Policía de Nicaragua inicia Plan de Mayor Vigilancia y Controles sobre la población

La Policia de Daniel Ortega en las afueras de la Universidad Centroaméricana

HAVANA TIMES – La Policía de Nicaragua anunció hoy el inicio de un “plan especial de seguridad”, a casi siete meses del estallido de las protestas sociales contra el presidente Daniel Ortega, que derivaron en una persistente crisis política.

En una nota de prensa, la entidad informó que el plan se ejecutará en los meses de noviembre y diciembre a través de “acciones policiales preventivas, vigilancia y patrullaje en barrios, paradas y terminales (de buses), parques, mercados, centros comerciales y destinos turísticos”.

También habrá mayor regulación del tránsito, retenes y control de carreteras, así como vigilancia sobre la venta de productos pirotécnicos en la temporada pre-navideña, señaló el informe.

No mencionaron el papel que jugarán las fuerzas paramilitares vinculados al gobierno que operan en coordinación con la Policía Nacional y sus antimotines.

El plan fue denominado por la vicepresidenta Rosario Murillo, “Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad” y busca “garantizar la paz, el orden público, el derecho al trabajo, la libre movilización y la seguridad ciudadana”.

El domingo la Policía desplegó efectivos en los principales centros comerciales o “malls” de Managua, después de que grupos opositores realizaron el sábado protestas relámpago, exigiendo la libertad de casi 600 manifestantes presos desde abril pasado.

La presencia policial causó temor entre consumidores y dueños de negocios, muchos de los cuales ya reportan pérdidas millonarias a causa de la crisis política.

Además, el turismo internacional esta casi en “0” con varios gobiernos como España, Costa Rica y Estados Unidos aconsejando su población de no viajar a Nicaragua si no es por algo urgente. Aproximadamente 75% de los vuelos que antes llegaban al país se mantienen cancelados.

La Policía prohibió toda forma de protesta opositora desde hace más de un mes, pese a que la Constitución vigente establece el derecho a la libre manifestación y movilización ciudadana. Solo las marchas y actos del gobierno de Ortega son permitidos y apoyados por la Policía.

La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta de estudiantes que se multiplicó tras la violenta acción de policías y paramilitares, que ha dejado más de 325 muertos y miles de heridos según organismos independientes de derechos humanos.

El Gobierno solo registra 200 muertos (según ellos, todos de sus policías y partidarios) y atribuye las protestas a un “complot terrorista y golpista” alentado por Estados Unidos y la Unión Europea a través de partidos políticos opositores y organizaciones no-gubernamentales.


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