Parlamento de Nicaragua rechaza pedido para derogar ley de canal

Monica López Baltodano. Foto: Carlos Herrera/Confidencial
Monica López Baltodano. Foto: Carlos Herrera/Confidencial

HAVANA TIMES (dpa) — El Parlamento de Nicaragua rechazó una solicitud de organizaciones civiles que pretendía la derogación de la Ley 840, que autorizó la construcción de un canal interoceánico en el sur del país, se informó hoy en Managua.

La abogada Mónica López Baltodano, activista opositora al canal, dijo al diario “La Prensa” que la primera secretaría de la Cámara les notificó el lunes que se declaraba “incompetente” para tramitar la iniciativa ciudadana, respaldada por 7.000 firmas.

El documento había sido presentado el pasado 7 de abril ante el Poder Legislativo por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que ha organizado varias manifestaciones contra la construcción de la vía interoceánica.

Según los opositores al megapropyecto, valorado en 50.000 millones de dólares por el consorcio chino HKND, la obra causará graves daños ambientales al lago Cocibolca, que será atravesado de este a oeste por el canal de 278 kilómetros de largo, además de afectaciones al entorno ecológico y social de la región sur.

López Baltodano dijo que la primera secretaría del Parlamento se amparó en un artículo de su ley orgánica que autoriza a rechazar “las iniciativas y solicitudes cuya materia o trámite sean notoriamente improcedentes por falta de competencia” legislativa.

No obstante, ello representa una “transgresión” al artículo 2 de la Constitución Política, el cual acoge las iniciativas ciudadanas como “uno de los mecanismos directos de ejercicio de soberanía”, opinó el jurista Gabriel Alvarez.

“Lo que están haciendo es un fraude a la Constitución, porque la primera secretaría (del Parlamento) no es un órgano político que pueda vetar una iniciativa ciudadana, ni siquiera una iniciativa de un diputado ni la iniciativa de los poderes del Estado”, dijo.

Alvarez añadió que, con ese razonamiento, si el Parlamento “no es competente para reformar esta ley, tampoco era competente para aprobarla” a mediados de 2013, cuando el presidente Daniel Ortega le otorgó la concesión canalera al millonario chino Wang Jing.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado por la firma británica ERM y difundido por el Gobierno, el canal dañaría grandes extensiones de bosque húmedo y el hábitat de especies en peligro de extinción, además de partir en dos el país y desplazar a más de 30.000 personas hacia otras zonas.

Aunque el arranque del proyecto fue anunciado oficialmente a fines de 2014, la construcción de caminos y puertos aún no ha comenzado.

 

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