Cuba viola Convención contra la tortura

Marlene Azor Hernández

un-human-rights-commission-genevaHAVANA TIMES — Hoy, 28 del octubre, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, el gobierno de la Isla no ha ratificado los Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que firmó en el 2008.

El gobierno cubano ha ratificado varias convenciones relativas a la protección de los niños, contra la discriminación racial, a favor de proteger a los discapacitados y sobre los derechos femeninos. En ese orden también se adhirió y ratificó el Convenio contra la tortura de Naciones Unidas, desde mayo de 1995.

El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la Convención contra la tortura y proponer las sugerencias para la aplicación de los artículos de esta, resaltó una serie de incumplimientos en junio del 2012[1]. Aún hoy, los activistas de Derechos Humanos en Cuba reportan las mismas arbitrariedades señaladas en ese Informe.

No existen garantías procesales para los ciudadanos cubanos al no respetarse el habeas corpus: el necesario examen médico, el aviso a los familiares, y el acompañamiento de un abogado defensor desde el inicio del arresto. Tampoco se le dice al detenido sus derechos, las causas de su arresto, y no se le presenta inmediatamente ante un juez. Por otra parte, no cuenta con un mecanismo eficaz para impugnar la legalidad de su detención.

El Informe constata el hacinamiento en las cárceles, malnutrición, falta de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada a las que estaría expuesta la población reclusa. Se denuncian, también, limitaciones injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido, internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y abusos físicos y verbales a los reos.

Los arrestos arbitrarios, secuestros exprés de artistas, activistas de Derechos Humanos, periodistas independientes, y opositores de todo signo político, han aumentado desde el 2012-2016. En el 2012 las detenciones arbitrarias fueron de 6,602, en el 2016 hasta septiembre fueron 8,805 y en iguales condiciones de vulnerabilidad e indefensión jurídica y penal[2].

No incluye el informe los allanamientos ilegales y violentos contra asociaciones de juristas independientes, periodistas independientes y activistas políticos. No existe orden legal para allanar las viviendas, las autoridades roban instrumentos de trabajo, expedientes de clientes y bienes personales, sin posibilidad legal de que se recuperen esos “artículos” que fueron sustraídos por la Policía y los órganos de la Seguridad del Estado.

Los casos recientes son el Centro Cubalex, el Centro Jurídico de Pinar del Río y la incautación, en el aeropuerto, de los bienes del activista opositor Carlos Amel, de la Unpacu,  razón por la cual Amel inició una huelga de hambre de varias semanas.

Por otra parte, el informe señala situaciones de detención preventiva prolongada y de carácter indefinido con base en lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal cubano, que afectarían especialmente a personas privadas de libertad por motivos políticos. El Comité lamenta la falta de información relativa al número y situación de personas privadas de libertad acusadas de un delito contra la Seguridad del Estado, conforme al artículo 243 de la Ley de Procedimiento Penal. Por último, preocupa también al Comité la ambigüedad de la situación jurídica de los presos excarcelados bajo “licencia extrapenal”, así como las informaciones recibidas sobre restricciones arbitrarias de su libertad personal y de libre circulación. En particular, señala preocupación por la situación de José Daniel Ferrer y Oscar Elías Biscet. Esas arbitrariedades se mantienen hoy.

El gobierno cubano, en síntesis, no ha cambiado su legislación penal para incluir el delito de tortura en su código, no ha transformado las prácticas de la Policía, la Seguridad del Estado y los tribunales con relación a las condiciones de arresto ni a las cárceles. ¿Tiene derecho el gobierno cubano a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué creen ustedes?

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[1] Página web de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, Cuba en http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CUIndex.aspx . Recomendaciones en Committee against Torture
Concluding observations (2012) CAT/C/CUB/CO/2 .Consultado el 26 de octubre 2016.

[2] Página web de la Comisión cubana de Derechos Humnos y Reconciliación Nacional, ilegal en Cuba. En  http://ccdhrn.org/informes/informe-mensual-sobre-represion/

 

2 thoughts on “Cuba viola Convención contra la tortura

  • Excelente post. Adicionar a esta clara denuncia, que el presidente y dictador cubano ha dicho ante la prensa mundial que los derechos humanos son una utopia, dejando claro que no cree en esa lista de derechos basicos para la convivencia de los hombres reconocida por la mayoria de los paises del mundo.

  • Una muestra de que a la comunidad internacional le importa un pito el pueblo cubano

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