Bienestar humano, lo legal y lo legítimo en Cuba

 

By Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira  (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES – Mucho se ha escrito sobre la crisis económica que se abate sobre el país desde la última década del siglo que anterior. Igualmente han sido harto documentadas y comentadas medidas que fue necesario aplicar para solventar la quiebra económica y “salvaguardar las conquistas del socialismo”. Sería preferible entonces concentrar el análisis en algo que quizás ha pasado inadvertido por accidente o, simplemente, ha sido pasado por alto de manera intencional.

Si hay algo en común en la literatura que ha abordado el tema, o al menos en aquella parte a la que fue posible acceder, es ese desconsuelo generalizado a la hora de hablar de la triste celebridad de las medidas de reestructuración económica que hubo que tomar, inevitablemente, a regañadientes, porque no quedaba otra salida. Podría parecer a algunos, quizás, que bien podíamos habérnosla pasado sin ellas. ¿De verdad?

Lo que ningún autor reconoce, al menos no de forma explícita, es que fueron precisamente esas medidas “perversas” las que preservaron el modelo social cubano en su momento de mayor riesgo. Ergo, no fueron males necesarios, sino el resultado de un accionar político consciente que bien podría haberse adoptado mucho antes y tal vez no hubieran aparecido como la causa de los daños colaterales que se les imputan. A saber: la desigualdad y la pobreza que hicieron acto de presencia y de persistencia.

¿Es que antes de la crisis no existía desigualdad? ¿No había toda una capa de la población que vivía en condiciones de una vulnerabilidad económica y social que la llevó al lamentable estado que hoy ya todos reconocen como pobreza? Son preguntas cuyas respuestas aún quedan por completar, pero lo cierto es que ninguna de las medidas adoptadas estaba dirigida intencionalmente a erosionar los salarios, aunque el resultado fue que estos dejaron de funcionar como la principal fuente de satisfacción de las necesidades.

Mientras estos salarios permanecían inalterados, los cambios introducidos por las medidas de reajuste económico dejaron al margen a todos los que dependían de esa forma de ingreso para su reproducción individual y la de su grupo familiar.

Fractura ideológica

Así entonces se produce una fractura ética en la fuerza laboral: si el trabajo deja de ser la principal fuente de recursos para la satisfacción de las necesidades humanas, entonces comienza a urgir la adopción de estrategias individuales y colectivas que provean los ingresos suplementarios imprescindibles para enfrentar la paradoja de ser remunerado en un tipo de moneda y tener que saldar necesidades de todo tipo, las básicas incluidas, utilizando otra.

El trabajo se desvalorizó, sobre todo aquel no remunerado en el tipo de moneda que garantiza hoy la reproducción y el bienestar humanos. Luego, esa fractura ética condujo a una más grave: la fractura ideológica, en tanto las estrategias de vida devinieron estrategias de supervivencia y desbordaron el cada vez más estrecho marco legal en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades.

En términos de supervivencia humana, todo tiende a convertirse en legítimo o a percibirse como tal, sin importar que en el camino queden echados por tierra los principios éticos y morales que validan la legalidad de un accionar. Lo legal deja de ser legítimo cuando se convierte en una barrera infranqueable para la supervivencia de las personas y de la familia.

Puede no ser legal adquirir productos robados, desviados, malversados o como quiera llamárseles con algún eufemismo de turno. Pero se percibe como legítimo hacerlo cuando se trata de garantizar una calidad mínima o básica de supervivencia. El ser humano piensa como vive, adapta su comportamiento a la realidad que lo circunda, y deja atrás aquello que socialmente está validado como legal, dando lugar a una reconstrucción colectiva moral que legitima sus acciones.

Y la gravedad de esa fractura ideológica se percibe con claridad cuando se observa su alcance. “Satisfacer las necesidades de la vida cotidiana es indudablemente legítimo, pero las formas de satisfacción de muchas necesidades accesibles a una parte importante de la población cubana no son legales”, explica el profesor cubano Carlos Jesús Delgado. Mientras el salario siga sin constituirse en la principal fuente de satisfacción de las necesidades, las estrategias de vida seguirán siendo de supervivencia y continuarán moldeando las formas individuales y colectivas de solución de la crisis, deslegitimando y dejando sin efectividad el marco legal vigente.

¿Problema social o problema económico?

Ambas cosas. Es la manifestación a nivel social de un fenómeno que tiene una raíz económica profundamente anclada en la desvalorización del trabajo, al que ya hoy muy pocos consideran una necesidad vital del ser humano. ¿Es un objeto de atención de la política social o de la política económica? De ambas, pues no existen separadamente en tanto su función es maximizar el nivel y la calidad del bienestar de la población.

Ello es extensible a todos los espacios de la política como expresión concentrada de los intereses económicos de la sociedad: la salud, la educación, el desarrollo económico, el marco jurídico… Son espacios que no existen independientemente unos de otros, sino que son piezas entrelazadas de un mismo sistema: el de las relaciones sociales de producción. Continuar estableciendo parcelaciones entre lo social y lo económico se convierte en uno de los mayores obstáculos para interpretar los fenómenos asociados a ellas y producir instrumentos eficaces para la acción de los agentes políticos.

El conflicto con el salario se expresa igualmente en los demás ámbitos de la vida cotidiana. A pesar de la gratuidad del acceso a diversos servicios, por ejemplo, ¿accedemos todos con el mismo nivel de eficiencia? ¿Tenemos todos a nuestra disposición los recursos para que nuestro acceso a esos servicios se haga con un nivel óptimo de calidad? Se reproduce la fractura ya mencionada, pues aun cuando se accede, la calidad del servicio que se recibe no es homogénea y depende de ciertos filtros, entre los que se incluye la capacidad económica individual y/o familiar del enfermo.

La desigualdad, entendida como las diferencias engendradas en y engendradoras de injusticia, adquiere forma tangible en las disparidades en el alcance de los niveles educacionales superiores en un entorno en que ya 12 grados de escolarización no constituyen un mecanismo de movilidad social ascendente, o en las disparidades de los diferentes grupos humanos frente a la muerte y a la exposición al riesgo de padecer ciertas enfermedades.

¿Es que la desescolarización no tiene un costo económico? ¿Es que la prevalencia y recurrencia de las enfermedades no genera gastos en otros sectores además del sector de la salud? Ambas esferas del llamado “desarrollo social” son también esferas del desarrollo económico, pues se conoce que una población más escolarizada y sana es también económicamente más productiva y está en capacidad de satisfacer cada vez mejor sus necesidades, crecientes en cantidad y calidad.

Luego, las fronteras entre lo social y lo económico son artificiales e ilegítimas. Existen sólo en el discurso y son el producto de una parcelación arbitraria en el campo científico. Es igualmente una forma de fractura ideológica, que impide abordar en su justa dimensión las desarticulaciones de hoy en términos de salud y bienestar humano.

Si la presencia en la sociedad del maltusianismo de la pobreza que practica la población en virtud de las condiciones económicas que debe enfrentar, la fragilidad demográfica que provoca oscilaciones y retrocesos de la capacidad de supervivencia, y la emigración galopante, con rostro joven y femenino preferentemente, sostenida en el tiempo en tanto las personas siguen percibiendo más oportunidades y fortalezas en irse y más debilidades y amenazas en quedarse, y si la cotidianidad continúa resolviéndose desde el contrapunteo entre lo legal y lo legítimo, no se dará el salto hacia adelante que en términos de bienestar humano demanda la sociedad.
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*Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira es Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de La Habana) y en Demografía (Universidad de París X-Nanterre). Además, figura como profesor titular e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

 



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