Sanciones y multas contra ineficiencia y corrupción en Cuba

Por Pilar Montes

HAVANA TIMES — El Ministerio de Comercio Interior cubano recibió calificación de deficiente en el primer control integral estatal, realizado recientemente, al detectarse 670 ilegalidades administrativas e imponerse 340 multas a ese organismo.

Según declaraciones de la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejerano, publicadas el 17 de abril en el diario oficial Granma, los problemas expuestos habían sido señalados en auditorías anteriores, de lo que se deduce que “las medidas adoptadas no han sido lo suficientemente efectivas para disminuirlos.”

Aunque los resultados del control integral son pocas veces publicados, las deficiencias detectadas en el Mincin solamente en el año 2014 se observaron en la venta de materiales de construcción, el comercio mayorista y minorista y la venta de productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, actividades especialmente sensibles para la población.

Asimismo, el Mincin administra centros de reparación de efectos electrodomésticos, cocinas, relojes, peluquerías y barberías, aunque algunos de estos han pasado a ser cooperativas formadas por antiguos trabajadores y emprendedores particulares.

De acuerdo con el Vice Contralor General, Reynol Pérez, las principales irregularidades se encontraron en los ámbitos de la seguridad y protección, debido al robo de recursos en almacenes, en su mayoría alimentos, combustible partes y piezas de vehículos.

Recientemente, en el espacio del noticiero de televisión “Cuba Dice”, donde se denuncian ilegalidades y negligencias, se expuso el robo de 200 toneladas de harina de trigo que se trasladaba en contenedores por tren desde Cienfuegos hasta las provincias orientales y aunque dichos contenedores estaban cerrados con sellos, iban perdiendo sacos en el trayecto hasta llegar al final sin la cantidad inicial.

Son habituales las críticas respecto a los precios de los mercados agropecuarios, varias veces más altos que los que se pagan al productor directo y no distantes de los puestos por el Estado en el mercado mayorista.

Los problemas descubiertos en el control de los inventarios en las empresas mayoristas de alimentos dieron por resultado que los mecanismos de comercialización mostraron fisuras que afectan el control interno y favorecen el desvío de recursos.

Según Bejerano, no solo se trata de un daño económico para el país, sino una cuestión moral. Es un acto de corrupción que un directivo gane diez veces su salario, mientras que los trabajadores directos a la producción solo vean incrementarse sus ingresos en dos o tres veces, apuntó.

Otras faltas muy frecuentes y que proporcionan “jugosas” ganancias a los que las cometen, proviene de los contratos deficientes, la doble facturación y reiteradas borraduras en las operaciones.

Problemas muy similares se han señalado al Ministerio de Comercio Exterior, cuyas importaciones en no pocas ocasiones han impedido el cumplimiento de sus planes a empresas industriales, incluso detenido sus operaciones, y a la propia agricultura, porque no han recibido a tiempo los insumos requeridos.