Ortega y Murillo imponen arresto domiciliario contra el obispo Álvarez
La Policía Nacional informó que monseñor Rolando Álvarez es investigado por supuestamente “organizar grupos violentos” para “ejecutar actos de odio”
HAVANA TIMES – El encierro no es suficiente. La Policía Nacional, por un lado, y los voceros oficiosos, por el otro, ejecutan la orden del “vamos con todo” en contra de monseñor Rolando José Álvarez, quien desde la mañana del jueves pasado está sitiado por decenas de policías y antimotines en la Curia Episcopal de Matagalpa. El prelado permanece encerrado junto a cinco religiosos y seis laicos. “Estamos en las manos de Dios”, dijo el líder católico, el mediodía de este viernes 5 de agosto.
En una nota de prensa, la Policía Nacional informó la tarde del viernes que el obispo está bajo arresto domiciliario y es investigado por supuestamente “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”. “Las personas investigadas se mantendrán en sus casas”, afirmó la institución policial.
Según la Policía, las altas autoridades de la Iglesia católica y la Diócesis de Matagalpa, —encabezada por el obispo Rolando José Álvarez Lagos—, “quienes prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, utilizando medios de comunicación y redes sociales, están intentando organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
La Policía “ha iniciado un proceso de investigación, con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos, de los cuales se ha informado al Ministerio Público y al Poder Judicial”.
En enero de 2021, el Parlamento dominado por el Frente Sandinista aprobó una reforma al Código Penal, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y la Constitución Política para castigar los “crímenes de odio” con cadena perpetua, que según críticos al régimen orteguista, no sería más que otra arma jurídica utilizada contra la oposición.
Asimismo, en mayo se conoció un informe, tras consultas con víctimas de la represión afines al régimen orteguista, que demandaron justicia para “con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”. Nuevamente, analistas y defensores de derechos humanos consideraron la iniciativa como una antesala de mayor represión contra la Iglesia y los sacerdotes, que han sido víctimas de múltiples ataques.
Campaña de desprestigio
Al inicio de las protestas cívicas de abril de 2018, la orden del “vamos con todo” —dada por la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo— se tradujo en los primeros asesinatos de manifestantes. Hoy, en contra de Álvarez, ha significado un aumento del asedio policial, y una campaña de desprestigio desde los medios de propaganda del régimen, encabezada por la misma Murillo. “No se puede sembrar odio o discordia, al contrario, tenemos que trabajar en paz, con cariño, sin odio, sin maldades, sin amargura y sin veneno”, afirmó la primera dama, sin mencionar el nombre de Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
“El rechazo a la persona que provoca, y el rechazo creciente hacia lo que todos hemos conocido a lo largo de nuestras vidas como instituciones que merecen respeto, y generar descredito hacia esas instituciones, que merecen respeto también, es un delito, es pecado de lesa espiritualidad”, añadió Murillo, en su alocución diaria en los medios oficialistas.
La primera dama, sin mencionar el nombre, se refirió por segundo día consecutivo al obispo de Matagalpa. “Todavía quedan algunos personajes que son bufonesco, que hacen el ridículo, sin estatura moral alguna, personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, o personajes que creen que puedan ocupar lugares de autoridad que tal vez no merecen”, afirmó el jueves la vicepresidenta, luego que Álvarez salió de la Curia a la calle, se puso de rodillas en la acera y elevó sus manos hacia el cielo, y recibió de un colaborador a Jesús Sacramentado y con el Santísimo en las manos caminó entre los oficiales, orando, cantando y rogando porque cesara la intimidación.
A través de un artículo de opinión —publicado en los medios del régimen bajo el título “El tal obispo”—, el ahora diputado orteguista, Wilfredo Navarro, sostuvo que Álvarez incita “a la violencia, al desorden a las personas y él ya lo hizo en 2018”. El otrora dirigente liberal repitió el discurso de Daniel Ortega y Murillo, al señalar a los sacerdotes como dirigentes del fallido golpe de estado, a como denominan al estallido social de 2018, en el que el pueblo demandó la salida del Frente Sandinista del poder.
“Él (Álvarez) dirigió junto con otros curas el fallido golpe que provocó tanto dolor y llanto en Nicaragua. Dirigió el golpe y sobre su cabeza se derrama la sangre de los nicaragüenses, de los policías y de los sandinistas que fueron asesinados por su incitación a la violencia y por su llamado político, porque su actitud es y ha sido eminentemente política y falaz”, acusó el diputado sin pruebas.
