Algunos pequeños cambios en la nueva Constitución marcarían la diferencia

Por Osmel Ramírez Álvarez

HAVANA TIMES – Sería de tontos proponerle al Partido Comunista de Cuba, (que es el constituyente), cambios políticos o económicos. Está claro que quieren una Constitución igual de protectora que la vigente del poder político y económico concentrado en sus manos. No desean alterar nada que promueva más democracia ni empoderamiento económico individual, pues lo consideran una amenaza potencial.

Por eso, hablar de propuestas en ese sentido es inútil. Pero puede notarse un esfuerzo semántico para que luzca la Carta Magna respetuosa de los derechos humanos. La trampa está precisamente en la redacción que deja muchos asuntos inconclusos o ambiguos o a discreción de las leyes. Leyes que habrían de derivarse de la Constitución, pero tal parece que son ellas las que tienen la autoridad.

En ese sentido creo bueno participar en el debate y la discusión del proyecto. Claro que no lo creo un verdadero ejercicio democrático, más bien es un simulacro de democracia constituyente. Todo el mundo podrá opinar y supuestamente su criterio será registrado, pero de ahí al hecho de que influya en algo ni a saber cuántos planteamientos homólogos se hicieron y cuándo es que debe modificarse algo, es una quimera o una falacia. Cambiarán lo que deseen y estén dispuestos a cambiar, más allá de opiniones sin poder vinculante.

La verdadera democracia es un proceso constituyente en que el pueblo elija directamente a sus redactores entre propuestas libres y plurales. Y el verdadero debate es que en los medios públicos cada posición lleve a sus especialistas a discutir el porqué de sus propuestas. Y que todo se haga televisado para que el pueblo tenga criterio justo y fundado de cada artículo y se arme de elementos de juicio para ejercer su voto bien sopesado.

Pero esta es la forma en que se está haciendo en Cuba y presumiblemente el Gobierno tiene el control social y electoral suficiente para que sea aprobada. Las fuerzas democráticas aún no tenemos el poder suficiente para influir en el proceso, para que sea distinto y superior. Por ello más que apartarnos debemos tratar de ayudar y orientar en lo que se puede. Y este tema de las libertades individuales y los DDHH es el punto posible, porque es por donde están cediendo a reconocer derechos en aras de lucir un estado de derecho frente al mundo que observa.

Propongo lo siguiente y así lo haré saber en los debates que debo participar:

1. En el artículo 48, inciso b), sobre el derecho a “no ser procesado, sino por causa justa, autoridad competente y por el tiempo establecido”, propongo se agregue: “Solo 24 horas detenido por investigación policial y sospecha, debiendo presentar en ese término cargos ante un tribunal o ser liberado”. Actualmente son 72 horas con prórrogas hasta meses entre la policía y la Fiscalía.
2. En el mismo artículo 48, inciso f), que dice: “Recibir asistencia jurídica para ejercer su defensa”, propongo agregar: “Desde el primer minuto al ser detenido y el derecho a no declarar o hacerlo solo delante de su abogado”.

3. 

   En el mismo artículo 48, inciso i), que dice sobre: “No ser privado de sus derechos, sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal”, debería ser más específico para evitar que el Minint, (la Seguridad del Estado específicamente), terminen siendo, como hasta ahora, esas “autoridades competentes” autorizadas a violar nuestros derechos humanos a libre albedrío. Propongo sea: “No ser privado de sus derechos, sino por resolución fundada por un Juez para investigación policial, nunca por un plazo mayor de 60 días, o mayor solo por sentencia firme de tribunal”.

4. En los artículos 52 y 53, sobre la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia respectivamente, en lugar de decir “salvo por orden expresa de autoridad competente”, sugiero que diga: “Salvo por orden expresa de un Juez”. Ello involucraría más la figura del Juez y restaría fuerza al Minint.
5. En el artículo 54 que dice: “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. Es un derecho humano inalienable establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal y en artículo 39 de esa misma propuesta constitucional dice que: “El Estado cubano garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos (…) en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de DDHH ratificados por Cuba”. Entonces es contradictorio que de la posibilidad a una ley de limitarlos. Propongo igualmente que se especifique así: “Solo limitado por resolución fundada por un Juez para investigación policial, nunca por un plazo mayor de 60 días, o mayor solo por sentencia firme de tribunal”.
6. En el artículo 58, sobre la confiscación de bienes, dice: “…como sanción dispuesta por autoridad competente, en los casos y procedimientos que determina la ley”. Propongo que sea: “… como sanción dispuesta por sentencia firme de tribunal. La ley determina los casos y procedimientos”.
7. En el artículo 61 dice: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos son reconocidos por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las perceptivas establecidas en las leyes”. Sugiero que diga: “…siempre que se ejerzan con respeto al orden público. La ley regula el ejercicio de este derecho”. Tal como está, (igual que muchos derechos en esta Constitución), figura que la ley es superior a la constitución o esta última se le subordina a la primera, que debe ser la Ley de Leyes.
8. En ningún artículo, sean de la organización de la justicia o de las instituciones armadas, se hace referencia a uno de los grandes problemas que tiene el país que propicia la inmensa mayoría de las violaciones actuales a los derechos humanos, lo referente a la imposibilidad de que los ciudadanos puedan presentar acusaciones a los agentes del Minint (ni hablar de las FAR). La policía y la Seguridad del Estado puede abusar del pueblo (como en efecto sucede muy a menudo), violar los derechos, la Constitución y todo lo que les dé la gana, y no hay derecho a presentar acusación en la Fiscalía. Solo “presentar queja” al mismo Minint, en una oficina de atención a la población, que la tramita a instancias que son las que deciden si proceden a presentar cargos ante un fiscal militar. Sería una gran ganancia para proteger al pueblo del abuso del Minint si pudiéramos presentar cargos directamente en la misma Fiscalía civil.

Por último, ya fuera de la Constitución, propondría una Ley que obligara hacer público en cada municipio un anuario estadístico en el que deba estar presente cada agente del orden y la cantidad de desacatos y atentados que han efectuado contra ciudadanos. Y que sea posible con la firma de 100 electores tramitar en la Fiscalía General una investigación criminal al agente, por posibles abusos de poder.

Ese es hoy, junto a la peligrosidad social predelictiva, la principal herramienta de trabajo de la policía para atrapar a presuntos delincuentes sin el trabajo de encontrar pruebas. Igualmente, con ello le fabrican condenas por delitos comunes a opositores y periodistas independientes. No es hoy imposible la acción ciudadana dirigida a limar aquellas prerrogativas que facilitan la represión. Aprovechemos que quieren establecer un estado socialista de derecho o demostremos la falacia.