Ortega desacata a Corte IDH al no liberar a 21 presos políticos
El incumplimiento de Nicaragua a las resoluciones de la Corte Interamericana serán discutidas en la Asamblea General de la OEA
HAVANA TIMES – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en “desacato” al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de ese tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la decisión de este país.
A juicio de la Corte, “la posición asumida por Nicaragua, de acuerdo con la cual no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, así como un incumplimiento del deber de informar a este tribunal”, dice la resolución.
En las resoluciones de la Corte del 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, ese tribunal otorgó medidas provisionales y ordenó la liberación de los presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Lesther Alemán, Freddy Navas, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez, Arturo Cruz , Luis Rivas, Miguel Mora, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, Cristiana Chamorro, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona. Pero el Estado de Nicaragua las ha ignorado.
La noción de garantía colectiva
En su resolución, la Corte IDH indica que en atención a lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención Americana el cual prevé un sistema de garantía colectiva para asegurar el cumplimiento de las decisiones emanadas de la Corte Interamericana, “esta Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la OEA el desacato de Nicaragua a sus decisiones”, señala la resolución.
De igual forma, el organismo regional cita el artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana el cual prescribe que, en el referido informe de labores, “señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el incumplimiento de Nicaragua es un acto sin precedente y “significa que ante el incumplimiento del Estado de Nicaragua a la resolución de la Corte-IDH, la propia Asamblea General de la OEA tendrá que intervenir y obligarlos a cumplir”.
“Para el Cenidh está Resolución evidencia el empeño de los organismos del Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos de las y los nicaragüenses, víctimas del régimen Ortega Murillo”, subrayó la organización.
El pasado 19 de noviembre el régimen de Daniel Ortega denunció la Carta Constitutiva de OEA, iniciando de esta forma su salida del organismo regional en un proceso que puede durar hasta dos años.
Los beneficiarios de las medidas
Entre los 21 presos políticos que el régimen de Ortega se niega a liberar se encuentras aspirantes a la presidencia, líderes gremiales, periodistas y empresarios, que fueron capturados en una ola represiva iniciada a finales de mayo en el contexto de las votaciones en el país.
La Corte fue informada que los beneficiarios de las medidas provisionales permanecen detenidos y se ha procedido a su acusación formal. La acusación en contra de todos ellos se fundamenta en la alegada comisión del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, consagrado en los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
Las condiciones de detención de los beneficiarios serían extremas y atentan contra sus derechos. “Todos ellos han sufrido un grave deterioro físico, marcado por una notable pérdida de peso y por la manifestación de otros problemas de salud”, detalla el informe.