Mediante una publicación en su perfil de Facebook, el también diputado orteguista, Carlos Emilio López se refirió a los sacerdotes, señalando que existen “falsos” que tienen “apariencia de piedad, de mansedumbre, de actitud mística, pero en realidad son belicosos, instigadores, atizadores de la violencia, el caos, la desarmonía, la conflictividad y la guerra espiritual y material”.
Amenazas por supuestamente infringir la ley
Navarro, quien se caracteriza por tener un discurso frontal contra la oposición y la Iglesia, dijo que el obispo “no está por encima de la ley. Su sotana no le da impunidad y además no tiene ninguna moral ni autoridad para reclamar, porque él y otros curas son responsables de delitos”.
Murillo señaló que “hacer ostentación de impunidad es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfreno”. Por su parte, Navarro dijo que “los curas también participaron en el golpe fueron amnistiados y en la amnistía estaba la no repetición”, amenazó.
El régimen orteguista tiene tras las rejas a dos sacerdotes: Manuel García y Leonardo Urbina, ambos acusados de delitos comunes; sin embargo, sus procesos han estado llenos de irregularidades según especialistas en derecho consultados.
Cruzada de ayuno y oración
El obispo Álvarez celebró este viernes una eucaristía desde la Curia Episcopal. En la homilía reflexionó: “Nosotros, los doce que nos encontramos reunidos en el nombre del Señor en esta capilla de la misericordia y la eucaristía y retenidos por las fuerzas policiales, estamos queriendo desde nuestras pobres y limitadas fuerzas cargar con esta cruz, renunciar a nosotros mismos.
“Pensamos —prosiguió— en ustedes, en el pueblo fiel de Dios… no nos estamos mirando a nosotros mismos, queriendo salvaguardarnos o salvaguardar nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Todos los doce que estamos aquí somos conscientes que únicamente estamos en sus manos, en las manos del Señor que es Todopoderoso”.
Monseñor Álvarez recordó que están en una cruzada de ayuno, oración y adoración por la Iglesia, los sacerdotes y Nicaragua. A la vez, hizo un llamado al pueblo a mantener “viva la esperanza”, “a mantenerse fuerte en el amor y a vivir en la libertad de los hijos de Dios”, con la certeza que el “Señor restaurará a Nicaragua”, expresó.
También abogó por la necesidad de buscar “juntos sin exclusión caminos de encuentro y entendimiento, donde podamos sentarnos a la mesa y el lugar principal de ella, lo ocupen los pobres, los campesinos”; y recordó que pese a las circunstancias en la que se encuentran, encerrados por la Policía, mantienen su capacidad de diálogo, concordia, entendimiento y fraternidad.
Álvarez informó que mientras los tengan retenidos, hasta ahora, sin conocer los motivos de la actuación policial, celebrará una eucaristía al mediodía y una cantada a las 8:00 p.m. Agradeció a los feligreses, parroquias, obispos y otras instancias de la Iglesia que se han solidarizado con la situación que atraviesan.
“Mientras nos tenga retenidos, aquí en nuestra Curia, no sabemos hasta cuándo, no sabemos la razón ni el motivo, vamos a estar celebrando con ustedes, todos los días a las 12 del mediodía”, expresó.
CELAM expresa solidaridad con la Iglesia en Nicaragua
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) se solidarizó con la Iglesia en Nicaragua, uniéndose al sufrimiento “que vive gran parte del pueblo de Nicaragua y la Iglesia que peregrina”, sus fieles y pastores “ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de las autoridades gubernamentales”.
El asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios “nos duelen profundamente”, expresó el CELAM en un comunicado este 5 de agosto.
A la vez invitaron a los hermanos en América Latina y El Caribe a unirse en oración por el pueblo nicaragüense, sus líderes, autoridades y la Iglesia, ya que “cuando un miembro sufre, todos los demás, sufrimos con él”, expresaron.
“Acompañamos a nuestros hermanos que por distintos caminos buscan ser voz de los que no tienen voz, para construir un diálogo capaz de trazar un camino de unidad y de paz”, se lee en el comunicado.
La Diócesis de Estelí, el clero de la Diócesis de Matagalpa, el clero de la Diócesis de Siuna también han expresado su solidaridad con monseñor Álvarez. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no se ha pronunciado sobre la agresión directa contra el obispo.
Esta es la segunda vez que el régimen orteguista impone un bloqueo al obispo Álvarez. En mayo pasado, el prelado se refugió en una iglesia en Managua, que también fue sitiada por la Policía, y tras unos días logró salir auxiliado por una comisión de pastores.
Álvarez es una de las voces más críticas de la Iglesia, recientemente denunció la injusticia del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), al cerrar diez emisoras católicas de la Diócesis, argumentando que no tenían permiso para operar, cuando el mismo prelado lo había solicitado desde 2016.