Negociaciones siguen en Panamá con Tranques Intermitentes
Los sectores sociales y el Gobierno buscan firmar el primer acuerdo de ocho puntos. El Gobierno proponer una reducción del 28% del costo de la canasta básica
Por Ismael Gordón Guerrel (La Estrella de Panamá)
HAVANA TIMES – Mesa única del diálogo crea una subcomisión para revisar la rebaja del 28% de la canasta básica este domingo, 24 de junio.
Los sectores sociales y el Gobierno buscan firmar el primer acuerdo de ocho puntos. El Gobierno proponer una reducción del 28% del costo de la canasta básica.
Con la reducción la canasta básica familiar quedaría en $209.19.
El precio de la canasta básica en junio de 2022 se estableció en $289.92 lo que representaría una reducción de $80.73, según explicó Oscar García asesor del Gobierno.
Los gremios plantearon, entre otros temas, la reducción de la canasta básica en un 30% y ampliar a otros productos utilizando la canasta saludable que hace el Ministerio de Salud.
El Gobierno se comprometió a incluir 69 productos en el control de precios.
Se precisa que, entre los productos agregados se incluyen pechuga, encuentro y muslo de pollo, pescado, pepino, chayote, apio, brócoli, zanahoria, ají dulce, cebolla amarilla, yuca, azúcar morena, papaya, mango, frutas de la temporada y otros.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Doris Zapata insistió, entonces, en que se analizara y discutiese la propuesta de inmediato para definir si había consenso, sobre todo por la necesidad de levantar los cierres de calles. Propuso crear una subcomisión integrada por el Ejecutivo y gremios que participan del diálogo, para revisar la propuesta y lograr el acuerdo en el punto 1 de la canasta básica de alimentos.
El Ejecutivo, igualmente, propone establecer una comisión nacional para definir los componentes de una canasta básica acorde con los momentos y realidades del país, al tiempo que, a través de la Oficina de Regulación de Precios, el Gobierno Nacional se compromete a presentar un proyecto de Ley para que Acodeco tenga opinión vinculante en la regulación de los precios de los productos básicos.
Por otra parte, la creación de un Consejo Consultivo en la materia será motivo de debate en la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, el tema de los costos de distribución de alimentos será analizado en la mesa intersectorial del agro, así como se establecerá una mesa de pago interinstitucional con la participación de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El Gobierno se compromete a que, antes de fin de año, se establezca una tienda del IMA por provincia y una en cada región de las comarcas, para reforzar el acceso a los productos. A su vez, el IMA también comprará y distribuirá los productos en y a través de los establecimientos comerciales. En ese sentido, se abrirán dos tiendas del IMA en Llano Tugrí y Muná, de la Comarca Ngäbe Buglé.
De igual modo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) será intermediario con los municipios para que los productores puedan vender sus productos directamente al consumidor, en las ferias de las comunidades.
A lo anterior se agrega que la ley agroalimentaria será aprobada en el Consejo de Gabinete, promoviendo el Ejecutivo un debate participativo sobre el tema por parte de Asamblea Nacional, al tiempo que se reforzarán las funciones del Banco Nacional de Panamá (BNP) y Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA con el fin de que apoyen los propósitos que se buscan en la mesa de diálogo.
Las negociaciones entre las partes iniciaron el jueves, en horas de la tarde, luego que la iglesia católica como facilitadora lograra sentar a las partes.
En las conversaciones con el gobierno participan dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de Pueblo Organizado (Anadepo), miembros de los grupos de la comarca Ngäbe Buglé y comunidades campesinas.
El presidente Cortizo asignó a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, como el enlace técnico del Ejecutivo en la mesa.incluido.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) acusó “la inacción del Gobierno al no garantizar la vida, honra y bienes de los que vivimos en este país (…) afectando, gravemente, el libre tránsito, la salud, la educación, el trabajo, la propiedad privada e incluso ha saboteado la seguridad alimentaria”.
“El Gobierno nacional llama a poner fin a los bloqueos de vías públicas”, repitió este sábado el Ejecutivo en un comunicado, en el que sostuvo que “toda persona que cometa actos de vandalismo será procesada por la justicia, según las leyes vigentes”.