Piden investigar pago de “impuesto guerrillero” de Odebrecht a FARC

HAVANA TIMES – Varios congresistas colombianos pidieron hoy a las autoridades investigar los supuestos pagos en concepto de “impuestos” que la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción, habría hecho a la guerrilla de las FARC durante más de 20 años para poder operar en Colombia, reportó dpa.

La representante de la cámara Angélica Lozano consideró que, de resultar cierta la información revelada este sábado por un semanario brasileño, la Justicia ordinaria y la que se creará para juzgar a los guerrilleros que se desmovilicen deben castigar ese tipo de financiación.

“Tienen que explicar si esa empresa fue extorsionada o cómo participaba en la financiación de las FARC”, dijo Lozano. En ese caso, el delito que habría cometido la constructora sería el de financiación de grupos al margen de la ley, añadió.

“Independientemente que sean las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hay un delito” que debe ser “investigado por la justicia”, dijo por su parte el congresista Hernán Penagos a la emisora Caracol Radio.

“Mientras empieza a actuar la jurisdicción especial para la paz, la justicia ordinaria tiene competencia para tramitar e investigar cualquier delito en el país”, sostuvo.

La revista “Veja” indicó en su publicación semanal que el pago “de un impuesto guerrillero” fue mencionado por dos ejecutivos de Odebrecht en el marco de la investigación a la compañía brasileña por los sobornos que pagó en varios países a cambio de conseguir millonarios contratos.

Según “Veja”, los pagos desde los años 90 oscilaban entre 50.000 y 100.000 dólares por mes y se realizaban a cambio de permisos para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla.

El escándalo de Odebrecht, destapado en Brasil a raíz de la investigación anticorrupción conocida como “Lava Jato”, generó en las últimas semanas un terremoto político en la región.

En total, las sospechas de que la compañía brasileña pagó durante años sobornos a altos funcionarios y políticos extranjeros alcanzan a 12 países, entre ellos a las naciones africanas Angola y Mozambique.


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