De decretos y mamotretos

Foto: Juan Suárez

Por Ronal Quiñones

HAVANA TIMES – Las protestas masivas del pasado 11 de julio dejaron varios efectos. Los más notables fueron los sociales, el despertar de una conciencia, y la prueba fehaciente de un Gobierno que está dispuesto a todo para perpetrarse en el poder.

Esto último se hace de varias maneras, la más violenta se vio en esos días, pero hay otras que vinieron acompañadas de un manto de legalidad, con la de los Decretos 35, 42 y 43, sobre las telecomunicaciones, y el 41, sobre la creación de un nuevo Ministerio de Información.

Con las primeras medidas todo apunta a una mayor restricción de la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios.

Entre otras cosas, establece que los proveedores de telecomunicaciones (en este caso el único, Etecsa), puede interrumpir, suspender o cancelar sus servicios a usuarios que publiquen información “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y “el respeto al orden público”.

Además, la normativa indica que los proveedores deben proporcionar a los organismos de seguridad las “facilidades técnicas y los servicios que requieran” y al Ministerio de Comunicaciones “la información que este determine”, evidentemente para saber quién y cómo utiliza sus medios de comunicación, y para, de ser necesario, denunciarlos públicamente. 

Por supuesto, también aborda la respuesta gubernamental ante “incidentes de ciberseguridad”. En este punto, además de lo que todo el mundo coincide sobre el tema, se agrega la “divulgación de noticias falsas”, la “difamación con impacto en el prestigio del país”, y los mensajes que inciten a movilizaciones o promuevan la indisciplina social o que menoscaben la fama de una persona, léase los dirigentes.

El objetivo es claro ante la avalancha de videos que salieron a la palestra pública luego de restablecerse la Internet en el país tras las movilizaciones, en las primeras jornadas para denunciar la violencia policial, y luego para denunciar también las condiciones en centros hospitalarios.

Vale mencionar que, a diferencia de legislaciones de ese corte aprobadas en otros países del mundo, la pornografía es considerada una violación de nivel medio, mientras que “alterar el orden público y promover la indisciplina social” (lo cual de por sí es un término bastante vago), es de una peligrosidad “muy alta”. La medida ya se aplicaba a algunos artistas y disidentes, pero ahora, con carácter de Ley, le puede ocurrir a usted o a mí, que quizás solamente pensamos diferente.

Esta nueva Ley mordaza tiene también efectos internacionales. El primer ejemplo, que no deja de ser sorprendente, fue la “reprimenda” pública del canciller Bruno Rodríguez al embajador británico en Cuba, Antony Stokes. Rodríguez denunció el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos y los juicios sin el debido proceso. Sin sospechar que lo atacarían con esa misma moneda, Stokes criticó en twitter la censura incorporada en el Decreto Ley 35.

Pero hay más, en su artículo 22 regula que la “aprobación para la operación de redes y prestación de servicios públicos de telecomunicaciones corresponde al Gobierno, quien otorga concesiones administrativas o autorizaciones que permiten su operación y prestación por personas jurídicas y naturales”. Es un evidente mensaje a la Administración Biden, que buscaba una vía para ofrecer Internet libre a los cubanos.

Como queda bien claro, cualquier intento de proveer a los habitantes de este país con servicio de telecomunicaciones, tiene que pasar por la aprobación del Estado, así que adiós también a esa idea de los demócratas.

En tanto, el decreto 41 indica la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, que viene a sustituir el ICRT, del cual hereda su objeto básico de reunir a todos los medios de radio y televisión para sumarles ahora los escritos y digitales, a los cuales controlará a partir de ahora.

Teóricamente parece no haber cambio, pero el refuerzo en el control va contenido en sus líneas. De más está decir que estos decretos no fueron aprobados en el Parlamento, ni siquiera para maquillar su legitimidad.

Esto se hizo evidente en varios medios de comunicación cuando sus trabajadores fueron informados de que serán responsables de lo que publiquen en todas las redes sociales, y no solo las institucionales.

 O sea, que si se quejan de la falta de medicamentos a sus contactos, será como si publican una crítica en el medio al cual pertenecen, y deberán atenerse a las consecuencias, mencionadas igualmente de manera vaga y todo de manera muy interpretativa.

Ahora hay otra noticia importante. El Gobierno lanzó una convocatoria para reclutar jóvenes e incorporarlos a las Tropas Especiales. Sí, esas mismas Avispas Negras que no han peleado en ninguna guerra y su único contacto fuera de los cuarteles ha sido para reprimir al pueblo en las manifestaciones.

Pues bien, aprovechando que mucha gente joven ha perdido sus trabajos y realmente no hay mucho de dónde escoger, y con privilegios de alimentación y un salario alto en comparación con lo que paga el Estado, se pretende engrosar las filas de ese cuerpo bien armado y entrenado, en teoría para afrontar tareas de protección del país, pero en la práctica para defender al régimen de sus propios ciudadanos.

La entrada en este cuerpo de elite fue siempre un sueño para muchos jóvenes afines a la vida militar, influidos por las películas y adoctrinados con la historia de que velarán por la tranquilidad de su Patria, por lo que de manera voluntaria se sumaban a sus filas o al menos hacían el intento en cursos de preparación famosos por su dureza.

Pero desde el 11 de julio hemos visto que su misión social no es combatir a un enemigo al que nunca le han visto la cara, sino golpear salvajemente al cubano de a pie, desarmado, que puede ser incluso su vecino.

Si antes pudiera ser un anhelo para aquellos miles de amantes de las artes marciales y la vida militar, ahora es un llamado evidente a que se sumen a la represión.

Con todos estos decretos y mamotretos, se sigue apretando el lazo sobre el cuello de los cubanos, con el objetivo claro de sofocar el grito que recorrió Cuba aquel domingo: ¡Libertad!

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