Ortega destierra de Nicaragua a sacerdote y a feminista

El sacerdote Juan de Dios García y la socióloga María Teresa Blandón.

El sacerdote Juan de Dios García y la directora de la cancelada oenegé, La Corriente, María Teresa Blandón, fueron bloqueados por Migración

Por Confidencial

HAVANA TIMES – El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó el ingreso a su patria a la directora del cancelado Programa Regional Feminista La Corriente, la socióloga María Teresa Blandón, y al vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, el sacerdote Juan de Dios García, quienes regresaban a Nicaragua, cada uno por su cuenta, después una gira de trabajo.

Blandón salió del país el 24 de junio a través del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, donde los agentes de Migración le hicieron “un largo interrogatorio”, pero no tuvo mayor dificultad para viajar. Fue hasta su regreso, el primero de julio, que fue notificada por la aerolínea Avianca que no podría volver a su país.

La socióloga explicó que ella cumplió con todos los requisitos migratorios del régimen, pero cuando llegó al aeropuerto, dos horas antes de tomar el vuelo, la línea aérea le informó que no podía abordar debido a que “el Gobierno de Nicaragua les había enviado una notificación diciendo que yo tenía prohibida la entrada al país”, precisó.

El padre García, por su parte, salió de Nicaragua en una fecha aún no precisada y su regreso al país estaba previsto para este martes 13 de septiembre, pero las autoridades de Migración le notificaron en dos ocasiones por correo electrónico que tiene prohibido volver a su patria.

Una fuente de la Iglesia católica indica que el sacerdote —que en 2018 se desempeñaba como párroco en la parroquia Santiago, de Jinotepe, y que fue trasladado a Managua por las amenazas del régimen— estaría regresando de unas vacaciones en Estados Unidos pero no pudo abordar el avión.

Régimen decide quien entra y quien no

Para Blandón es lamentable que en Nicaragua “vivamos en una dictadura” que se arroga el “derecho a decidir quienes pueden vivir en Nicaragua y quienes no”, ya que esta situación vulnera los derechos más básicos de los nicaragüenses contemplados en la Constitución.

El destierro a connacionales “es una cosa muy ofensiva, muy abusiva”, apuntó la socióloga. Desafortunadamente ya Nicaragua es, después de Cuba, el segundo país de Latinoamérica que recurre a “semejantes prácticas tan abusivas”, comentó.

Blandón también enfatizó que “el régimen Ortega Murillo no es dueño de Nicaragua”, pero “está pervirtiendo, incluso, el principio de los derechos de los nacionales”, agregó.

Finalmente, la socióloga comentó que, en estos dos meses y medios que lleva en el exilio forzado, está reorganizando su vida e intentando continuar “denunciando a la dictadura Ortega-Murillo y la violación sistemática de derechos humanos” de los nicaragüenses.

Cancelación y robo de La Corriente

En mayo pasado el régimen de Ortega y Murillo canceló y confiscó manu militari las instalaciones de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, que dirigía Blandón, argumentando supuesto incumplimiento a las legislaciones vigentes. Un hecho que la socióloga aseguró que “no tiene legalidad” porque dichas leyes “contravienen lo establecido en la Constitución Política de la República, que establece claramente la libertad de asociación”.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ordena a las oenegés registrarse como “agentes extranjeros”; sin embargo, La Corriente decidió no hacerlo porque dicha legislación —que integra un combo de leyes represivas fabricadas por el régimen— “contraviene la Constitución y obliga a las organizaciones a adscribirse a un régimen que se han inventado”, explicó Blandón en entrevista con el programa Esta Noche.

“La Corriente decidió no inscribirse como agente extranjero porque no alcanzamos en semejante definición. Somos un colectivo integrado por nicaragüenses que ha actuado durante casi 30 años en el territorio nacional, que está integrado por nacionales, no hay ninguna razón para que se nos declare como agentes extranjeros”, aseguró la también feminista.

Agregó que el Estado “no tiene ningún asidero legítimo para intentar intervenir y controlar las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil, como efectivamente, ha pretendido hacer en el marco de la ley que aprobaron a finales del año pasado”, cuestionó.

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