Supremo venezolano rechaza titular viviendas
HAVANA TIMES — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró hoy inconstitucional una ley aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que planteaba otorgarle títulos de propiedad a los ocupantes de viviendas construidas por el Gobierno bolivariano.
El fallo de la Sala Constitucional del TSJ es el segundo en dos días contra las decisiones de la Asamblea, luego de rechazar un proyecto que intentaba reformar la ley de ese ente judicial.
El TSJ publicó la sentencia contra la intención de otorgar título de propiedad a los ocupantes de las viviendas construidas por el Gobierno dentro de la llamada Gran Misión Vivienda, ya que según los diputados son ocupadas con un permiso que no garantiza propiedad.
El pronunciamiento fue aprobado en respuesta a una petición del presidente Nicolás Maduro, quien pidió declarar inconstitucional la ley con el argumento de que pretendía “privatizar” las viviendas hechas por el Estado. El fallo del TSJ señala que el proyecto de la Asamblea abre el camino para que “las unidades habitacionales ingresen al mercado especulativo”.
El Tribubal agrega que la Asamblea incurrió en “usurpación de las funciones” del presidente, al condonar “deudas contraídas por los beneficiarios de esta política pública en menoscabo de los principios rectores de la seguridad social y de los deberes ciudadanos de solidaridad y contribución con las cargas públicas”.
La diputada opositora Adriana D’Elia, impulsora de la ley, replicó que la “única razón que tiene Maduro para no otorgar la propiedad es que quiere seguir chantajeando al pueblo venezolano”.
El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, recalcó que la propiedad no es una concesión del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PUSV), sino “un derecho constitucional”. “Lo inconstitucional aquí es el TSJ del PSUV. Maduro te roba tu propiedad”, señaló en su cuenta de Twitter.
El jueves, el máximo tribunal emitió un fallo declarando inconstitucional una reforma de la ley del TSJ, que proponía el aumento del número de sus magistrados.
La bancada opositora intentaba cambiar la correlación de fuerzas en la Sala Constitucional, que ha cerrado filas en defensa de Maduro, rechazando todos los actos de la Asamblea desde que el 5 de enero la oposición tomó control de la cámara de 167 asientos.