ONU atribuye al Gobierno mayoría de muertes en protestas en Venezuela

Las protestas contra el gobierno de Maduro han sido reprimidas con violencia. Foto: lapatilla.com

HAVANA TIMES – La mayoría de las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno de Venezuela pueden atribuirse a las fuerzas de seguridad o a grupos armados vinculados al presidente Nicolás Maduro, concluye la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe presentado hoy en Ginebra, reportó dpa.

La ACNUDH acusa además al Gobierno venezolano de ejercer una “política de represión” para “acabar con el disenso político e infundir temor en la población para frenar las manifestaciones”, que el país enfrenta desde el pasado mes de abril, cuando Maduro dio los primeros pasos para consolidar su poder y debilitar al Parlamento controlado por la oposición.

El informe, que comprende el periodo del 1 de abril al 31 de julio, se basa en entrevistas con víctimas y familiares, testigos y otros actores de la sociedad civil por un equipo de expertos que tuvo que trabajar a distancia ante la negativa de acceso al país por parte del Gobierno, explica la organización.

Tras analizar esa información, el organismo atribuye 73 de las 124 muertes que investigaba hasta finales de julio el Ministerio Público a las fuerzas de seguridad de Maduro (46) y a grupos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos (27). Los responsables de las 51 muertes restantes no se pudieron determinar por el momento.

Entre los fallecidos se encuentran también nueve miembros de las fuerzas de seguridad, señala el Gobierno. En otros incidentes, los manifestantes antigubernamentales mataron a al menos cuatro personas, señalan los investigadores de la ONU. Por ello, recomiendan también a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia.

“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe, que pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que es miembro Venezuela, que estudie la posibilidad de adoptar medidas para prevenir que empeore la situación.

El texto detalla además un agravamiento progresivo del uso excesivo de la fuerza, como muestran los 1.958 casos de lesiones vinculadas a las protestas que investiga el Ministerio Público desde abril: si en la primera mitad de ese mes la mayoría se debían a la inhalación de gas lacrimógeno, en julio la principal causa eran armas de fuego.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió por el ello al Gobierno venezolano una “investigación rápida, independiente y efectiva”, además de imparcial, “de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos”.

Entre esas violaciones de derechos y libertades a las que se refirió Zeid se encuentra el derecho a la libertad de expresión o la reunión pacífica, así como irregularidades graves en el procedimiento judicial, al tiempo que habló de “malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”.

Entre ellos figuran “la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales”.

El informe pone también en evidencia las numerosas detenciones realizadas, más de 5.000 desde el 1 de abril -según datos de varias ONG- de las que más de 1.000 seguían en prisión a finales de julio, y denuncia que al menos 609 civiles tuvieron que comparecer ante tribunales militares. Por ello exige el cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.

La ONU destaca también los ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad, al parecer con el objetivo de impedir la cobertura informativa de las manifestaciones. “Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como ‘enemigos’ y ‘terroristas’ -palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo”, señala el Alto Comisionado.

Zeid reconoció una disminución de las muertes y arrestos desde el 1 de agosto, pero se mostró preocupuado por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para “criminalizar a dirigentes de la oposición” mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, creada por la Asamblea Constituyente, que en su opinión “no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes”.

Zeid se mostró preocupado por el riesgo de que se agrave la situación en el país, ante las tensiones políticas y la crisis económica y social.

Pese a contar con las mayores reservas de crudo, Venezuela sufre inflación y escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Además, Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones financieras contra el país que afectarán a sus bonos de deuda y a la compañía petrolera estatal PDVSA.

Venezuela está inmersa en una grave crisis política desde que a finales de marzo Maduro intentara a través del Tribunal Supremo de Justicia restar y limitar funciones al Parlamento controlado por la oposición. Le siguieron nuevas medidas que tuvieron su punto álgido con la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio y su posterior instauración, que desataron una oleada de protestas que continúa en el país.


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