¿Alguien querrá invertir en Cuba?

Foto: Juan Suárez

Por Ronal Quiñones

HAVANA TIMES – El desespero de las autoridades cubanas por obtener fuentes de financiación ha sido evidente en los últimos años, en particular después del impacto de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, los pasos dados para atraer a inversionistas extranjeros no han sido los mejores, y ahora sale a la palestra una nueva legislación que podría ser el último clavo en el ataúd de la economía cubana.

Bajo el título de Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social, se trabaja en una nueva normativa que busca reforzar el control del Estado sobre bienes y derechos vinculados al patrimonio.

Según el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios, el documento fue elaborado “a partir de los criterios no solo de los expertos y diputados, sino de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de participación”.

Como es costumbre, el propio Ministerio indica que la iniciativa fortalece el entorno jurídico de las garantías procesales y patrimoniales, etc., pero en realidad el trasfondo es la expropiación forzosa de propiedades de acuerdo con “intereses nacionales”.

El organismo asegura que la nueva legislación fortalece las garantías jurídicas para los inversores extranjeros establecidas en la Ley 118, De la Inversión Extranjera, del 29 de marzo de 2014, pero en realidad las convierte en más endebles.

Según la Constitución de Cuba, se autoriza la expropiación de bienes únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización, pero ahora se amplían las potestades sobre quién decide un despojo y se deja más abierta la idea de los llamados “intereses nacionales”.

El anteproyecto deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero esto es un mero trámite porque todos los diputados pertenecen al Partido Comunista y votan en unanimidad.

Ahora, además del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y los jefes de organismos de la Administración Central del Estado, pueden proponer expropiaciones el Gobernador provincial, el Consejo de la Administración provincial y los directores de las Oficinas de las Zonas Especiales de Desarrollo.

En realidad, ahora se le intenta dar legalidad a un proceso que de manera arbitraria se estaba produciendo, y se extiende hasta el nivel local, por lo que puede afectar no solo a los inversores extranjeros, sino también a los propios ciudadanos cubanos.

Los emprendimientos o empresas sujetos a expropiación son varios, y además de los relacionados con la explotación o conservación de un servicio público aparecen el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, la construcción de centros educativos, de salud, deportivos, culturales, de recreación u otras obras o infraestructuras “destinadas al bienestar colectivo o el desarrollo urbano o rural”. 

Llamativo resulta el Artículo 54, en cual se plantea que “cuando el interés de la expropiación derive directamente de una calamidad pública o por motivos de aseguramiento del orden interior o por interés de garantizar la defensa y seguridad nacional, y exista necesidad apremiante de ocupación de los bienes, la autoridad correspondiente puede tomar posesión inmediata de los necesarios para satisfacer esa finalidad, sin formalidad previa ni otra diligencia, con independencia de que se siga el proceso para determinar la indemnización”. 

O sea, que primero desalojas y luego veremos dónde te colocamos y cuánto te pagamos.

También es importante que el Fiscal decide directamente cuando no comparece ninguna persona de entre aquellas contra las que se dirige dicho procedimiento, o cuando el propietario o titular se encuentre fuera del país y no tenga persona que lo represente.

Esto último cobra mucha relevancia en el contexto actual, marcado por el éxodo masivo de cubanos que emigran huyendo de la crisis en la isla.

La gran mayoría de ellos dejan atrás bienes y propiedades que en ocasiones se transfieren a otros propietarios sin garantías de seguridad jurídica.

Llevando esto al terreno doméstico, quienes han abandonado el país en los últimos meses o pretenden hacerlo en el futuro, corren el riesgo de que sus propiedades no queden en poder de herederos de ningún tipo, porque no tendrán legalmente el mismo peso en un hipotético proceso.

Además, en el caso de los ciudadanos de a pie, no me extrañaría que empresarios “incómodos” fueran afectados con esta medida si tienen alguna actitud contraria al gobierno, o pueden ser extorsionados para proceder contra algunos de sus empleados que no tengan la conducta “correcta”.

En definitiva, la Ley ampara al expropiador, contrario a lo que se quiere hacer ver, y ya se sabe que los tribunales cubanos nunca van a pronunciarse en contra del Estado, el cual en esta ocasión está representado por miles de personas con intereses particulares y una ética dudosa.

En el caso de los extranjeros, tampoco tendrán paz, porque luego de invertir sus ahorros en una empresa X, y seguro luego que esta tenga éxito, puede ser de pronto de “interés nacional”, y el inversionista recibiría cuando más el monto devengado para desarrollar el emprendimiento, y debería regresar a su país cuando su obra esté produciendo los dividendos esperados, por lo que sería tiempo perdido su estancia en Cuba.

A veces da la impresión de que quienes hacen la Ley son kamikazes, porque esto es contraproducente para una economía que pide a gritos inyección de divisa fresca.

En lugar de actualizar la legislación de 2014 debían derogarla, y asegurarle a cada inversionista que sus propiedades serán respetadas en cualquier circunstancia.

Si el Estado considera estratégico algún sector, pues que invierta él en desarrollarlo, que no se aproveche del dinero ajeno para levantar una industria en ruinas para luego que esté recuperada llegar y arrebatársela al que sacrificó tiempo, neuronas y dólares en revivirla.

Con este tipo de legislaciones solamente se espanta a los pocos ilusos que todavía creen que se puede hacer negocios con el Gobierno cubano. No sé cómo pretenden realmente lograr que atraiga la cacareada Carpeta de Negocios.

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