Nicaragua: Régimen “investiga” a Cristiana Chamorro

por fondos que el gobierno mismo autorizó

Cristiana Chamorro saliendo del MINGOB

Fiscalía aún no explica si judicializará o no a expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero sigue llamando a periodistas a declarar

Por Ivette Munguía (Confidencial)

HAVANA TIMES – Ante los señalamientos de supuesto lavado de dinero que el régimen de Daniel Ortega ha hecho en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, la también expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro respondió que el mismo Gobierno sandinista autorizó el uso de los fondos con que trabajaba la Fundación por los que ahora la “investigan”.

Chamorro reiteró que la causa en su contra es un “proceso macabro” y argumentó, a través de su cuenta de Twitter, que la “investigan por lavado de activos, por defender la libertad de expresión con fondos de un Gobierno legítimo y que el mismo régimen autorizó. Todo es una farsa”.

La Fiscalía investiga a Chamorro Barrios en su calidad de expresidenta y representante de la FVBCH. Ya que supuestamente esa oenegé “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador; y del análisis a los estados financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, indicó la semana pasada el Ministerio de Gobernación.

Durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena de noticias CNN, Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la FVBCH, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional. Algunas de ellas eran las Naciones Unidas, Cosude y USAID.

Además, la precandidata presidencial aclaró que, durante el periodo que es investigado, la FVBCH entregó sus informes de gestión ante Ministerio de Gobernación, institución que les entregó constancias de cumplimiento hasta el 2018. Al año siguiente el ente regulador dejó de recibir los informes de la oenegé “porque ellos (el régimen) se ensañaron contra los Organismos No Gubernamentales y cerraron varios de ellos”, dijo.

Periodistas llamados a declarar

Este lunes la justicia orteguista congeló las cuentas bancarias de Chamorro Barrios y levantó el sigilo bancario. Sin embargo, la Fiscalía aún no explica si judicializará el caso por el que también han llamado a declarar a nueve periodistas, entre ellos el propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla; la corresponsal de la cadena Univisión en Managua, María Lilly Delgado y la periodista Verónica Chávez, de 100 % Noticias.

También fueron llamados a declarar la periodista Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Asimismo, los periodistas Roberto Mora, de Radio ABC de Estelí; Argentina Oivares, de Radio Vos de Matagalpa; Aníbal Toruño, de Radio Darío, en León; y un citatorio sin nombre que fue dejado en Radio La Costeñísima, de Bluefields.

Chamorro valoró que la razón por la que el régimen de Ortega está citando a declarar a periodistas y directores de medios de comunicación es porque en la FVBCH “hemos trabajado para consolidar la libertad de expresión”, para lo que implementaron capacitaciones a periodistas y proveyeron de equipos a medios de comunicación.

Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícitos de los fondos que se habrían lavado a través de la oenegé.

Régimen intenta asfixiar el debate público

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió en sus redes sociales que “no hay un solo poder del Estado que esté por fuera del sofisticado dispositivo de censura que se ha activado en Nicaragua”. Los citatorios a periodistas por parte de la Fiscalía  “son el más reciente método para intimidar y asfixiar el debate público”, subrayó.

Vaca recordó que 2021 es “un año crucial para Nicaragua”, país que se encuentra inmerso en un proceso electoral “en el que la pluralidad de ideas está llamada a brillar, en el que hace mucho daño forzar a que la ciudadanía vea su entorno de un solo color y en la tonalidad oficial. En ese panorama restrictivo, hay que proteger a la prensa independiente”, continuó.

Mientras tanto, la Alianza Ciudadanos por la Libertad advirtió que los ataques y criminalización a medios de comunicación independientes son “particularmente graves en vísperas de un proceso electoral que ha iniciado sin las garantías básicas de transparencia y con un persistente hostigamiento policial a todos los ciudadanos que desde la oposición pretendemos ejercer nuestro derecho de organización y participación política”.

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