De la disidencia a la oposición: el camino a Villa Marista

Foto: Protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana

Por Eloy Viera Cañive (El Toque)

HAVANA TIMES – Para Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, los opositores son aquellos que adoptan abiertamente una postura contestataria y política contra el Gobierno. Mientras que los disidentes son aquellos que experimentan un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobierno porque obstaculiza sus necesidades básicas y aspiraciones de prosperidad. El disidente tiende a no expresarse públicamente a menos que crea que esto le ayudará a obtener alguna demanda específica. No obstante, si su situación es angustiosa, a menudo pasa de la queja privada a la protesta pública.

Sin embargo, en regímenes totalitarios como el cubano, donde la disidencia es amplia y la oposición está desarticulada y diezmada, los aparatos represivos no establecen diferenciación entre disidencia y oposición. Para el régimen, su propaganda y su policía política, los disidentes y los opositores son “enemigos de la Revolución” y merecen el mismo trato. Pueden haber variaciones que dependen de la visibilidad de la persona, la capacidad de articulación y la percepción de riesgo que experimente el propio sistema.

Esa es una conclusión que en los últimos días ha quedado nuevamente demostrada. A una intelectual cubana como Alina Bárbara López Hernández —que desde hace bastante cruzó la franja de la disidencia— la detuvieron arbitrariamente por espacio de algunas horas, la violentaron y luego la enviaron a casa.

El 27 de abril de 2024, un grupo de disidentes sociales fue condenado por el régimen cubano a penas de hasta quince años de prisión. Estos disidentes decidieron salir a las calles de Nuevitas, Camagüey, durante una ola de apagones en el verano de 2022. Los jueces cubanos utilizaron delitos de profunda carga política para validar sanciones determinadas por otros. Los delitos empleados para justificar la prisión que hombres y mujeres de Nuevitas han sufrido durante casi dos años demuestran que, para el régimen cubano, los disidentes y opositores son considerados enemigos.

Dentro del catálogo de delitos aplicados a los manifestantes de Nuevitas, destacan la propaganda enemiga y la sedición. El régimen cubano entiende que las expresiones contestatarias de hombres y mujeres son “propaganda” impulsada por “enemigos”. La protesta es un acto que atenta contra los poderes de un Estado que ha sido secuestrado por la burocracia y la clase política que ha crecido económica y políticamente en torno al partido comunista.

Al conocer de la sentencia contra los manifestantes de Nuevitas, el Observatorio Cubano de Derechos emitió una nota de prensa en la que resalta la idea de que todas las sanciones de los encartados suman 138 años de cárcel. La organización reconoció además que la sentencia es una demostración de “un odio al pueblo cubano que no tiene compasión con nadie y que no escucha ni siquiera el gran número de peticiones en favor de los presos políticos y de conciencia, incluidas las de la Iglesia Católica”.

Ciertamente, las sanciones demuestran odio contra personas que han optado por desafiar la obediencia monolítica que exige el régimen cubano. Y a los efectos de determinar posibles responsables más allá de las caras visibles de la cúpula del castrismo, hay que decir que ese odio se gesta y se ejecuta por una fuerza de esbirros que se concentra en un departamento del Ministerio del Interior conocido como Seguridad del Estado.

Son ellos quienes deciden cuándo, dónde y cómo detener a una intelectual como Alina. Son ellos quienes determinan cómo y en qué condiciones exponer a los manifestantes de Nuevitas en la televisión nacional, así como las penas que debían imponerles. Son ellos quienes deciden cuándo pasar de las medidas “profilácticas” a la prisión en los casos de periodistas independientes como José Luis Tan Estrada.

Tan Estrada, graduado de periodismo por la Universidad de Camagüey, llevaba varios días siendo citado e interrogado por los órganos de la seguridad del Estado en su provincia. El 26 de abril de 2024, se trasladó a La Habana, donde fue detenido y trasladado directamente al cuartel general de la Seguridad del Estado: Villa Marista.

Han pasado más de 72 horas desde que Tan ingresó a Villa Marista, lo cual es una señal alarmante. Ese lugar no está destinado para albergar las detenciones de corta duración que con tanta frecuencia utiliza el régimen cubano contra periodistas y opositores cubanos. Villa Marista es un centro de tortura y procesamiento cuya misión es quebrar al disidente u opositor antes de enviarlo al sistema penitenciario o hacerlo desaparecer de la escena cubana.

Heberto Padilla estuvo varios días en Villa Marista, y tras su liberación hizo una confesión pública que marcó un hito en la historia de la censura cultural en Cuba. El artista plástico Hamlet Lavastida, al regresar a Cuba, fue detenido en un centro de aislamiento y enviado a Villa Marista, donde permaneció más de 80 días. Su liberación estuvo condicionada a salir definitivamente de Cuba, lo cual facilitaron sus propios carceleros. Sulmira Martínez (conocida como Salem de Cuba), una joven de apenas 21 años, estuvo presa en Villa Marista por escribir varios posts en Facebook criticando al régimen cubano y llamando a la ciudadanía a protestar. Después de interrogatorios y confesiones forzadas, fue trasladada a una prisión de mujeres, donde aún espera juicio.

Villa Marista simboliza cómo el régimen cubano percibe la disidencia: un virus que debe erradicarse porque sus portadores no son personas, sino agentes patógenos capaces de transmitir la “enfermedad” de la oposición.

Para el régimen cubano, todos los caminos de la disidencia y la oposición conducen, más tarde o más temprano, a Villa Marista. Sin embargo, para la ciudadanía, los caminos que llevan a la deshumanización y la tortura nunca deberían ser normalizados.

Informar no es un delito. Disentir, mucho menos.

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