Oacnudh denuncia “retrocesos” del régimen de Ortega

La dictadura de Daniel Ortega mantiene un Estado de excepción de facto desde septiembre de 2018. EFE | Confidencial.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU señala falta de cumplimiento de sus recomendaciones, extendidas hace 15 meses al Gobierno de Nicaragua

Por Ana Lucía Cruz (Confidencial)

HAVANA TIMES – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció este lunes, ocho de febrero, que el cumplimiento de sus recomendaciones —extendidas desde hace 15 meses al Estado de Nicaragua— ha sido “deficiente”.

A la vez señala que, en todo este tiempo, el Gobierno de Nicaragua dirigido por el régimen de Daniel Ortega no ha mostrado mayores avances, incluso resalta que han registrado “algunos retrocesos en el cumplimiento de las recomendaciones”.

En total, 11 de las 14 recomendaciones fueron extendidas por la Oacnudh a las autoridades estatales de Nicaragua, según detallan, “con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos” que continúa afectando al país.

Boletín especial detalla la crisis

En un Boletín Especial, Oacnudh señala que algunas de las medidas que no han sido cumplidas por el Gobierno de Nicaragua, pero que fueron cubiertas en sus recomendaciones, están el respeto y la restitución de derechos y libertades; la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos; y reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma al sistema electoral.

La Oficina del Alto Comisionado resalta que, aunque la violencia contra quienes participan en protestas u otros actos políticos parece ser menos frecuentes que en 2018 y 2019, “persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, y de asociación, y de participación”. 

Según el monitoreo de Oacnudh, la sociedad civil contabilizaba hasta diciembre de 2020 a 106 personas que continuaban “privadas arbitrariamente de su libertad”, tras “participar en las protestas o porque fueron percibidas como opositoras”.

De acuerdo con un informe del Monitoreo Azul y Blanco, publicado a inicios de enero de 2021, solo en diciembre 2020 hubo un total de 374 incidentes relacionados con la crisis sociopolítica de Nicaragua.

Entre los incidentes, el grupo multidisciplinario del Monitoreo registró ocho muertes, 195 casos de hostigamiento, 35 detenciones, 29 agresiones, 23 amenazas, 22 judicializaciones, 15 tratos crueles y torturas, entre otros, “en contra de familiares de personas presas políticas, excarcelados, integrantes de movimientos sociales y opositores en general”.

Oacnudh resalta que la crisis sociopolítica y de derechos humanos que afecta a Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto “agravada por la devastación causada por los huracanes Eta y Iota”, que impactaron en noviembre de 2020 en la Costa Caribe Norte de Nicaragua; y los efectos negativos de la pandemia COVID-19, que han “provocado un aumento general de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, en Nicaragua y en toda la región”.

Señalan “retrocesos”

La organización resalta que han registrado “pasos hacia atrás” que ha dado el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos, a través de la “aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Oacnudh indica que la aplicación de reformas, como la ampliación del período de detención de un individuo pasando de un plazo de 48 horas a 90 días, suponen una “afectación del ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses”. 

Otras de las legislaciones, aprobadas por el régimen de Daniel Ortega, que han sido criticadas por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales son la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, aprobadas en octubre de 2020.

Oacnudh hace el llamado, a través de su Boletín Especial, al Gobierno a reanudar “rápidamente una cooperación constructiva” con su organización y con las “instituciones regionales de derechos humanos”, con el fin de que se permita “una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua”.

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