Nace “Comisión de la Verdad” gubernamental en Nicaragua
HAVANA TIMES – El Parlamento de Nicaragua, totalmente controlado por el gobierno de Daniel Ortega, designó hoy a cinco miembros de su Comisión de la Verdad que investigará las muertes registradas durante la protesta estudiantil que estalló el 17 de abril en rechazo a una reforma a la seguridad social.
El presidente de la Asamblea Nacional (congreso unicameral), el diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Gustavo Porras, presentó la propuesta ante el plenario, que dio su aval con 74 votos a favor, cero en contra y una abstención, reportó dpa.
La Comisión de la Verdad (apodado de la Mentira por los estudiantes que culpan a los antimotines y fuerzas de choque bajo las órdenes del gobierno de Ortega y Murillo) tendrá un plazo de tres meses para investigar y presentar su informe.
Los integrantes designados son la ex diputada del Frente Sandinista Mirna Cunningham, el sacerdote católico Uriel Molina Oliú, el abogado constitucionalista y analista Cairo Amador, el ex sub procurador de los derechos humanos Adolfo Jarquín y el catedrático Francisco López.
Las protestas estudiantiles estallaron el 17 de abril y se saldaron con 45 muertes y 400 heridos, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Sin embargo, otros organismos de defensa de derechos humanos han contabilizado 63 decesos. El Gobierno de Daniel Ortega reconoció diez fallecidos en los primeros incidentes y después dejó de contar.
La crisis inició con una protesta estudiantil por una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de trabajadores y empresas y rebajo las pensiones de los jubilados. Aunque Ortega revocó la reforma, las manifestaciones se multiplicaron debido a la violenta acción de la Policía y grupos de choque del Gobierno contra los manifestantes.
Los líderes estudiantiles de la protesta han cuestionado la creación de la Comisión de la Verdad y han exigido que sea integrada por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), algo que el gobierno ha rechazado hasta la fecha.