OEA: reelección de Ortega “no tiene legitimidad”

Vista de funcionarios de la OEA durante la Asamblea General del organismo, que se realiza de forma virtual. Foto: OEA

Mayoría de 25 países, uno en contra y siete abstenciones, demandan libertad de los presos políticos e inician aplicación de Carta Democrática

Por Octavio Enríquez (Confidencial)      

HAVANA TIMES – El régimen de Daniel Ortega sufrió este viernes una derrota política en la Asamblea General de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que 25 países aprobaron una resolución que declara “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre, en las que el caudillo sandinista se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.

Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen de Ortega ante una posible suspensión del organismo.

Pero además acordaron “reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.

La resolución fue presentada por las delegaciones de ocho países: Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. El único voto en contra fue el del mismo Nicaragua, siete países se abstuvieron y uno se declaró ausente.

Según el registro de la votación, realizado por CONFIDENCIAL durante la transmisión, México, Honduras, Belice, Bolivia, Dominica, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía se abstuvieron, mientras el país que estuvo “ausente” fue San Cristóbal y Nieves. Uno de los detalles más curiosos fue que Argentina, aunque se declaró preocupada por una condena anticipada al país centroamericano, votó a favor de la resolución.

“Las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo son contrarias a todo lo que defiende esta organización: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Han demostrado que no respetan ni la Carta de al OEA ni la Carta Democrática Interamericana, y sus acciones deben tener consecuencias”, dijo el representante permanente interino de Estados Unidos en la OEA, Bradley Freden, quien exigió nuevamente la libertad de los presos políticos y la restauración de la democracia.

Según Breden, la “posible dinastía” de Ortega y Murillo cerró medios de comunicación independientes, encerró a periodistas y líderes empresariales y atemorizó a los líderes de la sociedad civil para que cerraran sus puertas, lo que ha tenido como consecuencia que la pareja presidencial sea “enormemente impopular” y gobierne “como autócratas, no diferente a la familia Somoza que Ortega y los sandinistas lucharon por derrocar hace cuatro décadas”.

El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, celebró la resolución de la OEA, demandó la libertad de los presos políticos y reconoció el rol del organismo y los países que lo constituyen en pro de la democracia y la protección de los derechos humanos.

“Desde este espacio, seguiremos usando todas las herramientas diplomáticas de las que dispone el sistema interamericano para que Nicaragua retome el camino del restablecimiento de la democracia en beneficio del pueblo nicaragüense”, añadió Solano.

Régimen responde con insultos

El representante de Nicaragua ante la OEA, Michael Campbell, calificó la resolución como un ataque “a la democracia” y enfocó sus críticas inicialmente en la OEA, de quien dijo no era “nuestro “Consejo Supremo Electoral”, refiriéndose a las autoridades electorales controladas por el partido de gobierno.

“La  OEA no tiene la autoridad para constituir nuestras Juntas Receptoras de Votos, los funcionarios de la OEA no son ni deben ser fiscales de partidos políticos, la OEA no es un árbitro o auditor del proceso Electoral; cada pueblo establece estas autoridades”, dijo Campbell, quien defendió que en el país se “respetó” la voluntad popular.

El organismo regional se unió con esta resolución a los representantes de al menos 40 países que han denunciado a las  votaciones del 7 de noviembre como ilegítimas, porque que no se cumplieron las mínimas garantías democráticas en el proceso.

Campbell enfiló sus críticas contra Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Panamá. Para cada uno de ellos tuvo insultos bajo la lógica de que estas naciones critican “la democracia de Nicaragua mientras su sistema político se cae a pedazos”.

El funcionario nicaragüense se calló sobre  las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen, incluyendo la existencia de los presos políticos y el irrespeto generalizado a los derechos fundamentales.

Campbell señaló a Estados Unidos por intervencionismo; a Colombia por crímenes contra líderes indígenas y narcotráfico; a Brasil por racismo y discriminación, a Costa Rica por corrupción y  hasta citó el caso de la investigación de los “Papeles de Panamá” para arremeter contra ese país, Ecuador, Chile y Uruguay.

“Los abusos y la negligencia de su gobierno (de Brasil) también son notorios, evidentemente habiendo cometido crímenes de lesa humanidad en contra de su propio pueblo, por su “negacionismo del COVID19” y que ha resultado en la muerte de más de 600 mil hermanas y hermanos brasileños”, señaló a Brasil.

Una investigación de CONFIDENCIAL demostró que el mismo régimen de Ortega ha restado importancia a la pandemia, ocultado más de 6000 muertes de la misma en el país entre marzo y agosto de 2020, mientras las cifras oficiales registran 210 fallecidos en 20 meses desde que apareció el primer caso en Nicaragua.

El proceso electoral nicaragüense, que el régimen defiende como un acto libre, se desarrolló en realidad sin competencia política, luego que el sistema de justicia bajo control de Ortega apresó a 39 opositores desde mayo—siete de ellos precandidatos presidenciales—, mientras se ha intensificado el hostigamiento a la población en general. Las estructuras electorales están también en manos del partido oficialista.

La resolución aprobada en la OEA lamenta que el régimen de Ortega haya desoído los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar al país a superar la crisis. En el organismo, incluso se creó un grupo de trabajo desde agosto de 2018, cinco meses después que estallara la crisis causada por la represión contra miles de manifestantes que pedían un cambio de gobierno, inconformes el sandinismo.

La resolución fue presentada por Canadá que, desde el jueves, a través de su canciller Melanie Joly, lamentó que el gobernante sacara al país centroamericano de las democracias del hemisferio, lo que provocó una agria respuesta del representante de Nicaragua, Michael Campbell y le pidió “respeto” a Nicaragua.

Desde el nueve de noviembre, un día antes de la reunión de la Asamblea General que terminó este viernes, el secretario general Luis Almagro había cuestionado el proceso electoral y había señalado el control del Gobierno en las estructuras electorales, pero además la complicidad de los partidos que aparecían en la boleta y que analistas identifican como aliados del Gobierno. Los cuestionamientos también se habían centrado en el conteo sin la más mínima transparencia, en el que lo único claro hasta el momento era el triunfo de Ortega con el 75 % de las preferencias.

Hasta el momento, además de los pronunciamientos de los países, cinco expresidentes, Laura Chinchilla (Costa Rica), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) se han pronunciado porque los países del continente den una respuesta urgente a lo sucedido en Nicaragua.

Ortega ha sido descrito por Chinchilla y Quiroga como un nuevo Kim Jong-Um (dictador norcoreano) en Centroamérica. En términos generales, el régimen nicaragüense ha defendido su “soberanía”, mientras se ensaña con los presos políticos a los cuales el gobernante considera traidores, sin patria, “unos hijos de perra” como dijo el día de la celebración de su “victoria”.

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