Panamá, amenazada por una nueva crisis tras los “Panama Papers”
Por David Carrasco
HAVANA TIMES – Panamá está sumida en un nuevo escándalo financiero y de lavado de dinero, que amenaza la economía de servicios, con un banco intervenido y sin ministro de Seguridad Pública, tras el estallido del caso conocido como “Panama Papers”, reportó dpa.
El nuevo escándalo emergió luego de la detención en Colombia del empresario Nidal Waked, integrante del grupo Waked, de Panamá, por acusaciones de “lavado de activos”, pocas semanas después del inicio del escándalo global “Panama Papers”, sobre el modelo de negocio offshore que favorece la evasión fiscal.
La detención de Waked se produjo en la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Bogotá, Colombia, por gestiones de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y ha estremecido al sector financiero en Panamá, cuyo centro bancario posee activos por 115.414 millones de dólares.
El grupo Waked está integrado por unas 68 empresas en 11 países, entre ellos Panamá, Colombia y México. En el grupo, con negocios diversificados, laboran más de 6.000 empleados. Sus actividades incluyen reexportaciones desde la caribeña Zona Libre de Colón y bancos, además de ser dueños del diario “La Estrella de Panamá”.
La dirigente del Movimiento Independiente (Movin), que denuncia actos de corrupción, Annette Planells, describió el hecho como una “crisis” e instó al presidente Juan Carlos Varela a asumir el control del Estado. A su vez, el cantautor panameño Rubén Blades, una de las personalidades panameñas más destacadas, opinó que la crisis es “una oportunidad” para limpiar al país, señalado por Francia de ser un paraíso fiscal.
Tras el pronunciamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la procuradora general, Kenia Porcell ordenó “de forma inmediata” una investigación del grupo económico.
“Esta investigación deberá deslindar responsabilidades en cuanto a las acusaciones por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y cualquier otro que surja de la investigación”, resaltó un comunicado de la Procuraduría General.
Sin embargo, el abogado Rubén Castillo, ex presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, aseveró que “el Ministerio Público tiene que entender que hay una comunidad nacional e internacional pendiente de lo que ocurra, y que la investigación debe darse dentro de los usos de la legalidad”.
Simultáneamente, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dispuso la toma de control administrativo y operativo del banco Balboa Bank & Trust. Corp., de propiedad del grupo Waked y nombró a un interventor para proteger a los depositantes.
En un comunicado, la SBP aclaró que “esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group”.
Los acontecimientos en cadena se han convertido en una especie de boomerang para el gobierno panameño, que intenta limpiar la imagen empañada del país y evitar sanciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras el estallido del escándalo “Panama Papers”.
A la serie de elementos conflictivos, se suma la decisión del presidente Juan Carlos Varela de aceptar la renuncia del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, acusado por el viceministro de esa cartera, Rogelio Donadío, de haberlo detenido y esposado en 2015, debido a un conflicto de intereses por un contrato de compra de brazaletes electrónicos para frenar los femicidios.
Donadío proviene del grupo Motta, que ha rivalizado con el grupo Waked por el control de redes del comercio y negocios logísticos en el Caribe. Ambos grupos habían apoyado la candidatura de Varela en las elecciones de 2014.