Llamado a suspender Acuerdo de Asociación UE con Nicaragua
Eurodiputados rechazan la reforma total a la Constitución Política de Nicaragua y piden llevar al régimen ante la Corte Penal Internacional
HAVANA TIMES – El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves 13 de febrero de 2025 la última reforma constitucional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, urgió a la Unión Europea (UE) a que active la «cláusula democrática» de su Acuerdo de Asociación, que permitiría suspender el pacto si no se respetan los derechos humanos, y llamó a los Estados miembros a denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional.
En una resolución aprobada a mano alzada, la Eurocámara instó a Ortega y a Murillo a que revoquen la última reforma a la Constitución de Nicaragua, mediante la que transformaron el Estado, y «todas las leyes represivas que institucionalizan el totalitarismo», así como la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
«Estas son condiciones previas esenciales para cualquier perspectiva de diálogo significativo», señalan los eurodiputados, que volvieron a pedir a la UE que active la cláusula democrática de sus acuerdos con la región centroamericana y suspenda esta asociación si Nicaragua no respeta los derechos humanos y sus obligaciones internacionales.
El Parlamento Europeo subrayó que la UE debe incluir «garantías específicas de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar sus fondos, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras», y vigilar que el dinero que desembolse no contribuya a reforzar al régimen.
Denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional
Los eurodiputados, además, urgieron a los países de la Unión Europea a que inicien investigaciones a través de la Corte Penal Internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad y a que amplíen la lista de personas sancionadas por la UE en Nicaragua para incluir a Ortega, a Rosario Murillo y a su círculo de allegados.
El pleno de la Eurocámara también condenó «las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil, así como la persecución de líderes religiosos».
Además, denunciaron el uso del exilio y la revocación de la nacionalidad «como arma contra las voces disidentes», pidieron que se permita el retorno seguro de los exiliados e insistieron en la importancia de respetar el derecho a la disidencia política.