Santos pide perdón y admite culpa de Estado en toma guerrillera 1985
HAVANA TIMES (dpa) – El presidente Juan Manuel Santos reconoció el viernes la responsabilidad del Estado colombiano en el asalto guerrillero al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y pidió perdón por los excesos cometidos en la respuesta militar que dejó 98 muertos y 11 desaparecidos.
En un acto de reparación ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hace un año, Santos aseguró que el perdón lo pide “de corazón” y no “para cumplir una orden”.
El mandatario aceptó la “responsabilidad del Estado colombiano” y pidió “perdón por las desapariciones forzadas” de los empleados de la cafetería del Palacio, así como la de un magistrado.
“Por eso -en nombre del Estado- pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial”, señaló Santos.
“Aquí se sacrificó a la Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio, y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles”, aseguró el presidente en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá.
Según el presidente, el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se cumple en Cuba desde hace tres años, se caracteriza “justamente por tener en el centro de la solución a las víctimas” y por buscar “la verdad, la reconciliación y el perdón”.
El asalto al Palacio de Justicia ocurrió cuando un comando del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó como rehenes a decenas de personas que estaban en el edificio.
En la toma guerrillera y la respuesta militar, que según una Comisión de la Verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante un enfrentamiento que duró más de 24 horas, murieron 11 magistrados,
35 guerrilleros y otras 52 personas, en tanto que 11 fueron declaradas como desaparecidas.
La Fiscalía General reabrió la investigación en 2006, cuando se divulgaron videos inéditos en los que algunos de los desaparecidos se veían saliendo con vida del lugar en compañía de militares.
La Comisión de la Verdad, que reveló sus conclusiones en 2006, aseguró que durante el tiempo que duró el asalto guerrillero y la operación militar Colombia vivió un “vacío de poder” porque el entonces presidente, Belisario Betancur (1982-1986), dejó la solución de la crisis de rehenes al Ejército.
Betancur, de 92 años y retirado de la actividad política, pidió perdón el martes pasado por los errores que pudo haber cometido y hoy, en una carta abierta, volvió a referirse al hecho.
“Nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país”, expresó el ex mandatario.
“Como jefe de Estado en ese entonces, considero que, a pesar de la vulneración del espíritu de quienes ante la toma sangrienta del palacio por el M-19, defendían a su saber y entender la constitución y las leyes, nada podía justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes”, añadió.
El ex ministro de Justicia Carlos Medellín, cuyo padre era un magistrado que murió en el asalto guerrillero, rechazó el pedido de perdón de Betancur y lo llamó “cínico y cobarde”.
“(La carta) es una vergüenza, es ridícula, es ofensiva con los muertos y es ofensiva con las familias. Belisario (Betancur) estuvo por supuesto debajo de sus responsabilidades y de las expectativas como presidente civil que era en su momento y comandante supremo de las Fuerzas Militares”, abundó Medellín.
La Fiscalía anunció hace dos semanas la identificación de los restos de tres mujeres que estaban en el grupo de desaparecidos y llamó a declarar a 14 oficiales del Ejército por presuntas torturas a dos personas que estaban en el palacio. Además, citó a declarar a tres ministros del gabinete de Betancur.
En una sentencia anunciada hace un año, la Corte IDH condenó a Colombia por este caso, debido a un “modus operandi” aplicado por agentes estatales que derivó en la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma.
Los únicos condenados por este caso son los generales retirados del Ejército Jesús Arias y Alfonso Plazas, quienes purgan sentencias de 35 y 30 años de prisión, respectivamente.