicios que la acompañan? Eso también es una amenaza para las altas autoridades, pero no tanto como el empoderamiento de la ciudadanía. De eso nada.

Que se desgaste el ciudadano, luchando desnudo contra el tenderillo y el inspector corrupto. Y así se matan dos pájaros de un tiro, porque ese inspector sobornable y ese tenderillo también perjudican la placidez y las rentas de los grandes poderes. Defiéndanse, ciudadanos, parecen decir. Pero, cuidadito: solo contra aquellos que también me representen problemas a mí; nunca contra mí.

Por suerte, esto no podrá ser siempre así.