Nicaragua: Poder Judicial revisará recurso contra ley antiterrorismo

Corte Suprema de Justicia, Managua, Nicaragua. Foto: Roberto Fonseca / LAPRENSA

HAVANA TIMES – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua aceptó revisar un recurso por inconstitucionalidad presentado contra una ley que juzga delitos de financiamiento al terrorismo, informaron hoy los promotores de la iniciativa, reportó dpa.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, no gubernamental), dijo a la prensa que la CSJ le notificó la admisión del recurso presentado contra la reforma a la Ley 977 (Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva).

Núñez dijo que la referida ley “es inconstitucional” pues se está utilizando contra civiles que han participado en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, “violando el derecho a la manifestación y movilización” consignado en la Constitución vigente.

Según la activista, distintos organismos y personas han presentado al menos nueve recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 977, reformada en junio por el Parlamento, de mayoría oficialista, al calor de las protestas antigubernamentales que estallaron hace casi seis meses.

La titular del Cenidh aclaró que la admisión de revisión no significa que la CSJ haya aceptado ya invalidar la ley. Sin embargo, “esperamos que la Corte la declare inconstitucional”, agregó.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la máxima instancia judicial deberá escuchar la respuesta que deberán dar en un plazo de dos semanas el mandatario Ortega y el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, a quienes fue dirigido el recurso.

Esta es la primera vez que un recurso por inconstitucionalidad presentado por el Cenidh es admitido para revisión en la CSJ, órgano del Estado bajo influencia del gobernante Frente Sandinista. “Al menos hay un inicio de aceptación”, comentó Núñez.

Entre otros aspectos, la Ley 977 involucra en el delito de terrorismo a quien actúe para “intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Desde el inicio de las protestas, casi 400 personas han sido encarceladas y varias han sido procesadas por terrorismo, de acuerdo con el Cenidh, aunque el Gobierno registra 204 detenidos.

La cifra de muertos según el Cenidh y otras ONG de derechos humanos supera las 325 personas, mientras el Gobierno contabiliza 200 víctimas.


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