Comisión de Derechos Humanos resbala con Cuba

Por Francisco Acevedo

HAVANA TIMES – Está claro que en este mundo ya nadie se sorprende prácticamente de nada, pero esta semana la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) puso a prueba a los más incrédulos al aprobar la presencia de Cuba en sus filas.

Evidentemente esto responde a una votación, pero aquí la democracia se resiente con los movimientos tras bambalinas del Gobierno de Cuba para obtener estos votos.

En una votación secreta realizada el pasado martes, Cuba obtuvo 146 votos y ocupó junto a Brasil y República Dominicana los tres cupos destinados a países América del Sur y el Caribe en la CDH, de donde quedó fuera Perú, mientras que China obtuvo un puesto por Asia-Pacífico, y Rusia quedó fuera también, en su caso por Europa oriental.

En el caso del Kremlin, pretendía volver al organismo después de que en abril de 2022 la Asamblea General votara para suspenderla, y Moscú respondió anunciando que se retiraba totalmente del Consejo. Evidentemente Vladimir Putin cambió de idea en estos últimos meses.

No sé por qué los votantes olvidaron tan rápido que en las cárceles de la nación caribeña se encuentran casi 1 000 presos políticos, por solamente contabilizar a los confinados tras el estallido social de julio de 2021.

De entrada, los 193 países miembros de las Naciones Unidas deberían negarle automáticamente a Cuba, Rusia y China un asiento en el Consejo, al ser naciones con un largo historial de denuncias en materia de Derechos Humanos. Por supuesto, ningún país tiene un historial intachable, pero los ciudadanos cubanos, chinos y rusos están entre los más maltratados del planeta.

De poco sirvió que en los días anteriores diversas organizaciones y grupos que trabajan por la libertad y democracia en el mundo abogaron porque el Gobierno cubano quedase fuera del CDH, y aquí vale oro la distinción entre Gobierno y pueblo cubano.

Apenas este jueves, la organización Human Rights Watch (HRW) recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en 2022 que agentes estatales llevan a cabo una «sistemática represión» contra manifestantes pacíficos y disidentes cubanos, y que el Gobierno comete «violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos».

Las razones aportadas para la negativa no son nada nuevas: los presos políticos, la falta de libertad de prensa, los feminicidios, la persecución a artistas y la falta de libertad de asociación.

HRW añadió que expertos en derechos humanos de la ONU también han informado sobre patrones de detenciones arbitrarias en Cuba, y otras organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos de presos políticos —incluyendo manifestantes, críticos, periodistas, artistas independientes y líderes de la oposición— detenidos en los últimos años por ejercer sus derechos humanos básicos.

Además, ya en prisión, también proliferan denuncias de maltratos y torturas, además de otros procedimientos que violan los derechos más elementales.

Por su parte, la comunidad de activistas «Cuba dice NO a la dictadura» promovió en su cuenta de Twitter: «Los perpetradores no pueden ser los garantes del cumplimiento de la ley internacional cuando han de ser ellos los juzgados por crímenes de lesa humanidad».

En tanto, la sección de América Latina de Civil Rights Defenders, organización que trabaja en la defensa de los derechos civiles y políticos, compartió un comunicado redactado junto a 10 organizaciones cubanas e internacionales en el que exigieron la no reelección de Cuba.

No es compatible para nada esto con la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de patrocinadores del terrorismo que defiende la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Más allá de la tolerancia a personas con historial delictivo y el apoyo solapado al grupo Hamás luego de bombardear a Israel o a Rusia tras la invasión a Ucrania, la administración de nuestro entrañable Miguel Díaz-Canel no se esconde para tenderles la mano a sus escasos aliados, independientemente de la violencia de sus acciones.

Por supuesto, desde la isla todo fueron celebraciones: “La reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento de la comunidad internacional a la labor humanista de la Revolución. Continuaremos en nuestro camino hacia la construcción de una sociedad más justa para todos”, dijo el canciller del Gobierno, Bruno Rodríguez Parrilla.

Lo cierto es que con esta nueva reelección, la diplomacia del régimen cubano llega a 18 años seguidos como miembro de este organismo, fundado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 60/251, pese a las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos en la isla.

Esa misma Resolución insta a los países que votan por los miembros a «tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos», al tiempo que exige los miembros del Consejo «aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos» en su país y en el exterior y a «cooperar plenamente con el Consejo».

Aunque estos comicios no son ni siquiera competitivos en algunos casos porque las listas de candidatos ofrecen la misma cantidad de opciones que asientos vacantes, de alguna manera terminan siendo una burla, pues el hecho de que violadores de derechos humanos logren un puesto, incluso por falta de competencia, no debería impedir que el Consejo de Derechos Humanos ponga el foco sobre los abusos de estos gobiernos, ni que los demás Estados miembros de la ONU les impidan postularse.

Si antes resultada sorprendente, realmente es incomprensible que todo siga así después del 11 de julio de 2021, y se eche por tierra al esfuerzo de la sociedad civil cubana por visibilizar las violaciones a los derechos del pueblo, además de permitir que el Gobierno siga evadiendo la responsabilidad de sus actos.

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