Senado de EEUU aprueba sanciones contra funcionarios venezolanos

HAVANA TIMES (dpa) — El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente culpables de violaciones de los derechos humanos.

La aprobación de las sanciones por parte de la cámara alta se produce días después de la imputación de la ex diputada opositora María Corina Machado en Venezuela por su presunta participación en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La Cámara de Representantes ya aprobó en mayo un proyecto de ley, ligeramente diferente del aprobado hoy por el Senado. Fuentes de la cámara alta explicaron que ahora la Cámara de Representantes deberá consensuar su texto con el del Senado y aprobar una nueva versión, lo que esperan que ocurra en dos o tres días, para que el presidente Barack Obama lo pueda firmar y se convierta en ley.

El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, autores del proyecto de ley de la cámara alta que contempla las sanciones contra 23 funcionarios venezolanos, y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen aplaudieron la decisión del Senado estadounidense de dar luz verde a las sanciones.

El proyecto de ley aprobado por el Senado contempla la prohibición de visados y el congelamiento de las cuentas en Estados Unidos de funcionarios del gobierno de Maduro presuntamente implicados en la ola represiva emprendida contra los manifestantes de la oposición.

El senador Menéndez consideró que el Senado ha enviado “un claro e inequívoco mensaje” al gobierno venezolano. “Los venezolanos se merecen un futuro mejor, no la pesadilla lúgubre que están sufriendo a manos del presidente Maduro”, añadió Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado.

“Estados Unidos está con el pueblo venezolano y en contra de sus opresores en el régimen de Nicolás Maduro”, dijo el senador Rubio, de origen cubano, al igual que Menéndez y Ros-Lehtinen.

“Estas sanciones irán contra funcionarios y matones del régimen de Maduro que se han pasado todo el 2014 autorizando y llevando a cabo asesinatos, palizas, encarcelaciones injustas, juicios arbitrarios y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos y venezolanos inocentes que piden un futuro mejor”, añadió el senador por Florida, abiertamente anticastrista y antichavista.

Ros-Lehtinen denunció “los rampantes abusos a los derechos humanos” cometidos en Venezuela. “De las protestas en las calles de Caracas, a las farsas judiciales contra Leopoldo López y María Corina Machado por las cortes sometidas de Maduro, el régimen sólo ha demostrado interés en su autopreservación, destruyendo los principios democráticos y socavando las libertades fundamentales de los venezolanos”, añadió la congresista republicana.

La aprobación de las sanciones en el Senado fue más difícil de lo previsto inicialmente. Primero las bloqueó el senador republicano Bob Corker, que levantó su veto en julio, y después la senadora demócrata Marie Landrieu.

Landrieu bloqueó a finales de julio el voto de las sanciones por la vía rápida, preocupada por las repercusiones que podrían tener en la refinería que tiene la petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Luisiana.

El hecho de que la senadora Landrieu perdiera su escaño el pasado 6 de diciembre en segunda vuelta frente al republicano Bill Cassidy ha permitido desatascar el proceso.

Para que el Senado apruebe las sanciones por la vía rápida todos los senadores deben dar unánimemente su consentimiento para acelerar el procedimiento. Su trámite por la vía habitual puede llevar meses.

El Departamento de Estado ya ha indicado que la Casa Blanca no bloqueará las sanciones a los funcionarios venezolanos. Durante meses la administración Obama se había mostrado reticente a aplicar cualquier tipo de sanción contra el gobierno de Maduro al considerar que existían otras herramientas más efectivas y a la espera de que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana tuviera sus frutos.

El Departamento de Estado impuso finalmente el 30 de julio restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela “responsables o cómplices” de violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición. Pero no les impuso sanciones económicas.

La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de productos básicos, dejó 43 muertos y cientos de heridos.