Continua la matanza
Por Javier Herrera
HAVANA TIMES – Ya lo he dicho una y mil veces: quisiera no tener que escribir más nunca sobre este devastador tema, pero si no lo hago siento que estoy faltando a mi consciencia. La vida de la mujer en Cuba sigue teniendo poco valor y son arrebatadas ante la vista de todos, con impasibilidad de las autoridades que se limitan a capturar al perpetrador, sin haber hecho nada antes para evitarlo.
En el pasado 2023 agrupaciones feministas como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) documentaron 88 feminicidios calificados, mientras investigan nueve casos más faltos de datos fidedignos o policiales. Son 88 asesinatos que dejan familias rotas, niños huérfanos, traumas, dolor…lo que es peor, no pocas veces el asesino es el padre o padrastro de esos niños que crecerán sin sus madres y que incluso algunas veces presenciaron los hechos o fueron atacados ellos mismos.
Gracias a la presión de plataformas independientes de la sociedad civil el régimen cubano se vio precisado a reconocer la muerte de 117 mujeres de forma violenta durante el 2023, aunque sin especificar cuantas fueron objeto de violencia de género y minimizando los hechos con la palabras del presidente designado Miguel Diaz-Canel Bermúdez al decir que “en el caso de Cuba la verdad se exagera con fines políticos desde las plataformas disidentes”.
En los menos de 15 días transcurridos del 2024 tres mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas, casi igualando el promedio de muertes a la semana del 2023 cuando murió una mujer cada 4,14 días aproximadamente.
El primero de los homicidios ocurrió tan temprano como el 2 de enero en la provincia de Camagüey, Diana Rosa Cervantes Mejías, de 29 años, fue brutalmente agredida por su pareja, persona que se encontraba bajo fianza por la agresión a otra persona.
La segunda mujer asesinada durante el presente año fue en la localidad Reparto Santiesteban (El Guarro, Holguín), el dia 9 de enero. Yanilsa Zamora Miranda fue ultimada en su casa a manos de su pareja. La sobreviven tres hijas y un varon, dos de los cuales son menores de edad.
El tercer feminicidio en lo que va de mes ocurrió el pasado 11 de enero. Dailene Fernández Carasa, fue asesinada por su pareja, en su casa en el municipio Alamar en Habana del Este. El asesino luego de perpetrado el acto se suicidó lanzándose del 5to piso del inmueble. Fernández Carasa deja una niña de nueve años de un matrimonio anterior.
En este último caso es de señalar que los vecinos denuncian que ellos llamaron a la policía a tiempo de evitar la tragedia, pero que esta no hizo nada por entrar a la vivienda donde se desarrollaban los hechos.
Actualmente dichos proyectos feministas independientes trabajan verificando cuatro alertas de feminicidio, dos de ellas de 2023 y dos del actual año, por lo que las cifras podrían empeorar.
La efectividad conque los medios independientes han investigado y sacado a la luz estos casos llevó al régimen, en el 2023, a proponer un Registro Administrativo Interoperable, “que permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”.
Las organizaciones feministas consideran que esta medida pobre e insuficiente, no acorde con la gravedad de los hechos y que el Gobierno debe tomar acciones concretas para prevenir y sancionar la violencia de género y es por eso que demandan que se tipifique el delito específico de los feminicidios, la creación de refugios para mujeres y sus hijos en peligro, la legalización del activismo y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.
El tema del feminicidio es bastante peliagudo y resulta imposible tratarlos solo desde el punto de vista policial y legal, aunque es importante perseguirlo y reprimirlo como tal. Se hacen necesarios otros mecanismos sociales como pueden ser líneas calientes donde se pueda llamar para recibir asesoría formular denuncias, incluso de forma anónima, y que las mismas sean tomadas en serio e investigadas en consecuencias. También sería muy útil la apertura de casas de asesoría en la comunidad, conversatorios en los centros de trabajo y estudio, así como en los barrios.
Incluso sería muy conveniente que desviaran al menos parte de las fuerzas que se dedican a perseguir, acosar y reprimir las plataformas independientes, incluyendo las no políticas como las feministas, y las dedicaran a investigar las denuncias de violencia. Ellos que hacen alarde de “conocerlo todo” durante los interrogatorios y secuestros que les hacen a los disidentes y demás integrantes de proyectos que no comulgan con el régimen, bien podrían saber quiénes son los abusadores que están en riesgo de cometer un feminicidio y evitarlo a tiempo.
La población cumple con su deber al denunciar cuando se entera a tiempo de algún hecho en desarrollo, así como las plataformas feministas, pero por problemas de legalidad, recursos y capacidad real no pueden asumir el trabajo policial o del Estado. A fin de cuentas, la policía y el Estado se pagan con dinero y trabajo del pueblo, y a él se deben.